Una sentencia de la Corte Constitucional (CC) -con efectos retroactivos- reabre el debate público sobre la independencia judicial y el error inexcusable.
El caso se originó en 2013, en Esmeraldas. El Consejo de la Judicatura, entonces presidido por Gustavo Jalkh, destituyó al juez César Hernández aplicando la figura del error inexcusable.
Un poco más de cinco años después, Hernández llevó su caso ante la justicia. Interpuso una acción de protección en contra del Pleno del Consejo de la Judicatura.
La causa recayó en el despacho de Santiago Altamirano, juez de lo civil. Pero, el magistrado -antes de resolver la acción- pidió a la Corte Constitucional (CC) la verificación de la constitucionalidad del numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), con el que se norma la aplicación del error inexcusable.
Finalmente, el 12 de agosto de 2020, la CC resolvió que la aplicación de esta figura tiene una constitucional condicionada.
Es decir, puede aplicarse solo si es que antes existe un fallo judicial que haya determinado que el juez actuó con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable.
Aunque la sentencia de la CC se da por un solo caso tiene alcance para muchos más. Hernan Ulloa, abogado que asumió la defensa de varios de los jueces destituidos, dice que hubo al menos 700 casos de jueces destituidos por vía administrativa en la gestión de Jalkh.
La sentencia tiene efectos retroactivos para los jueces destituidos que interpusieron acciones de protección antes de su emisión. Es decir, todos esos magistrados deberán ser reintegrados e indemnizados.
Pero, esta sentencia no tiene alcance solo para jueces, sino para todos los servidores judiciales incluidos fiscales y defensores públicos. En total, serían 882.
¿Qué dice la Judicatura?
Aunque no fue la responsable de las destituciones, la actual administración de la Judicatura, presidida por María del Carmen Maldonado, deberá aplicar la sentencia de la Corte Constitucional.
Por esta razón, Maldonado anunció que interpondrá un recurso de aclaración y ampliación a la sentencia.
Por ejemplo, pedirá que se detallen los procedimientos y plazos para su aplicación. Además Maldonado considera que con esta resolución se afectan los derechos de los ciudadanos para interponer quejas administrativas por una mala actuación de un juez. Ahora, solo podrán hacerlo por la vía judicial.
Más allá de los reparos del Consejo de la Judicatura, abogados en libre ejercicio y gremios judiciales aplaudieron la decisión de la Corte Constitucional.
Ulloa, quien vivió de cerca la destitución de los jueces, dice que esta decisión deja un precedente que permitirá que la justicia se desarrolle con independencia.
La Asociación de Jueces del Ecuador (Aemaj) también destacó la sentencia.
Casos actuales, en suspenso
Fausto Morillo, actual vocal de la Judicatura, dijo que al momento hay más de 3.000 expedientes disciplinarios contra funcionarios que quedarán a la espera de un pronunciamiento judicial, antes de que se pueda emitir una sanción administrativa.
En los últimos meses, por ejemplo, la Judicatura ha informado la apertura de varios sumarios en contra de jueces que tomaron resoluciones polémicas.
- Por ejemplo, se abrieron expedientes contra la jueza que dio paso a la prelibertad de Jorge Luis Zambrano, alias ‘Rasquiña’. líder de la banda de ‘Los Choneros’.
- También en contra del magistrado que negó el pedido de prisión preventiva en contra de Carlos Luis Morales (+), exprefecto del Guayas cuando empezaba su proceso por corrupción.
- Asimismo, hay otro trámite en contra de la magistrada que liberó a Carlos Miguel de Miguel III, gerente de la minera Hanrine, a quien se le encontraron armas y municiones.
Del lado político, también, hay sectores que intentan aprovechar esta sentencia.
El expresidente Rafael Correa, pese a que fue en su período cuando se destituyó a los funcionarios con esa figura y las decisiones las ejecutaron figuras cercanas a él como Jalkh, aplaudió la decisión de la Corte Constitucional (CC).
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