La Corte Constitucional vuelve a ser el árbitro ante decisiones clave del Gobierno y la Asamblea

Solo en el anterior periodo de gobierno, la Corte Constitucional (CC) emitió dictámenes sobre 13 decretos de excepción, un referendo, una consulta popular y dos reformas parciales a la Constitución propuestas por el presidente Daniel Noboa.

Y no todos fueron alentadores. El máximo tribunal ecuatoriano, por ejemplo, regañó al Ejecutivo por su insistencia en declarar un conflicto armado interno vía decreto de excepción, que la Corte no ha reconocido legalmente desde abril de 2024.

Pero este pulso sigue sin resolverse, Carondelet ha exigido en tres ocasiones que la Corte module su sentencia de marzo pasado, con la que mandó a crear una comisión interinstitucional obligatoria para enfrentar la seguridad, bajo supervisión de los magistrados.

Solo el Ejecutivo ha cuestionado la decisión constitucional, que puso contra las cuerdas a una docena de instituciones. Y poco más de cuatro meses después, la Corte convocó a todos sus representantes a una audiencia reservada de seguimiento, este 22 de julio a las 10:30.

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Sin embargo, esa no ha sido la única discrepancia que hay entre los jueces constitucionales y el Gobierno. Por ejemplo, el presidente Noboa ha remitido cinco propuestas individuales de reformas parciales a la Constitución, sin contar las que incluyó en el referendo de abril de 2024.

En este último caso, la Corte ha llamado la atención al Mandatario ya en dos ocasiones porque los cambios a la Carta Magna no pueden corresponder, "únicamente, a consideraciones de conveniencia política", ni como múltiples propuestas de manera fragmentada.

Dos de esas propuestas, sobre la prisión preventiva y los privados de libertad, ya fueron rechazadas por el tribunal, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, por tratarse de regresiones de derechos, que no pueden ser modificadas a través de la Asamblea y un posterior referendo. Otras dos, sobre las bases militares extranjeras y el financiamiento de las organizaciones políticas, fueron aceptadas.

Pero eso no ha impedido que el Mandatario insista y remita otra propuesta adicional de cambios constitucionales: el 11 de julio planteó que se permita la castración química para los violadores, como parte de sus iniciativas para endurecer las penas contra delincuentes y criminales en Ecuador.

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Esa siguiente decisión de la Corte inclinará la balanza entre las propuestas de reformas parciales del Ejecutivo aceptadas y negadas. Aunque, los jueces todavía tienen por delante la resolución de todas las demandas de inconstitucionalidad que han 'llovido' sobre las nuevas leyes del oficialismo.

Un récord: 26 demandas de inconstitucionalidad

El control de Acción Democrática Nacional (ADN) en el Ejecutivo y en la Asamblea Nacional creó una 'autopista' para la expedición de leyes y reglamentos. Además, gracias a los estados de excepción, el presidente Daniel Noboa consiguió aprobar tres proyectos urgentes y moldear un marco jurídico totalmente nuevo. 

Sin embargo, muchas de sus pretensiones han sido refutadas ante la Corte Constitucional. Las leyes de Inteligencia, Solidaridad Nacional, Integridad Pública y Áreas Protegidas han recibido 26 demandas de inconstitucionalidad.

Aunque solamente las tres últimas son de iniciativa del presidente Noboa y fueron tramitadas de manera urgente, en apenas un mes; la de Inteligencia, que fue heredada del periodo anterior, también fue celebrada por las autoridades del área de seguridad. Todas suman más de 275 cambios en 31 leyes.

Además, esas leyes han dado paso a la creación de reglamentos y otras decenas de normativas secundarias que están en camino de expedición, en áreas tan distintas como: sociedades deportivas, beneficios tributarios, movilidad humana, emergencia judicial, condonación de intereses de deudas, cambios en cooperativas, etc. 

Pero la 'medalla' a la ley más cuestionada se la lleva la Ley de Integridad Pública, que ha recibido 18 quejas ante el máximo tribunal, entre el 30 de junio y el 18 de julio, al cierre de esta edición. 

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Esto se debe a que, entre otros puntos, la normativa estableció cambios en la evaluación de los servidores públicos, el monto de indemnización por despido y la compensación por retiro voluntario. Y, en total, terminó modificando 22 cuerpos legales.

Los cambios generaron descontento en los funcionarios públicos de distintos sectores de todo el país y motivaron manifestaciones. Solo en Quito ha habido cuatro movilizaciones contra estas reformas a la Ley de Servicio Público. Y esto obligó al Ejecutivo a recular y revertir, al menos, el cambio sobre las compensaciones.

Fue así como el presidente Noboa se abrió frentes con varios gremios. Las demandas de inconstitucionalidad están auspiciadas por maestros de escuelas, colegios y universidades, estudiantes, sindicatos de obreros municipales, frentes de trabajadores, comités de trabajadores de empresas públicas, médicos, enfermeras, jueces, abogados y hasta el sindicato de trabajadores de la misma Presidencia de la República.

Todos ellos están a la espera del pronunciamiento de los jueces de la Corte Constitucional, sobre si se mantendrán en pie todos los artículos de cada una de las cuatro leyes demandadas o si el Ejecutivo y la Asamblea deberán admitir sus errores de forma o de fondo en su legislación.