Miércoles, 17 de abril de 2024

Más cárceles para un sistema penitenciario que no cumple con la rehabilitación

Autor:

Adriana Noboa

Actualizada:

16 Ene 2024 - 5:58

Daniel Noboa es el tercer presidente en enfrentar la crisis penitenciaria. Guillermo Lasso y Lenín Moreno fracasaron en sus intentos de reformar el Servicio de Atención A Privados de Libertad (SNAI).

La cárcel de Machala durante el operativo policial y militar del 14 de enero de 2024.

Autor: Adriana Noboa

Actualizada:

16 Ene 2024 - 5:58

La cárcel de Machala durante el operativo policial y militar del 14 de enero de 2024. - Foto: @EjercitoECU

Daniel Noboa es el tercer presidente en enfrentar la crisis penitenciaria. Guillermo Lasso y Lenín Moreno fracasaron en sus intentos de reformar el Servicio de Atención A Privados de Libertad (SNAI).

La reciente ola de violencia y la declaratoria del conflicto armado interno han centrado nuevamente la atención en el sistema penitenciario y en cómo el Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI) no cumple su cometido, ni tiene el control de las cárceles.

El presidente Daniel Noboa es el tercer mandatario en enfrentar este problema. Sus dos predecesores, Guillermo Lasso y Lenín Moreno, fracasaron, ya que durante su gestión hubo 15 masacres carcelarias.

Es por esto que, desde la campaña electoral, Noboa empezó a darle cada vez más importancia al tema. Y, desde que está en el poder ha establecido un discurso de 'mano dura' y ha prometido un régimen carcelario al 'estilo Bukele'.

Incluso invitó a sus críticos a cometer un delito, por si quieren conocer las nuevas cárceles que ha prometido, de máxima y supermáxima seguridad. Aunque ya incumplió su oferta de colocar la primera piedra de estas infraestructuras el 11 de enero de 2024.

Además, aunque la segmentación de las prisiones y de los privados de libertad es uno de los problemas que tiene el sistema penitenciario, la solución a la crisis del SNAI y de las cárceles no está en la cantidad de edificaciones existentes.

La crisis carcelaria tiene varias aristas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó el Ecuador en 2022:

  • Debilitamiento de la institucionalidad, con la eliminación del Ministerio de Justicia.
  • La corrupción.
  • Falta de registro adecuado de las personas privadas de libertad.
  • Disminución presupuestaria, falta de personal de custodia y ausencia de política
    penitenciaria.
  • Encarcelamiento y política de drogas.
  • Hacinamiento.
  • Creación de megacárceles, que no representa una solución sostenible en el tiempo.

Las condiciones de detención son "deplorables", de acuerdo al informe sobre el sistema penitenciario ecuatoriano. Además de la sobrepoblación y la violencia intracarcelaria, los problemas son:

  • La falta de separación de la población penitenciaria por categorías.
  • Deficiente infraestructura.
  • Atención médica negligente.
  • Alimentación inadecuada.
  • Los obstáculos en el acceso al agua.
  • El insuficiente personal penitenciario.
  • La falta de perspectiva de género en el tratamiento penitenciario.
  • Los obstáculos para la efectiva reinserción social.

Las propuestas gubernamentales

Después de la primera masacre carcelaria en cuatro prisiones, en febrero de 2021, el entonces presidente Lenín Moreno dispuso a los ministros que, en el ámbito de sus competencias, "redefinan los parámetros de la política de seguridad penitenciaria".

Así mismo, dijo que el Ministerio de Finanzas desembolsaría los recursos necesarios para las cárceles. Sin embargo, no se concretó. En julio del mismo año hubo otra masacre en dos cárceles.

La crisis recrudeció con la expansión del crimen organizado en Ecuador y el cambio del mercado de la droga en el mundo, en medio de la pandemia. Durante el recortado gobierno de Guillermo Lasso hubo 13 masacres más.

Lasso anunció un plan de rehabilitación social, por USD 27 millones, pese a que según su propia información se necesitaban USD 206 millones. Pero Lasso logró bajar el hacinamiento de 29% a un 14% y duplicó el número de guías penitenciarios, aunque sin el equipamiento necesario.

Pero el debilitamiento institucional y la profundidad de la crisis penitenciaria se evidenció con los ocho directores que tuvo el Servicio de Atención a Privados de Libertad en apenas 30 meses. Ninguno pudo gestionar la administración carcelaria.

Ahora es el turno de Daniel Noboa. Y su reacción frente a la ola de ataques calificados como terroristas es aplaudida por la mayoría de la ciudadanía. Pese al secretismo del Plan Fénix y de la supuesta licitación internacional para la construcción de las nuevas cárceles.

La declaración del conflicto armado interno y de 22 bandas criminales como grupos terroristas, sumado a los operativos entre militares y policías para disolver los motines en las cárceles e intentar frenar la violencia en las calles, le han sumado puntos al Primer Mandatario.

Sin embargo, entre las medidas que ha ido adoptando el nuevo Gobierno, tampoco hay una ruta clara para la mejora del sistema penitenciario y para que los presos puedan ser parte de un programa de rehabilitación para su posterior reinserción social.

El SNAI sigue caracterizándose por el silencio frente a los problemas, motines, retenciones de guías penitenciarios y fugas. Cuando el Ejecutivo celebró la recuperación del control de las cinco cárceles donde había motines, el Mandatario felicitó a los militares y policías.

Pero nada se ha dicho de los cambios que implementará el nuevo director del Servicio, Luis Zaldumbide. Aunque el mismo Jefe de Estado ha reconocido que los grupos criminales manejaban redes de corrupción desde las prisiones y contó que invertirá USD 70 millones anuales en el sistema.

Esto pese a que el presidente Noboa ha planteado iniciativas, aceptadas por la Asamblea, como la de otorgar beneficios tributarios a las empresas que contraten personas que han cumplido sus condenas satisfactoriamente.

Los derechos y garantías de las personas privadas de libertad son reconocidos por la Constitución, los instrumentos internacionales y el Código Integral Penal. Entre ellos están: la integridad, el trabajo, la educación, la cultura y la recreación. Que tampoco se cumplen, especialmente, en las cuatro megacárceles de Guayas, Cotopaxi y Azuay.

Así como el Estado debe proveerles y permitirles privacidad personal y familiar, protección, información, atención en salud, alimentación, relaciones familiares y sociales, la comunicación y visitas, y la proporcionalidad en las sanciones disciplinarias.