Desde el cambio de la Carta Magna en 2008, la Corte Constitucional ha tenido tres plenos diferentes y dos renovaciones parciales. Este lunes se definirá a los tres jueces que dejarán sus cargos.
Entre 2008 y 2021, por la Corte Constitucional (CC) han pasado 29 jueces y otros tres se sumarán este año con la primera renovación parcial del organismo. Esta Corte fue posesionada en febrero de 2019 por el Consejo de Participación Transitorio.
Y este primer pleno de la Corte se ha caracterizado porque los Presidentes de la República de turno han discrepado de algunas de sus decisiones.
Ocurrió tanto con Lenín Moreno, quien planteó la consulta popular que derivó en la selección del organismo, como con Guillermo Lasso, quien apoyó esa consulta.
Además, a diferencia de la Corte Constitucional predecesora, los actuales magistrados sorprenden a la opinión pública y las autoridades con sus decisiones en temas coyunturales, polémicos o que fueron ignorados por las administraciones previas.
10 decisiones cruciales de la Corte
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Matrimonio igualitario
Apenas meses después de posesionarse, en junio de 2019, la Corte Constitucional dio paso al matrimonio entre personas del mismo sexo. A su vez, los magistrados declararon la inconstitucionalidad de dos artículos que permitían acceder al matrimonio solamente a las parejas heterosexuales.
La decisión generó el rechazo de sectores más conservadores, que pedían el respeto de la "familia tradicional".
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Error inexcusable
En agosto de 2020, la Corte emitió una sentencia que eliminó definitivamente el "error inexcusable", una figura demasiado amplia que permitió destituir jueces y fiscales por decisión del Consejo de la Judicatura.
La sentencia se basó en la destitución de dos jueces de la Corte Nacional de Justicia, en un caso entre el Servicio de Rentas Internas (SRI) y OCP Ecuador de 2013.
La decisión de la Corte puso fin a esta figura que había recibido críticas internacionales por su amplitud y por constituir una revisión de las sentencias de los jueces.
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Aborto por violación
En abril de 2021, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de una parte de un artículo del Código Integral Penal (COIP), con lo que despenalizó el aborto en los casos de violación.
La sentencia determina que las mujeres que hayan sido víctimas de este delito podrán acceder gratuitamente al aborto, de acuerdo a una Ley que deberá aprobar la Asamblea, y que aún está en trámite.
La decisión también causó el rechazo de los sectores más conservadores, que defienden "la vida desde la concepción".
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Uso progresivo de la fuerza de las FF. AA.
En mayo de 2020, casi un año después de su aprobación, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del Reglamento de Uso Progresivo, Racional y Diferenciado de la Fuerza. Ese documento había sido aprobado por el Ministerio de Defensa, después del paro nacional de octubre de 2019.
Según la Corte, el Reglamento era inconstitucional, ya que “genera consecuencias directas en el ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal”.
Sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen de manera complementaria a la Policía, en materia de seguridad interna y orden público, la Corte determinó que es inconstitucional porque va en contra de las atribuciones de cada entidad.
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Estado de excepción en las cárceles
El tema carcelario ha sido uno de los prioritarios para la Corte Constitucional y, ante la crisis y los continuos estados de excepción, esa institución ha tomado un rol de vigilancia activa.
En octubre de 2020, tras un nuevo estado de excepción, la Corte ordenó al Gobierno elaborar un plan debidamente financiado para enfrentar la crisis en las cárceles. Además, solicitó informes periódicos sobre la situación dentro de los centros penitenciarios.
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Restricciones durante la pandemia
El papel más crucial de la Corte Constitucional sobre la pandemia ha sido la revisión de los estados de excepción, dictados para poder restringir los derechos ciudadanos.
En este caso, la Corte tuvo que frenar las restricciones al gobierno de Lenín Moreno en varias ocasiones, por el abuso de los estados de emergencia sin justificación.
En los dos últimos estados de excepción decretados por Guillermo Lasso, la Corte ha insistido en la necesidad de que las restricciones se puedan tomar en el régimen ordinario. Para esto, la Asamblea tramita una ley, pero sin mayor premura.
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Reforma tributaria
Dos días antes de terminar su mandato, el entonces presidente Lenín Moreno vetó la Ley de Régimen Tributario Interno. Pero, el 27 de junio de 2021, la Corte negó la objeción y ahora los gobierno autónomos descentralizados y universidades cobrarán el IVA de forma directa.
En su decisión la Corte señaló que el pleno de la Asamblea, mediante voto de mayoría, declaró improcedente la objeción presidencial, en lo relativo al proceso de retención de recursos generados por el IVA en favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y las universidades.
Según la Corte, la objeción no procedía porque la reforma no extingue o modifica el IVA. “Además, no busca aumentar el gasto público o modificar la división política y administrativa del país”.
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Relaciones entre adolescentes
El 15 de diciembre de 2021, un fallo emitido por la Corte Constitucional ajustó el marco legal en materia de relaciones sexuales entre adolescentes. Según el organismo, a partir de los 14 años de edad, ellos tienen la capacidad de consentir una relación sexual.
Pero la Corte aclara que ese consentimiento debe ocurrir en personas que tengan entre 14 y 18 años y bajo ningún concepto entre una persona de menos de 18 años y un mayor de edad.
Así, la CC modificó el literal 5 del artículo 175 del COIP, que ahora dice: “En los delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima menor de 18 años de edad es irrelevante, excepto en los casos de personas mayores de 14 años que se encuentren en capacidad de consentir en una relación sexual”.
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Ley de Fomento Ambiental
Tras 10 años, el 12 de enero de 2022, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la reforma tributaria llamada Ley de Fomento Ambiental, que entró en vigencia en noviembre del 2011. Pero seguirá vigente hasta 2023 para dar tiempo a la aprobación de una nueva Ley.
Se trata de una de las reformas tributarias más importantes que impulsó el Gobierno de Rafael Correa, pues aumentó el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) del 2 al 5%, entre otros tributos.
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Prohibición de explotar el Yasuní
Una sentencia de la Corte Constitucional, del 1 de febrero de 2022, frenó los planes para expandir la producción de petróleo con 100 pozos en el Yasuní, un área de alta biodiversidad en la Amazonía.
La Corte declaró inconstitucionales los artículos 3, 4 y 5 del Decreto 751, firmado en 2019 por el entonces presidente Lenín Moreno. Ahí se permitía la instalación de plataformas petroleras en un área de protección para pueblos no contactados, llamada zona de amortiguamiento.
Con la sentencia, la Corte prohíbe, en la práctica, la extracción petrolera en esa zona sensible.
Una Corte sin estabilidad
La mayoría de los jueces que han pasado por la entidad coincidieron con el periodo del correísmo y en la conocida como 'corte cervecera'. El titular del organismo en ese entonces fue Patricio Pazmiño Freire, quien dejó el cargo en 2016, para representar a Ecuador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pazmiño fue cuestionado por presuntos actos de corrupción y por su cercanía con el Ejecutivo y dejó como legado miles de causas represadas. Entre 2008 y 2014 su administración resolvió 0,5 casos por año. Ese arrastre es un problema hasta ahora.
Patricio Pazmiño, Alfredo Ruiz y Wendy Molina, ingresando a la Asamblea para su posesión como jueces constitucionales, el 6 de noviembre de 2012. Asamblea Nacional
Pazmiño fue presidente de la primera Corte de transición, compuesta por 10 magistrados, y después de la ordinaria, conformada por los ganadores del primer concurso. La renovación parcial de tres jueces de este organismo se dio en 2015.
Tras ese concurso ocupó un puesto Pamela Martínez, quien fue asesora personal de Correa en la Presidencia y en 2011 fue presidenta de la comisión que seleccionó a la misma Corte Constitucional, después presidida por Pazmiño.
Una vez dentro de la CC, Martínez alcanzó la vicepresidencia de la entidad. Pero en 2019 fue detenida por el caso Sobornos 2012-2016 y posteriormente sentenciada en el grado de coautora. En ese proceso se investigó la estructura que funcionó de manera paralela al gobierno de Correa, para captar sobornos de empresarios privados y financiar a Alianza PAIS.
Pamela Martínez (izq.) el día de su posesión como jueza constitucional, el 5 de noviembre de 2015. Asamblea Nacional
Previamente, en octubre de 2018, Moreno ya había convocado a la consulta popular que determinaría la instalación de un Consejo de Participación Transitorio. Este Consejo cesó en funciones a las autoridades de control y nominó a las actuales, entre ellas la Corte Constitucional.
Ahí fueron seleccionados los nueve magistrados actuales y la CC ha estado presidida desde entonces por Hernán Salgado y como segunda abordo, Daniela Salazar. Y esta es precisamente la institución que ha tomado las decisiones que incomodan o satisfacen a muchos desde febrero de 2019.
En la rendición de cuentas del organismo, el 1 de febrero, Salazar presentó la radiografía de la institución:
- En la fase de admisión (el primer paso del proceso ante la Corte), recibieron 3.456 causas represadas, de las que el 99,9% ya fue resuelto en esta fase.
- Sobre el actual período, la Corte ha emitido 12.899 autos de admisión, la mayoría inadmitiendo a trámite las causas.
- En fase de sustanciación, la actual Corte recibió un rezago de 2.088 causas.
- En los tres años de funciones, se han emitido 2.874 decisiones del Pleno. La mayoría de estas han sido por unanimidad.
- En los tres años de funciones de la Corte, se han recibido 22.067 causas nuevas.
Pero, los tres jueces que continuarán con la tarea salen nuevamente de un concurso cuestionado. El primer intento fue declarado desierto en octubre de 2021, porque la mayoría de candidatos presentados por las funciones del Estado no cumplía con los requisitos.
En el segundo intento renunció un comisionado y a lo largo del proceso también hicieron lo mismo cuatro de los participantes, aduciendo irregularidades. Pese a los cuestionamientos, la comisión de selección continuó con su tarea y designó a los nuevos magistrados.
Con esta resolución, la Corte Constitucional elegirá este lunes 7 de febrero, por sorteo, a los tres jueces que dejarán sus cargos. A partir de entonces las renovaciones se harán cada tres años. Y, desde 2025 los jueces seleccionados ostentarán el cargo por nueve años, como manda la Constitución.
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