Comisión de Fiscalización califica juicio político contra Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura
El oficialismo y Pachakutik se unen para continuar el juicio político contra Solanda Goyes. El correísmo dice que "no la defiende", pero cree que hay persecución y se abstiene de votar.
La vocal del CJ, Solanda Goyes, en un evento del 9 de junio de 2025.
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Solanda Goyes.
Autor:
Redacción Primicias
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La vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Solanda Goyes, será la primera funcionaria en enfrentar un juicio político en el nuevo periodo legislativo.
La Comisión de Fiscalización calificó y aprobó, este viernes 13 de junio, continuar con el proceso planteado en el periodo anterior por el asambleísta Fernando Jaramillo, de Acción Democrática Nacional (ADN).
Contrario a lo sucedido con el juicio político al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, esta vez el oficialismo y sus aliados si encontraron méritos para calificar el juicio contra Goyes.
Votaron a favor el presidente de la mesa Ferdinan Álvarez; la vicepresidenta, Nataly Morillo, y los legisladores de ADN, María Villacreces, Fabiola Sanmartín y Ana Belén Tapia.
A ellos se unió el legislador amazónico Luis Nango, de Pachakutik, que vota junto al oficialismo desde la instalación de la Asamblea, el 14 de mayo.
La Revolución Ciudadana, por su parte, consideró que este pedido de juicio político podría responder a una persecución en contra de la vocal de la Judicatura.
Se abstuvieron de votar por el juicio Ana Herrera, Katherine Erazo, Fricson George y Nanki Lauro Saant Juank.
Los correístas aseguraron que no defienden a la funcionaria y consideran que hay que investigar a todos los integrantes del Consejo de la Judicatura.
La acusación
Jaramillo, que es parte de la bancada del gobierno, ingresó el pedido de juicio político, por incumplimiento de funciones, el 24 de abril de 2025.
Acusa a Solanda Goyes de protagonizar un “boicot institucional” y "obstrucción de un mandato popular", tras no dar quorum en las sesiones de la CJ para aprobar el reglamento de selección de jueces constitucionales.
Aduce que la funcionaria incumplió los artículos 8.1 y 15 del Reglamento del organismo, que obliga a los vocales a votar y justificar sus ausencias. Su salida de las sesiones sin emitir voto ni justificar su ausencia, explica Jaramillo, constituye una infracción funcional grave.
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