"El interventor no tiene incidencia en la independencia editorial de Granasa", dice abogado de la empresa, tras la intervención de la Superintendencia de Compañías

Gráficos Nacionales S.A., empresa editora de los diarios Expreso y Extra, con sede en Guayaquil, respondió este 20 de febrero a la intervención declarada por la Superintendencia de Compañías dos días antes, ante una controversia por el control de una parte de su paquete accionario.

La Superintendencia alega que el objetivo de la intervención es "supervigilar la marcha económica financiera y propiciar la corrección de las irregularidades advertidas, a fin de evitar perjuicios a sus socios y/o terceros".

Eduardo Carmigniani, abogado de Granasa, explicó que la intervención fue notificada la noche del 18 de febrero y al día siguiente se presentó la interventora designada, cuya figura, según dijo, no reemplaza a los directivos de la empresa.

“La intervención no implica que el interventor se convierta en administrador. La administración sigue en manos de sus autoridades habituales. El interventor únicamente debe otorgar visto bueno en determinadas operaciones, conforme a la ley”.

Eduardo Carmigniani, abogado de Granasa.

La interventora designada por la Superintendencia es la abogada Elizabeth del Pilar Jiménez Franco, quien ya cuenta con una oficina en las instalaciones de Granasa y que deberá entregar informes mensuales sobre esta tarea.

"No existe vulneración de derechos"

La Superintendencia fundamentó la intervención en una supuesta vulneración del derecho de información de la empresa gubernamental Inmobiliar, accionista minoritaria que posee el 2,56 % del capital desde el 23 de enero de 2026, por orden judicial, y que se quedó con este paquete accionario que pertenecía a la familia Isaías, luego de que la Corte Constitucional anulara la restitución de los bienes de los exdueños de Filanbanco. 

Granasa sostiene que no ha existido tal vulneración. Según Carmigniani, la ley establece que los accionistas tienen derecho a informes de auditoría y actas de junta general, "pero la administración puede negar información adicional cuando esta sea sensible o pueda afectar los intereses de la compañía".

En este caso, el accionista habría solicitado listas de clientes y suscriptores, contratos con proveedores y detalles de estrategias legales, información que la empresa considera reservada.

“Se trata de información comercial sensible. Resulta improcedente que un competidor tenga acceso a datos estratégicos de la compañía”, señaló.

Un caso aparte

Carmigniani aclaró que esta intervención no tiene relación con otros procesos previos, como la transferencia de acciones realizada en febrero de 2020 por la compañía Veranera, en liquidación, a Ingrid Martínez, ni con investigaciones relacionadas con presunto lavado de activos. 

Sobre este último punto, el abogado de Granasa explicó que una auditoría externa internacional revisó las ventas a mayoristas, las guías de remisión y los pagos recibidos, concluyendo que no existe ninguna irregularidad. “Los números coinciden. Ese expediente ha quedado desinflado”, afirmó.

Consultado sobre el alcance de la intervención, el representante explicó que el interventor no puede tener injerencia en la línea editorial ni en el contenido informativo de los medios.

“La ley es clara: el interventor no tiene incidencia en la línea de negocio ni en la independencia editorial. Eso es impensable”.

Eduardo Carmigniani, abogado de Granasa. 

En cuanto al plazo de la intervención, el jurista sostuvo que las intervenciones no tienen un período fijo y se mantienen hasta que se superen las causas que las motivaron.

Finalmente, la administración reiteró que considera que existe un contexto de hostigamiento vinculado a la postura editorial de la empresa. 

“La línea editorial e informativa se mantiene y se mantendrá absolutamente inalterable. No hay poder en el mundo que pueda doblegar la independencia de estos medios”, afirmó el representante legal de la compañía durante una rueda de prensa en Guayaquil.