Librarse de Verónica Abad, el conflicto que el Gobierno intenta resolver contrarreloj
En su intención de mantenerla lejos, el presidente Daniel Noboa designó a Verónica Abad como su embajadora en Israel, una de las 20 sedes diplomáticas más costosas que mantiene el país.
Daniel Noboa y Verónica Abad fueron el primer binomio presidencial inscrito en 2023, por la alianza entre el PID y Mover.
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El culebrón político dentro del Gobierno se mantiene, las disputas entre la vicepresidenta Verónica Abad y los funcionarios del Ejecutivo siguen acumulando capítulos. Y, como cada bando cuenta una historia distinta, hay dos versiones oficiales en constante choque.
Sin embargo, el objetivo final del Gobierno es evitar que Abad reemplace a Daniel Noboa, mientras se dedica a su campaña para la reelección, en enero próximo. Y las acciones que podrían evitar que eso suceda no han dado resultados... todavía.
Por eso, esta vez, el Ejecutivo busca que el Ministerio de Trabajo inicie un sumario administrativo en contra de la Segunda Mandataria y Embajadora en Israel. ¿El motivo? Su tardío traslado a Ankara (Turquía).
Según la Cancillería, el 27 de agosto notificaron a Abad que debía llegar a esa ciudad antes del 1 de septiembre. Es decir, tenía cuatro días para viajar. Pero la funcionaria arribó ocho días después, el 9 de septiembre.
Y esta no es la primera vez que el presidente Noboa pone a correr a la Vicepresidenta. Lo mismo sucedió con su designación como Embajadora para la paz en Tel Aviv. En diciembre, el Mandatario le notificó que tenía seis días para trasladarse de Quito a Tel Aviv.
Esa intención de poner distancia geográfica entre Carondelet y Abad vino alimentándose desde el balotaje de 2023, tras las polémicas declaraciones y actitudes de la entonces compañera de fórmula de Noboa en campaña.
Y, desde ese momento, el presidente Noboa y los miembros de su gabinete han mantenido el discurso de que la vicepresidenta y embajadora Abad busca llegar al poder, con el apoyo de otros partidos, para "revertir las victorias del gobierno". Por lo que las acusaciones en su contra se han multiplicado.
Además, el caso Nene, en el que se investiga al hijo de Abad y a uno de sus asesores, acusados de presunta oferta de tráfico de influencias, ha colaborado al desprestigio de la Vicepresidenta dentro del Gobierno. Y la negativa de la Asamblea, de permitir su enjuiciamiento penal, alimentó las teorías oficialistas en su contra.
¿Puede Verónica Abad perder su puesto?
La vicepresidenta Verónica Abad, al igual que cualquier otro funcionario público, puede perder su cargo. No obstante, la Constitución es clara en señalar solo seis motivos específicos para el cese de funciones de un mandatario:
Por terminación del periodo presidencial.
Por renuncia voluntaria aceptada por la Asamblea.
Por destitución del cargo (por arrogarse funciones o por grave crisis política o conmoción interna) o por enjuiciamiento político (por delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia).
Por incapacidad física o mental permanente que le impida ejercer el cargo.
Por abandono del cargo comprobado.
Por revocatoria del mandato.
Por lo tanto, no cabría legalmente una destitución por otra entidad pública que no sea la Asamblea Nacional.
Por ejemplo, esto ya sucedió en el caso de Jorge Glas. El 2 de octubre de 2017 entró en prisión preventiva por el caso Odebrecht y el 27 octubre la Contraloría lo sancionó con la destitución, por irregularidades en la adjudicación del bloque Singue. Sin embargo, aunque la entidad notificó su decisión a la Asamblea, no fue ejecutada.
Glas finalmente perdió el cargo el 3 de enero de 2018, cuando cumplió los 90 días de ausencia del cargo y, por lo tanto, se declaró el abandono del puesto.
Otras posibilidades
De todas formas, aunque no existen precedentes de otro tipo de destituciones presidenciales o vicepresidenciales, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tiene en sus manos dos denuncias contra Abad.
La primera es por haber realizado supuesta campaña anticipada para su candidatura a la Alcaldía de Cuenca en 2023; y la segunda, presentada por la asesora presidencial Diana Jácome, que la acusa de violencia política de género.
En ambos casos, el Código de la Democracia establece como posibilidad de sanción una multa, la destitución del cargo y la suspensión temporal de los derechos políticos. Y Jácome ha dicho públicamente que el objetivo final es precisamente la destitución de Abad.
También existe la posibilidad de que el sumario administrativo del Ministerio del Trabajo determine el incumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 353, del 8 de agosto, en el que el Mandatario ordenó que Abad se traslade a Ankara.
Sin embargo, el decreto no estableció un plazo para que ello suceda. El plazo lo impuso la Cancillería en su memorando del 27 de agosto. Y, en caso de que el Gobierno presente una acción de incumplimiento contra la Vicepresidenta, pero esta quedaría en manos de la Corte Constitucional.
Además, la Cancillería sigue de cerca la gestión de Abad que, con el decreto 27, recibió una "única función" como Embajadora por la paz, para evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Hamás. Pero que con el decreto 61 fue designada a la vez como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria.
Esto, según la Cancillería, implica que Abad debe cumplir con todos los roles de un jefe de misión diplomática y no solo concentrarse en actividades alrededor del conflicto, contrario a lo que ha informado en sus reportes mensuales de gestión.
¿Por qué la Vicepresidenta fue enviada a Ankara?
El último comentario lo hizo la Cancillería, dirigida por Gabriela Sommerfeld. El 10 de septiembre, la entidad afirmó que el traslado de Abad hacia Ankara (Turquía), fue por motivos de seguridad, para responder a sus "varias comunicaciones" y satisfacer "su deseo de ser trasladada a otro país".
Esto porque la Segunda Mandataria y también Embajadora ante Israel había comentado repetidamente que su vida corría peligro por el incremento de las tensiones en Oriente Medio, por el conflicto entre Israel y Hamás.
Sin embargo, en una entrevista, Abad negó que la seguridad sea el motivo, ya que argumentó que el resto de la delegación diplomática permanece en Tel Aviv. Esto, según la Cancillería, es porque los demás funcionarios expresaron su deseo de permanecer en Israel.
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