Los demócratas en Estados Unidos plantean una reforma para restringir la cooperación de defensa para Ecuador

La primera advertencia llegó en mayo, cuando un grupo de al menos 20 congresistas demócratas pidieron al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que el Pentágono suspenda de manera "inmediata" las operaciones conjuntas contra el narcotráfico en territorio ecuatoriano.

Ahora, tres de esos legisladores, Alexandria Ocasio-Cortez, Greg Casar y Jesús García, plantearon una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) para tratar específicamente su preocupación por lo que sucede en Ecuador, mientras se investigan presuntas violaciones en los derechos humanos.

Inicialmente, la primera acción se basó en una posible violación a la Ley Leahy, que prohíbe al Gobierno estadounidense prestar asistencia a fuerzas de seguridad extranjeras implicadas de forma creíble en violaciones de los derechos humanos, sin que se tomen medidas efectivas para llevar a los responsables ante la justicia.

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Pero, esta vez, la enmienda apunta al presupuesto anual 2027 del gobierno de Donald Trump en materia de defensa, que suma en su totalidad USD 1,5 billones. Ya que ese documento es la base con la que el Legislativo aprueba la Ley de de Autorización de Defensa Nacional.

El objetivo de los demócratas es aumentar la supervisión de las ventas de armamento al extranjero y defender los derechos humanos. Para lo que Ocasio-Cortez presentó otras 10 enmiendas adicionales en la materia. Unas son generales y otras hablan, además de Ecuador, de Perú, Puerto Rico, Colombia, Chile, Bangladesh y Brasil.

¿Qué dice la enmienda sobre Ecuador?

La enmienda específica agrega la sección 17: "Limitación relacionada con el Gobierno de Ecuador". Y propone que ningún fondo del Departamento de Guerra pueda utilizarse con el país hasta que los secretarios de Guerra y Estado presenten y certifiquen ante el Congreso:

1. Que Ecuador cumple con las condiciones relativas a la protección de los derechos humanos.

2. Que el Gobierno declara que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que han cometido violaciones de derechos humanos están siendo sometidos a mecanismos judiciales apropiados y a medidas disciplinarias y punitivas, de conformidad con las normas internacionales.

3. Una descripción de las medidas adoptadas para garantizar que el Gobierno y las Fuerzas Armadas de Ecuador no cometan violaciones de derechos humanos, incluyendo cualquier capacitación pertinente para prevenir dichas violaciones.

4. Información y datos relevantes de organizaciones independientes de la sociedad civil ecuatorianas e internacionales sobre violaciones de derechos humanos, esfuerzos del Gobierno para mitigar dichas violaciones y la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad.

5. La determinación de que ninguna unidad militar o de seguridad ecuatoriana que reciba asistencia, capacitación, inteligencia, equipo o apoyo operativo de los Estados Unidos ha cometido una violación grave de derechos humanos sin estar sujeta a medidas efectivas de rendición de cuentas.

La propuesta también plantea que los funcionarios estadounidenses presenten informes completos sobre "cualquier participación, directa o indirecta, del Departamento de Guerra en las operaciones del 3 y 6 de marzo en San Martín", Sucumbíos, en el que el New York Times, organizaciones ecuatorianas y lugareños afirman que las fuerzas públicas de ambos países incendiaron y días después bombardearon una granja lechera, bajo el pretexto de que se trataba de un supuesto campamento criminal.

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A esto se suma una nueva crítica internacional al conflicto armado decretado por el presidente Daniel Noboa. Ya que los demócratas exigen "una explicación detallada de la justificación legal y las facultades para las operaciones militares de los Estados Unidos en Ecuador, incluyendo si el Departamento considera que estas operaciones se desarrollan en el marco de un conflicto armado regido por el derecho de la guerra".

Así como una "la identificación de todas las unidades militares ecuatorianas involucradas en estas operaciones y la documentación de cualquier investigación realizada" conforme las leyes estadounidenses y cualquier otra información disponible con respecto "a denuncias creíbles de abusos contra los derechos humanos cometidos durante estas operaciones, y las medidas adoptadas en respuesta".

Si esta enmienda se aprueba, las asistencias y fondos de cooperación de Estados Unidos para Ecuador podrían retomarse solo 180 días después de que los secretarios de Guerra y Estado cumplan con toda esa información. 

¿Cuál es el trámite de la NDAA?

En Estados Unidos, el Primer Mandatario emite anualmente una solicitud presupuestaria, que sirve de base para que el Congreso y el Senado emitan cada uno sus proyectos de ley para cada área del gobierno federal. Y, para el próximo año, los republicanos prevén que la Ley de de Autorización de Defensa Nacional apruebe el incremento de 44% planteado.

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Si bien la administración de Trump propone un recorte masivo del 30% a la ayuda exterior (reduciendo el presupuesto del Departamento de Estado y de los programas internacionales), a la vez consolida explícitamente los recursos dentro de América Latina y el Caribe para servir a los intereses directos de seguridad nacional de Estados Unidos.

Sin embargo, la propuesta de los demócratas, como está planteada, tiene un futuro difícil, ya que en ambos partidos hay defensores del gasto militar. El trámite en el Congreso implica que los comités especializados en defensa, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, aprueben cada uno un proyecto de ley. Y estos nuevos documentos deben ser unificados por un tercer comité, creado para el efecto.

Y, aunque los demócratas en ambas cámaras puedan generar debate y cambios en temas polémicos como el de Ecuador, usualmente los filtros y procedimientos del Legislativo en Washington impiden que todas las enmiendas se incluyan en los proyectos. Y, posteriormente, todo debe someterse a votación, por lo que no todas las enmiendas llegan al Despacho Oval, donde Trump tendrá la última palabra, sea aceptando la Ley o vetándola.