Ecuador consta entre los 12 países con más alta percepción de corrupción de América Latina, según Transparencia Internacional

Luego de 26 meses de gestión del gobierno de Daniel Noboa la percepción de corrupción en el país se mantiene en niveles similares a los de gobierno anteriores. Incluso se ha añadido un declive en la transparencia y de las libertades cívicas.

El último Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparencia Internacional, ubica a Ecuador en el puesto 116 de 182 países medidos. En Latinoamérica, el gobierno ecuatoriano se ubica en el puesto 21 de 30 países seleccionados.

El informe señala que las leyes que limitan el acceso de las ONG a fondos y obstruyen sus operaciones, junto con la intimidación y hostilidad hacia los medios de comunicación independientes, han reducido la supervisión ciudadana y la capacidad de exigir responsabilidades al gobierno.

Con las cifras de Transparencia Internacional la puntuación promedio de la región es de 40/100. Este ranking otorga más puntos a los países más transparentes. Por lo que, mientras más baja es la calificación esto implica una mayor percepción de que los gobiernos son "altamente" corruptos.

Ecuador, históricamente no ha logrado nunca superar los 40 puntos. Su mejor calificación la recibió durante la gestión de Lenin Moreno, en 2020, cuando alcanzó 39 puntos en la escala de 100. Desde entonces la medición ha ido decayendo.

Al cierre de 2025, el Índice muestra una leve recuperación, de un punto. Esto ubica al país en niveles similares de opacidad en la administración pública que los de Panamá, El Salvador, Perú y Brasil. Aunque lejos de los peores de la región: Venezuela, Nicaragua y Haití, donde la transparencia es casi inexistente.

El Índice de este año habla de una "erosión generalizada de la democracia debido a la inacción gubernamental", que también ha permitido el crecimiento del crimen organizado. Y afirma que en toda la región, la corrupción en los servicios públicos tiene graves consecuencias en la vida cotidiana de las personas.

Por ejemplo, en Ecuador, 2025 será recordado como uno de los peores años para la salud pública con niveles históricos de desabastecimiento a escala nacional, sumado a los problemas en la obtención de citas y las denuncias de corrupción.

También están los escándalos de Healthbird y Progen, que fueron promocionados como logros del Ejecutivo en su momento, tanto para el mismo sector de salud, como para el de energía. 

El primero fue un cuestionado y secreto contrato con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) para diseñar un complejo sistema de gestión de los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y con el Ministerio de Salud. Los cuestionamientos hacia la probidad y experiencia de la empresa hicieron que el proceso se caiga. Sin embargo, el Gobierno declaró el acuerdo entre las partes como confidencial y reservado por los próximos 15 años.

En el segundo caso se trató de la contratación de generación eléctrica a la empresa estadounidense Progen, con la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). En este caso el Ejecutivo pagó la mayor parte de los dos millonarios contratos sin que los motores comprados hayan llegado a funcionar.

A todo esto se suma el incremento radical en la declaratoria de reserva de información de contratos y programas del Gobierno. El Ejecutivo ha declarado áreas enteras como confidenciales, como los gastos de seguridad o de programas como Jóvenes en Acción y las compensanciones a los transportistas por el fin del subsidio al diésel.

Todas estas acciones coincide con la calificación del Índice de Percepción de la Corrupción y contradicen el discurso de redes sociales del presidente Noboa y sus ministros, que hablan de una mayor transparencia en su gestión, en comparación con gobiernos anteriores.