La Corte Constitucional pidió que el Ejecutivo y el Legislativo trabajen en un proyecto para evitar la necesidad de recurrir a estados de excepción hace casi un año. La Comisión de Salud pide respuestas al Gobierno.
La Asamblea se ha tomado su tiempo en el trámite del proyecto de Ley Orgánica para la gestión de emergencia sanitaria por pandemia. La iniciativa busca regular las medidas de restricción por Covid-19 de una forma que no necesite estados de excepción; por lo que la Corte Constitucional pidió agilidad a la Asamblea.
Pero el trámite lleva tan retrasado que, frente a la aparición de la variante delta, el presidente Guillermo Lasso tuvo que declarar el estado de excepción en la provincia de El Oro y la ciudad de Guayaquil.
Aunque la Corte Constitucional aún no ha hecho la revisión de dicho decreto, lo más seguro es que el organismo insista en que las restricciones por la pandemia tienen deben migrar al régimen ordinario.
La Corte solicitó el trámite de este proyecto de ley hace 11 meses. El anterior Gobierno lo presentó con retraso a la Asamblea en abril; por lo que ya va tres meses en los que el Legislativo no llega siquiera al primer debate.
Y la misma Corte ya le hizo una advertencia al anterior Gobierno por su proyecto, algo que la nueva Asamblea debe analizar.
En su último dictamen, los magistrados sostienen que esta ley “no es un mecanismo para poder restringir derechos sin necesidad del control de constitucionalidad de un estado de excepción”.
Algo que contrasta con el texto, que plantea de entrada en su objetivo la restricción del derecho a la libre circulación de los ciudadanos.
La ley estaría lista hasta septiembre
Marcos Molina (ID), presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea, aseguró a PRIMICIAS que la agenda que manejan es que la ley esté aprobada en segundo debate hasta el 7 de septiembre.
La demora en el cierre del informe para primer debate -dijo- se debe a que la Secretaría Jurídica no ha enviado sus observaciones al texto. De entrada, el presidente de la Comisión aseguró que el proyecto tendrá importantes cambios, para cubrir los vacíos que el texto original tenía.
Molina, médico de profesión, cree que el camino correcto para esta ley es que se logre establecer de manera clara las restricciones en áreas críticas determinadas, como barrios, parroquias, zonas de tolerancia o tipos de locales como bares y discotecas.
La idea es que esta ley logre contener futuros brotes del virus sin paralizar ciudades enteras o afectar la economía de los ciudadanos, basados en indicadores.
María José Plaza (Creo-BAN), vicepresidenta de la Comisión, considera que aún falta mucho trabajo para llegar a un informe de primer debate, pues apenas han tenido una comparecencia de la Presidencia.
En ella, se advirtió de posibles inconstitucionalidades en el texto enviado por el anterior Gobierno.
Plaza sostiene que es una contradicción que el proyecto presentado por Lenín Moreno señale que busca restringir derechos, cuando eso solo se puede hacer a través de un estado de excepción. Lo que la ley debe hacer es aplicar restricciones sanitarias focalizadas.
Por ello justamente esperan las observaciones de la Secretaría Jurídica.
Informe a la Corte Constitucional y exhorto al Presidente
La Comisión de la Salud resolvió este 19 de julio de 2021 aprobar una resolución en la que llaman al Ejecutivo que responda las peticiones de los legisladores para poder avanzar en el trámite del proyecto de ley.
La resolución exhorta a Lasso a “priorizar e impulsar de manera urgente” la ley para la gestión de la emergencia sanitaria.
La aprobación de este artículo generó el reclamo de la asambleísta María José Plaza, pues el Presidente no tiene ningún papel directo en el trámite de este ni ningún otro proyecto legislativo, y el texto confunde las atribuciones de ambas funciones.
“Solo hubo una comparecencia de la Presidencia. El Ejecutivo ha hablado de posibles inconstitucionalidades. Pero de eso nos saltamos a la resolución de hoy”, aseguró Plaza en diálogo con PRIMICIAS.
La resolución también incluye el envío de un informe sobre el trámite de la ley a la Corte Constitucional, que especifique “las insistencias realizadas a la Función Ejecutiva y la falta de contestación de las mismas”.
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