El oficialismo apunta a la Corte Constitucional: sus voceros hablan del 'enemigo del pueblo'

La campaña contra la Corte Constitucional (CC) arrancó en redes sociales, a finales de julio. Una serie de usuarios en X vaticinaron, al mismo ritmo y con los mismo argumentos, que el tribunal rechazaría las 'leyes trole' aprobadas por el oficialismo y que ya acumulan tres decenas de cuestionamientos sobre su legalidad.

Esas figuras públicas acusaron a los jueces constitucionales de responder al correísmo, de ser "garantistas" (de derechos) y un megapoder que buscaría tumbar al gobierno de Daniel Noboa. Cinco días después, la Sala de Admisiones de la Corte aceptó a trámite cuatro de esas demandas ciudadanas contra tres leyes.

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Y, en ese primer paso del procedimiento de análisis de las leyes de Inteligencia, Solidaridad Nacional e Integridad Pública, dicha Sala aceptó también la suspensión temporal de 17 de los 47 artículos, cuestionados.

Pero, ¿por qué es tan importante y controversial la Corte Constitucional? Se trata del máximo tribunal y organismo de Ecuador. Se encarga de controlar, interpretar y administrar justicia constitucional. Y, básicamente, es la última instancia en todo tipo de querella entre entidades públicas o privados.

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Por ejemplo, los jueces constitucionales deciden si la Asamblea Nacional puede destituir a un Mandatario, o si el Presidente de la República puede ejecutar la muerte cruzada. Tienen el poder de frenar leyes y decretos ejecutivos, como los estados de excepción, así como rever sentencias de la justicia ordinaria.

Incluso, de la Corte dependen, también, todas las propuestas presidenciales o ciudadanas de referendos constitucionales, consultas populares y convocatorias a asambleas constituyentes.

Es por eso que este tribunal es tan atractivo como la Fiscalía y la Contraloría para los poderes políticos. Y esto se evidenció, radicalmente, durante el correísmo, cuando la conocida como 'Corte Cervecera' estuvo alineada con el Ejecutivo y nunca cuestionó ninguna decisión de Rafael Correa, al punto en el que emitía apenas 0,5 dictámenes cada año y dejó miles de causas represadas.

ADN contra la Corte

El 4 de agosto, fue el turno del oficialismo, que empezó a dejar pistas para la Corte. La portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, afirmó que al Ejecutivo no le interesa tener su propia corte. Pero sí señaló que el Gobierno espera que los jueces sean sensibles con el dolor ciudadano.

Y, después de que el tribunal hiciera pública su decisión, las advertencias, las directas e indirectas, se sucedieron. Ese mismo 4 de agosto, llegó una cadena nacional, al filo de la media noche. Resguardados por policías y militares, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, criticaron a los magistrados por cumplir con su trabajo.

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El 6 de agosto, el mismo presidente Daniel Noboa lideró el enfrentamiento y anunció en redes sociales su intención de convocar a un referendo a la ciudadanía para que, entre otros temas, aprueben la posibilidad de enjuiciar políticamente a los magistrados.

Horas después, en un evento en Daule, el Mandatario empezó su campaña para posicionar dicho referendo: "estamos viviendo un momento en el que podemos, de una vez por todas, cambiar este país en la próxima consulta popular".

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Noboa también anunció que marchará el próximo martes 12 de agosto hacia las instalaciones de la Corte en Quito, para protestar y hacerles sentir a los jueces "el verdadero poder del pueblo". E, inmediatamente, los legisladores de Acción Democrática Nacional, empezaron con la planificación de la manifestación 'ciudadana'.

Es así como en redes sociales, asambleístas, ministros y secretarios del oficialismo se han dedicado a respaldar la postura del Primer Mandatario e intentar presionar a la Corte para que el Pleno falle a su favor, pese a las incesantes demandas de inconstitucionalidad que llegan desde junio al tribunal. 

Por ejemplo, el 7 de agosto, los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, John Reimberg, aparecieron en un video conjunto, dirigiéndose a las "familias ecuatorianas", para hablar sobre el trabajo del bloque de seguridad, tras el semestre más violento que ha tenido el país en su historia. 

Los funcionarios pidieron a los ciudadanos su apoyo para que "nadie intente quitarnos el arma más importante que nos faltaba para ganar esta guerra: las leyes". Mientras tanto, la Corte se limitó a informar que "no emite pronunciamientos sobre declaraciones políticas".

En otro evento en Guayaquil, el 7 de agosto, el presidente Noboa insistió en que alzará su grito de protesta "porque no permitiremos que quienes se oponen al trabajo, a la seguridad, a la paz, nos tiren abajo leyes aprobadas”. 

Pero en Quito se le adelantaron, la tarde del 7 de agosto, varias de las organizaciones sociales que demandaron la inconstitucionalidad de las leyes, marcharon ya para respaldar a los magistrados y que "no se sometan al poder de turno".

A la vez, en la capital aparecieron grandes vallas con propaganda para denunciar las muertes violentas ocurridas desde el 4 de agosto, cuando inició la suspensión temporal de cuatro artículos de la Ley de Solidaridad Nacional y de una docena de la de Inteligencia.