El diagnóstico hecho en el Plan Nacional de Seguridad enumera los múltiples problemas sociales del Ecuador

Las restricciones presupuestarias bloquean el acceso de muchas personas a los bonos estatales. Apenas 1.500 de 7.000 trámites públicos pueden hacerse en línea. El 57,8% de la red vial de Ecuador no está en buenas condiciones.

Estos son algunos de los resultados del diagnóstico del Ecuador presentado por el Gobierno del presidente Daniel Noboa en su Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2029. El documento fue aprobado el 21 de agosto y marca la hoja de ruta para los siguientes cuatro años.

Pero la lista es larga, los problemas abundan en los cinco ejes que contiene el Plan: social, económico, ambiental, institucional y de riesgos. Y ahí se explica, en el papel, que la visión social del Ejecutivo incluye la seguridad ciudadana como componente.

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Esto debido a que el documento reconoce que las raíces de la violencia son estructurales: desigualdad, exclusión, pobreza, injusticia y falta de acceso a servicios públicos esenciales, desempleo. Y ese es un reflejo de la situación para muchos en el país.

Y en el área de seguridad, el Gobierno se enfoca en el fenómeno del reclutamiento de menores por parte de los grupos de delincuencia organizada, el incremento de los delitos contra la propiedad privada, de los secuestros, homicidios y de la incautación de drogas.

En este último aspecto, el Ejecutivo afirma que sus operaciones han afectado al 70% de las estructuras criminales del país, una cifra cercana a la meta de 85% que se planteó en el PND del reducido periodo anterior.

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Y en cuanto a los homicidios intencionales, el Plan señala que existen barreras y desafíos interinstitucionales en el intercambio de información, lo que afecta las actividades estatales de inteligencia. Y refleja en cifras la mayor exposición de menores a esta violencia letal.

En esa misma línea, el Gobierno acepta que, además, el sistema penitenciario tiene que ser justo y respetar a los derechos humanos, para generar una verdadera rehabilitación social. Y señala al hacinamiento, la violencia, la corrupción y el abandono como problemas, aunque son responsabilidad del propio Ejecutivo.

Problemas de inclusión, salud, educación...

La pobreza sigue siendo un problema en Ecuador, que golpea más a la población rural. Por ejemplo, la pobreza extrema por ingresos se concentra en un 17% en el área rural. Y la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, que se refiere a la carencia de condiciones fundamentales para una vida digna, alcanzó al 28% de la población en 2024.

Y, aunque el Plan afirma que la inclusión económica y social es una prioridad estatal, también reconoce que los avances institucionales aún no logran superar las brechas persistentes en acceso a ingresos, servicios y protección social.

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Por ejemplo, la gestión del Ministerio de Inclusión (MIES) "enfrenta desafíos estructurales y operativos", con la limitada cobertura de servicios, que restringen el acceso a programas para personas en situación de vulnerabilidad. Uno de los factores que ha agravado la brecha es la disponibilidad de recursos asignados por el Ministerio de Finanzas.

En cuando a la salud pública, el Gobierno señala una falta de continuidad y planificación estructurada, que se evidencia con los constantes cambios de ministros en el área.

"La dependencia estructural de factores externos, como las decisiones políticas coyunturales y la disponibilidad presupuestaria, impide la consolidación de un sistema de salud equitativo, universal y eficiente", afirma el Plan. 

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Y esto ha ocasionado una disminución en el número de atenciones médicas, por limitaciones de infraestructura, equipamiento y dotación de talento humano. A esto se suma el rezago en la vacunación, la desnutrición crónica infantil, las brechas en atención de trastornos mentales y consumo de drogas.

Sobre la educación fiscal, el Plan Nacional de Desarrollo recoge otros problemas evidentes: como la limitada sostenibilidad de la inversión en infraestructura, la escasa dotación de recursos pedagógicos, la cobertura desigual, las brechas en seguridad y bienestar emocional, así como la insuficiencia de docentes especializados, tecnologías educativas y recursos digitales pertinentes.

En términos absolutos, en ese escenario, al que se suman los problemas de violencia y de los entornos familiares, la matrícula se redujo en 207.958 estudiantes.