Defensa de Aquiles Alvarez sobre el caso Grillete: "Vamos a denunciar a la jueza"

La jueza Karen Alarcón, quien negó el 11 de junio de 2026 el pedido de fianza del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, en el caso Grillete, será denunciada por prevaricato. Así lo afirmaron sus abogados al advertir, además, el deterioro de la salud del funcionario.

• "Ay, corazón, no me diga que no entiende: hacemos el cambiazo", le dijeron al delator de los casos Triple A y Goleada, que vincula a Aquiles Alvarez, según la Fiscalía

El 10 de febrero de 2026, el alcalde fue detenido por el caso Goleada, que investiga el delito de lavado de activos, pero el 2 de abril quedó libre por la resolución de un tribunal. No obstante, aún pesan en su contra dos medidas de prisión, la primera en el caso Grillete y la segunda en el caso Triple A, que se encuentra en etapa de juzgamiento.

La jueza Alarcón rechazó la semana pasada los argumentos de la defensa del alcalde que pedía la fianza, pese a que reconoció que no incurría en las causales previstas en la ley para que sea negada la caución, una medida cautelar que no procede solamente en los siguientes casos:

• Cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad o adultos mayores.
• Cuando la persona procesada haya ocasionado la ejecución de una fianza previa.
• En delitos contra la vida, secuestro, violencia contra la mujer e integridad sexual.
• Cuando exista una condena previa ejecutoriada por un delito que proteja el mismo bien jurídico.

“La defensa técnica del procesado ha acreditado documentalmente que ninguna de las causales previstas concurre en el presente caso. Esta juzgadora coincide con dicha apreciación”, señaló la jueza Alarcón en su resolución judicial, la que luego fue objetada por los abogados del alcalde.

"Se ha violentado una ley"

Uno de ellos, el abogado Julio César Cueva cuestionó el análisis jurídico de la magistrada. Lo hizo durante una rueda de prensa la mañana de este lunes 15 de junio de 2026.

“La juez reconoció que el señor Alvarez no estaba inmerso en ninguna prohibición de la ley y que cumplía todos los requisitos establecidos en la ley, por lo tanto, estaba para dar una caución (fianza), pero, para sorpresa nuestra, la jueza se desvía del marco legal”, reclamó Cueva.

El abogado afirmó que la jueza Alarcón “hizo un análisis que llamó la atención no solo por su descripción sino por el tiempo que se tomó para hacer ese análisis, lo extenso de ese documento que después en poco tiempo fue subido al sistema”.

“Como nosotros consideramos que se ha violentado una ley en una acción contraria a la norma, nosotros vamos a presentar una denuncia por prevaricato contra la jueza. Nosotros estamos litigando en derecho y exigimos que las decisiones judiciales también sean en derecho”.

Julio César Cueva, abogado de Aquiles Alvarez

En la resolución, la jueza Alarcón señaló que el cumplimiento de los requisitos para que la fianza sea admitida representa “únicamente el primer nivel de análisis”, pues lo fundamental es determinar si la fianza garantizaría la comparecencia del alcalde en un posible juicio.

La magistrada resaltó en su conclusión que la fianza no procedía debido al incumplimiento del uso del grillete: “Si una medida que implicaba seguimiento activo y monitoreo permanente no resultó efectiva, no existe una base objetiva suficiente para concluir que una garantía económica pueda cumplir dicha finalidad. La caución económica no resulta idónea”.

El caso Grillete está en etapa de instrucción fiscal, cuyo dictamen fiscal los abogados del alcalde esperan que se presente en los próximos días. El dictamen puede ser abstentivo o acusatorio y debe ser aceptado por el juez, quien decidirá si archiva el caso o llama a juicio al alcalde.

"Es imposible vender más"

Mientras tanto, en el caso Triple A, que llevó a juicio a Aquiles Alvarez por venta ilegal de diésel en la frontera norte, la Fiscalía concluyó el 14 de junio la presentación de pruebas en la etapa de juicio y le corresponde a la defensa presentar sus alegatos y testigos. “Pensábamos que habían armado un caso un poquito más sólido”, reclamó Ramiro García, defensor del alcalde.

García explicó que durante la exposición de la Fiscalía encontraron inconsistencias como “una pericia financiera que trató de vender la narrativa de que había como USD 60 millones de perjuicio para Ecuador, causado por ventas excesivas”. “Es prácticamente imposible vender más, porque todo está facturado y documentado”, remarcó.

“De acuerdo con la hipótesis, las empresas de los hermanos Alvarez habrían vendido más combustible de lo que compraron a Petroecuador. Cuando preguntamos de dónde sacaron esas cifras nos dijeron ‘del SRI’, y cuando preguntamos si fueron a convalidar el informe, nos dijeron que no”, afirmó Ramiro García.

El defensor mencionó tres hechos que, a su criterio, demuestran que el alcalde es víctima de una persecución política:

• “Tenemos un alcalde detenido por dos delitos: comercialización ilegal de combustibles en la frontera norte e incumplimiento de decisiones legítimas, dos delitos por los cuales nadie debería ir media hora preso”.
• “No solo le privan de libertad, sino que le dejan en la cárcel del Encuentro, que está reservado para los delincuentes de mayor peligrosidad sentenciados por delitos graves”.
• “En el caso Goleada, cuando se convocó a audiencia el fiscal no fue y para la segunda audiencia justo los de que estaban en la sala les mandaron a Panamá, recién se pudo hacer a la tercera convocatoria, como mes y medio después”.
• “La Sala superior anticorrupción dejó sin efecto las órdenes de prisión preventiva, y ¿qué hicieron? El fiscal presentó una denuncia ante la Corte Nacional y en fallo dividido la Corte estableció el error inexcusable, que no existe, pero que sirve para perseguir jueces”.

No obstante, la Fiscalía sostiene que el perjuicio al Estado por la comercialización ilegal de combustibles alcanza los USD 100 millones y que las empresas del alcalde compraron diésel con subsidio a Petroecuador, pero lo vendieron a precio de mercado a segmentos no autorizados, es decir de embarcaciones nacionales a internacionales.

De esta manera, las compañías del alcalde y sus hermanos se habrían beneficiado del margen de rentabilidad y las ganancias ilegales las introdujeron en el sistema financiero legal mediante la compra de bienes muebles, terrenos, casas, departamentos y hasta un carro valorado en USD 325.0000, es decir que lavaron activos.

“Qué lavado de activos puede haber si no hay delito fuente, siquiera. En el caso Goleada, lo que hay es adquirir bienes, préstamos, pagar préstamos, todo lo que hace una estructura societaria común y corriente”.

Ramiro García, abogado de Aquiles Alvarez

“Qué lavado de activos puede haber si no hay delito fuente, siquiera. En el caso Goleada, lo que hay es adquirir bienes, préstamos, pagar préstamos, todo lo que hace una estructura societaria común y corriente”, justificó Ramiro García.

Testimonio de cooperador eficaz

En ambos casos, Triple A y Goleada, la prueba más valiosa de la Fiscalía constituye el testimonio del cooperador eficaz, José Eduardo Cevallos Avellán, exgerente financiero de las empresas de Aquiles Alvarez y que antes se desempeñó como director zonal de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

Cevallos tiene previsto rendir su testimonio anticipado en el caso Goleada este martes 16 de junio de 2026. A la audiencia, Aquiles Alvarez, sus hermanos, su esposa y su madre han solicitado participar de manera telemática, pues la versión de delator se hará en una cámara de Gessel. Esto debido a la condición de testigo protegido que tiene el delator.

El cooperador eficaz ya ha dado varias versiones a la Fiscalía desde diciembre pasado en que se ofreció como colaborador y entregó sus dispositivos (laptop y teléfono celular), donde guardaba la ruta de transferencias, pagos, valores, fechas y nombres de beneficiarios.

“Vamos a ver en que sustentan sus aseveraciones. El caso Goleada se inició por delincuencia organizada en base a chats, a cada uno le atribuyeron un alias. Se dieron cuenta que no había nada de eso y ahora es lavado de activos”, comentó García.

Mientras que Julio César Cueva restó credibilidad al cooperador eficaz. “La Ley dice que la Fiscalía debe corroborar, y si me voy a beneficiar con un 90% de reducción de la pena, es lógico que esté incentivado a mentir”.

Cuatro desmayos en prisión

Otro de los abogados del alcalde, David Norero, llamó la atención por la salud el funcionario, de quien dijo ha tenido cuatro desmayos durante los cuatro meses que lleva recluido en la cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.

“La salud del alcalde no es la mejor, el alcalde pesa 185 libras, ingresó de 250 libras, ha perdido 65 libras y va a tener que ser operado. Hicimos una evaluación y el 10 de noviembre existían dos piedras en la vesícula, el temor del doctor es que se pueda formar una pancreatitis”, dijo.