Estas son las 39 pistas que ha dado Daniel Noboa sobre lo que quiere para la nueva Constitución de Ecuador
Para su primera consulta y referendo, el Mandatario planteó 20 temas en dos bloques. Después, ha ido lanzando 11 otras propuestas dispersas, que ya suman 19 preguntas.

El presidente Daniel Noboa da un breve discurso a puertas de la Corte Constitucional, en Quito el 12 de agosto de 2025.
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EFE / José Jácome
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Desde el inicio de su primer periodo, el presidente Daniel Noboa ofreció llevar a los ecuatorianos a las urnas para preguntarles sobre los temas que consideraba importantes. Pero en esa línea, ya suma 39 propuestas de consulta popular y referendo. Y la última busca iniciar un nuevo proceso constituyente.
Las primeras 20 las planteó en enero de 2024 y las otras 19 han llegado a cuenta gotas desde septiembre de ese mismo año. Esto hizo que la Corte Constitucional (CC) regañe al Mandatario, al menos, en tres ocasiones por plantear propuestas fragmentadas, sin "tener presente que los cambios constitucionales no corresponden, únicamente, a consideraciones de conveniencia política".
Pero, las propuestas presidenciales han coincidido siempre con coyunturas políticas y la conveniencia del Gobierno. El paquete inicial aprovechó la primera victoria electoral de Noboa sobre el correísmo y el deseo de cambio que había en el país. Esto se sumó a la reforma parcial que lanzó Guillermo Lasso para modificar el rol de las Fuerzas Armadas y que estaba lista para someterse a votación.
Con la promesa de mano dura contra la violencia y el crimen organizado, el Gobierno empezó a marca la ruta de los cambios que buscaba para el marco legal del país.
Casi dos años después, esas pistas que ha ido dejando el Ejecutivo apuntan en un 56% a aumentar el poder de las fuerzas públicas y su inmunidad e incrementar la penalización, juzgamiento y tratamiento punitivo de quienes cometan delitos vinculados con el crimen organizado.
El otro 28% de iniciativas han sido de tinte directamente político. Están, por ejemplo, las reformas para reducir legisladores, devolver la designación de autoridades a la Asamblea Nacional, estrechar el control constitucional de las medidas presidenciales o prohibir el uso de la imagen de corruptos.
Estas medidas, de conseguirse, reforzarían el ya existente hiperpresidencialismo ecuatoriano, que beneficiará directamente al movimiento político en el poder: Acción Democrática Nacional (ADN). Esto debido a que, junto a las últimas reformas electorales que cambiaron el método de adjudicación de escaños, el partido más fuerte arrasará en las elecciones y la representación de las minorías desaparecerá.
Sin embargo, los magistrados constitucionales han sido una piedra en el zapato del presidente Noboa, y frenado han las propuestas de consulta y referendo que no cumplían con los requisitos legales y constitucionales.
El 41% de las medidas planteadas no superaron los filtros de la Corte y otras ocho preguntas siguen pendientes de dictamen. Pero el Ejecutivo empezó una intensa campaña de presión contra los nueve jueces, liderada por el propio Mandatario.
No solo los acusaron de ser enemigos del pueblo y de ser responsables de la crisis de violencia que tres gobiernos no han podido frenar, los funcionarios del Gobierno también amenazaron con retirarles su sede e incluso pidieron a la Fiscalía y Judicatura que los investiguen por delitos inexistentes.
Y es por eso que tres de las últimas propuestas del presidente Noboa apuntaron a restar poder a la Corte, intentando enjuiciar políticamente y destituir a sus jueces, exigiendo más votos para frenar las propuestas presidenciales o modificando totalmente la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
La primera no prosperó por no cumplir con los requisitos y argumentos jurídicos mínimos. Las otras dos siguen esperando un criterio de los magistrados.
Sin embargo, en medio del descontento por la eliminación del subsidio al diésel, anuncios de protestas y movilizaciones en distintas provincias, Carondelet apuntó a desviar nuevamente la atención con una propuesta más radical: cambiar la Constitución.
Esta estrategia se ha repetido con las otras propuestas. Noboa planteó el retorno de las bases militares extranjeras el mismo día en que el Ejecutivo anunciaba apagones nocturnos y toque de queda en todo el país, en septiembre de 2024.
Esto también coincidió con cuando llegaron los apagones imprevistos, el Mandatario anunció su intención de evitar que el dinero del Estado financie a los partidos políticos. Y cuando la duración de los cortes de luz se volvió a extender, Noboa enfocó otra reforma constitucional en las personas privadas de libertad.
Los temas económicos también han tenido su espacio, aunque en menor cantidad. En su primera intención de abrir el Ecuador al arbitraje internacional y al trabajo por horas, el Gobierno perdió en las urnas.
Pero la obsesión presidencial está enfocada en el retorno de los casinos. El Mandatario lo ha planteado ya en tres ocasiones. La primera bajo la excusa de conseguir fondos para atender la salud mental de los ecuatorianos, pero la ola de críticas lo hizo retroceder.
Después lo propuso como solución a la falta de recursos para atender la desnutrición crónica infantil y la Corte le dijo que no tenía relación. Finalmente, planteó su reapertura a secas y espera un nuevo dictamen.
Aunque estas últimas propuestas ahora pierden relevancia, ya que si el Gobierno consigue ir a una Asamblea Constituyente, todos esos temas fallidos pueden tratarse directamente en la redacción de la nueva Constitución.
Así, si el presidente Noboa gana en las urnas, no necesitará seguir insistiendo en sus constantes consultas y referendos ante la Corte Constitucional, si consigue una mayoría calificada de asambleístas constituyentes podrán efectuar todos esos cambios y someterlos, en conjunto, a la voluntad popular.
El escenario electoral
La apuesta del Mandatario, de redactar una nueva Carta Política, reflejará una vez más parte de su popularidad, en medio de factores como: la eliminación del subsidio al diésel, la militarización del país, la resistencia a ciertos procesos extractivistas, el incremento de la violencia y la criminalidad, la crisis de la salud pública y los intentos de avivar un paro nacional desde distintas provincias.
Pero, en la tarima electoral también entrarán otras dos opciones que mueven a grandes sectores de votantes: el rechazo al correísmo (con su Constitución de Montecristi) y el sorpresivo respaldo de la Revolución Ciudadana, que coincide con Noboa en sus cálculos políticos.
Según el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE) ese pulso político se dará el 16 de noviembre próximo. Es decir, en poco más de siete semanas. E incluirá el referendo constitucional que busca eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras y el financiamiento público a los partidos políticos.
Lo que no queda claro aún es qué sucederá con las últimas propuestas del Ejecutivo, que esperan dictamen de la Corte Constitucional o llegar a manos del CNE, para ser incluidas en las papeletas. Se trata, por ejemplo, de las preguntas para reducir asambleístas, permitir el funcionamiento de casinos o quitarle la designación de autoridades al Consejo de Participación Ciudadana.
De las últimas ocho iniciativas de consulta y referendo que el presidente Noboa envío a la Corte hay una lista para llegar a las urnas: la que plantea el trabajo por horas en el sector turístico (en casos de primer empleo).
Las otras siete, con alta carga política, todavía esperan dictamen: las tres de consulta no tienen un plazo y las cuatro de referendo esperan el segundo pronunciamiento, que puede llegar hasta el 16 de octubre. En caso de llegar al plazo máximo, debería convocarse a otro proceso electoral para estos temas o el Ejecutivo podría desistir de llevarlos a las urnas.
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