Desde cambios de identidad hasta pedidos a las telefónicas: Estos son los puntos polémicos de la Ley de Inteligencia que votará la Asamblea
Las operadoras telefónicas estarán obligadas a entregar información requerida sobre sus usuarios. La Contraloría tendrá autorización para quemar cierta información de Inteligencia.
El Pleno de la Asamblea el 7 de junio de 2025 durante el debate de la Ley de Solidaridad Nacional.
- Foto
Asamblea Nacional.
Autor:
Actualizada:
Compartir:
Después de siete años de haber sido presentada y cuatro de ser procesada en la Comisión de Seguridad, el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunciará sobre el texto final de la Ley Orgánica de Inteligencia este martes 10 de junio
El 3 de junio pasado, se desarrolló el segundo debate, pero no hubo votación porque los legisladores hicieron varias observaciones que el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, dispuso que sean analizadas y, de ser en caso, incluidas en el documento.
Así, el texto definitivo fue aprobado la tarde del sábado 7 de junio. Sin embargo, las dudas se mantienen entre los legisladores de oposición que consideran que la norma podría contener algunas disposiciones inconstitucionales.
Aunque, la mayoría coincide en que es necesario contar con un instrumento como la Ley de Inteligencia para hacer frente al crimen organizado que golpea al país.
La propuesta de Ley de Inteligencia
De aprobarse la normativa, el primer paso será la creación del Sistema Nacional de Inteligencia con siete subsistemas conformados por:
- Inteligencia de las Fuerzas Armadas
- Inteligencia de la Policía Nacional
- Inteligencia de análisis financiero y económico
- Inteligencia de la Casa Militar Presidencial
- Inteligencia tributaria
- Inteligencia aduanera
- Inteligencia penitenciaria
El titular del Sistema de Inteligencia, que en la propuesta tiene un rol preponderante, será designado por el presidente de la República y como requisitos se exigirá que sea ecuatoriano, no tener sentencias ejecutoriadas, y aprobar pruebas de confianza, entre otros.
El Partido Social Cristiano (PSC) propuso que se incluya que la persona designada certifique tener conocimientos y experiencia en temas de inteligencia, pero en el texto final no se tomó la recomendación.
Además, a los servidores públicos que desarrollen operaciones de inteligencia y contrainteligencia, el Gobierno, a través del Registro Civil, les suministrará documentos con nueva identidad que deberán ser utilizados exclusivamente en el ejercicio de sus funciones.
En lo que sí hay un consensos es en establecer la prohibición que señala que "en ningún caso se podrá vincular a niños, niñas y adolescentes para que lleven a cabo operaciones de inteligencia o contrainteligencia."
Los puntos polémicos
- 1
Gastos especiales y control
Compartir:
El Sistema de Inteligencia contará con un fondo para gastos especiales, el mismo que será público porque se incluirá en el Presupuesto General del Estado. Las asignaciones, sin embargo, serán clasificadas.
El control de los gastos estará a cargo de la Contraloría General del Estado, entidad que incinerará la información una vez que sea entregada y analizada.
El vicepresidente de la Comisión de Seguridad, Andrés Castillo, de Acción Democrática Nacional (ADN), justificó la disposición de quemar esos documentos.
"Es importante entender que los procesos de inteligencia hacen relación con la seguridad nacional que tiene sus reglas. Entre esa reglas está la confidencialidad y, para garantizarla, la quema de estos documentos nos puede servir para eso y evitar que se filtren", dijo el legislador.
- 2
Rendición de cuentas
Compartir:
En la Asamblea Nacional la única comisión que podrá solicitar la comparecencia de los encargados del Sistema Nacional de Inteligencia será la de Seguridad que, actualmente, está en manos del oficialismo.
De igual forma, los requerimientos de información que los órganos de la Asamblea Nacional hagan a la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, se deberán canalizar exclusivamente a través de la Comisión encargada de la temática de seguridad.
Esos requerimientos serán atendidos, siempre y cuando, estén debidamente motivados y se garantice los niveles de clasificación con los que llega la información solicitada.
- 3
Pedido de información a telefónicas
Compartir:
Una de las mayores polémicas de esta normativa se encuentra en el capítulo VII del proyecto que habla sobre los requerimientos de información y comunicaciones.
Los operadores de servicios de telecomunicaciones estarán obligados a proporcionar al Sistema de Inteligencia y a los subsistemas policial y militar información para el desarrollo de operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Para eso no se establece que se requiera una orden judicial.
¿A qué podrían acceder los órganos de inteligencia? "A información histórica y en tiempo real de comunicaciones y conexiones de los abonados telefónicos relacionados, información técnica, informática, de telecomunicaciones digitales, la localización de las celdas donde se encuentren las terminales, y cualquier otra información que facilite su identificación y localización".
- 4
Interceptación de documentos
Compartir:
La propuesta normativa dice que el ente rector de inteligencia, por razones de seguridad integral del Estado, "podrá solicitar la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones".
Si los subsistemas requieren retener, abrir, interceptar o examinar documentos o comunicaciones, por cualquier medio, deberán canalizar el pedido a través del Sistema Nacional de Inteligencia.
- 5
Personas naturales y jurídicas
Compartir:
Pero no solo las empresas telefónicas o las entidades del Estado estarán en la obligación de entregar información que el Sistema Nacional de Inteligencia considere útil para sus fines.
En la disposición transitoria primera se incluye a las personas naturales y jurídicas como sujetos obligados a entregar en forma segura, directa, gratuita y oportuna la información que sea solicitada.
Posturas en la Asamblea
Andrés Castillo, de Acción Democrática Nacional (ADN), reconoce que la preocupación sobre la nueva Ley de Inteligencia está en que la información pueda ser usada con otros fines como perseguir a opositores políticos.
Sin embargo, aseguró que ese no es el fin y que en la misma ley se establece que la información que se obtenga no podrá ser usada como prueba en ningún proceso judicial, "será exclusivamente para levantar informes de inteligencia y contrainteligencia estratégica y adelantarnos a lo que pueda estar haciendo el crimen", aseguró Castillo.
La bancada de Revolución Ciudadana (RC) tenía previsto reunirse la tarde del 9 de junio para definir una postura orgánica. Franklin Samaniego adelantó que habrían detectado cosas preocupantes como el de las "escuchas telefónicas" sin una orden judicial.
El independiente Cristian Benavides, que no se ha alineado con la bancada de ADN, señaló que hay que analizar bien la propuesta, porque podría estar rozando violaciones a los derechos humanos.
"La inviolabilidad de la correspondencia, la privacidad, son derechos humanos que se estarían violando y harían que la norma se caiga por inconstitucionalidad"
Cristian Benavides, asambleísta por Carchi.
Compartir:
