Leonidas Iza enfrenta denuncia electoral por las cuentas de la campaña de la consulta popular de 2023

Los problemas del expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, no se limitan a la justicia común, ahora tendrá que responder también ante la justicia electoral. 

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, presentó el 17 de octubre pasado ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) una denuncia por supuesta infracción electoral contra el dirigente indígena.

Atamaint acusa a Iza, en su calidad de representante legal de la Conaie, de no haber presentado el informe sobre los recursos utilizados en la campaña de la consulta popular. Dicho proceso se realizó para mantener el crudo del bloque 43 bajo el subsuelo, que se desarrolló en 2023.

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En la denuncia se incluye a Zenaida Yasacama, que fue vicepresidenta de Iza en la Conaie y aparece como responsable del manejo económico. También la denuncia abarca a Patricia Lalvay, la jefa de la campaña del movimiento indígena para esa consulta.

Este martes 21 de octubre, el caso llegó a conocimiento del juez Patricio Maldonado Benítez, quien dio un plazo de 48 horas para que Atamaint complete y aclare la denuncia, previo a seguir con el proceso.

La UNE también bajo la lupa

Esta no es la primera denuncia que presenta la presidenta del CNE, Diana Atamaint, en torno al control financiero por la campaña de la consulta sobre mantener el crudo del bloque 43 bajo el subsuelo.

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A inicios de este mes, la máxima autoridad electoral denunció al dirigente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe quien fue jefe de la campaña y actualmente es presidente del gremio de los maestros.

También, a Isabel Vargas, que para entonces fungía como presidenta de los educadores y por lo tanto era representante legal de la UNE.

Ese caso está en manos de la jueza Ivonne Coloma que dispuso para el 6 de noviembre la audiencia oral única de pruebas y alegatos, previo a emitir una sentencia de primera instancia.

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Sanciones

Las infracciones relativas al financiamiento de la política y gasto electoral serán sancionadas con una multa de 20 a 70 salarios básicos y la suspensión de los derechos políticos de dos a cuatro años, según el Código de la Democracia.