La sentencia que anuló la restitución de bienes a los Isaías deja un vacío sobre qué pasará con lo ya devuelto

La sentencia de la Corte Constitucional (CC) que echó abajo las decisiones judiciales que permitieron a los hermanos William y Robero Isaías Dassum recuperar una parte de lo que el Estado ecuatoriano les incautó en 2008 deja todavía varios vacíos. 

Una de las principales dudas es cómo las instituciones públicas lograrán volver a tener control sobre bienes que ya fueron vendidos.

La sentencia de la Corte Constitucional no aborda el tema de los bienes ya restituidos. Los jueces se centraron en analizar las decisiones de los jueces que encontraron que hubo una violación a la reparación que, a su vez, determinó el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Los jueces de la Corte se concentraron en el cambio de figura de medidas cautelares a acción de protección que el juez Jhonny Lituma hizo en 2022. La CC encontró que dicho cambio, realizado por Lituma de oficio, inobservó precedentes jurisprudenciales y vulneró el derecho a la seguridad jurídica.

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Pero los jueces de la Corte dejaron por fuera que dicha sentencia del juez Lituma, ratificada por la Corte Provincial de Justicia del Guayas, es la que permitió que los hermanos Isaías vayan recuperando progresivamente sus bienes. Aunque sí determinaron el archivo de toda la causa.

Una investigación de PRIMICIAS publicada en octubre de 2024 reveló que un fideicomiso creado por los hermanos Isaías recibió al menos 65 bienes inmuebles de Inmobiliar y las acciones de seis empresas tras la sentencia de Lituma. A esto se le suman también bienes devueltos por el Ministerio de Agricultura, que también están ahora a nombre del fideicomiso.

Los hermanos Isaías eran los dueños del Filanbanco, que en su época llegó a ser el banco más grande del Ecuador y que fue intervenido por el Estado durante la crisis financiera de finales de los noventa.

El camino para la restitución al Estado

Aunque la sentencia de la Corte Constitucional no habla de cómo se hará la restitución nuevamente a manos del Estado, el trabajo será de las instituciones que tenían la propiedad de los bienes y acciones.

Inmobiliar, por ejemplo, deberá iniciar el proceso de recuperación de los 65 bienes transferidos al Fideicomiso Mercantil Comité DH-ONU Reparación Integral Trust, de los hermanos Isaías. 

El problema es que algunos de esos bienes ya fueron vendidos, entre ellos el edificio del Hotel Ramada. Esta edificación, ubicada en el centro de Guayaquil, está a nombre del Fideicomiso Mercantil Ramada, que recibió la transferencia desde Fideicomiso Comité DH.

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El Ministerio de Agricultura también deberá recuperar los bienes que había transferido a nombre del fideicomiso de los Isaías. Entre ellos están algunos lotes de lo que era la hacienda La Mercedes, en Durán, Guayas, que constan en el proceso judicial del caso Purga.

Algo similar sucede con las empresas ya devueltas a los Isaías. El caso más importante es el del Grupo Azucarero EQ2, en el que los exdueños del Filanbanco lograron recuperar una parte del paquete accionario, pero estaban buscando la manera de obtener el control total de la empresa. Esto, a pesar de que el Grupo Azucarero fue vendido al peruano Grupo Gloria. 

En este caso, los Isaías también recuperaron EQ2 a través de su Fideicomiso Comité DH, pero vendieron esas acciones a Venus Investments International Ltd., una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas (consideradas un paraíso fiscal) de propiedad de Estéfano Isaías, otro hermano.

Las acciones de EQ2, antes de pasar a manos de los Isaías, estaban en manos de la Unidad de Gestión y Regularización. Esta institución deberá ahora encargarse de la recuperación de ese paquete accionario.

Los jueces señalados

Los tres jueces que le dieron la razón a los hermanos Isaías deberán ser investigados por un presunto prevaricato. La Corte Constitucional decidió remitir el expediente a la Fiscalía porque sus actuaciones fueron "contra ley expresa", por lo que pidió que se inicie una investigación para determinar si hay indicios de un delito.

Los tres jueces son:

• Johnny Lituma, juez de la Unidad Judicial de la Familia de Guayaquil, quien aceptó las medidas cautelares planteadas por los Isaías y luego las transformó en una acción de protección que ordenó la restitución de los bienes a los hermanos. Lituma también es el juez que conoció el caso sobre la pensión alimenticia para el niño fruto de una violación, por la que fue sentenciado Jorge Glas Viejó, padre del exvicepresidente Jorge Glas. 
• Adolfo Gaibor Gaibor, exjuez de la Corte Provincial del Guayas, que ratificó la sentencia de primera instancia favorable a los Isaías. Él ya fue destituido de su cargo por error inexcusable por un caso relacionado con la Corporación Financiera Nacional. Gaibor también está procesado en el caso Metástasis, por haber tramitado recursos relacionados con el narcotraficante Leandro Norero.
• Alberto González, también exjuez de la Corte Provincial del Guayas, fue parte del tribunal que ratificó la sentencia de Lituma. Él también fue destituido por error inexcusable, igual que Gaibor, por el fallo contra la CFN, que fue analizado por la Corte Constitucional mismo.