Metástasis, Independencia Judicial y Pantalla: la corrupción judicial confluye en Wilman Terán

La presidencia de Wilman Terán en el Consejo de la Judicatura duró 307 días. Ese tiempo, según la Fiscalía General del Estado (FGE), fue suficiente para que profundizara la existencia de una estructura de corrupción en la Función Judicial.

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El caso Metástasis

Los delitos de Terán habrían empezado, al menos, desde su época de juez de la Corte Nacional (CNJ). En mayo de 2022, en Samborondón, fue detenido el narcotraficante Leandro Norero junto a sus hermanos. Fueron acusados de lavado de activos.

Norero, alias 'El Patrón', constituyó una estructura de corrupción para buscar la impunidad suya y de sus familiares. Así, en conjunto con su equipo de abogados, el criminal empezó a plantear una serie de acciones constitucionales para lograr su libertad.

Helive Angulo, alias 'Estimado', que era la mano derecha de Norero, contactó a Terán a través de Álex Palacios, quien era su asesor. El habeas corpus para liberar a Israel Norero, hermano de 'El Patrón', había recaído en la Sala de la CNJ a la que Terán pertenecía.

Según los mensajes de 'Estimado' para Norero, Terán habría pedido más de USD 400.000 para cada juez, a cambio de firmar la liberación. Pero el narcotraficante lo consideró excesivo y declinó ese plan. El habeas corpus se negó.

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Sin embargo, le habrían pedido a Terán que retrasara la notificación del fallo para ganar un poco de tiempo. Según relató Palacios, 'El Diablo' —como era conocido Terán en ese mundo—, habría aceptado a cambio de un soborno de USD 10.000.

Esa movida judicial pasó oculta hasta diciembre de 2023, cuando la Fiscalía destapó el caso Metástasis. Casi un año después, Wilman Terán fue sentenciado a nueve años y cuatro meses de prisión.

En el intermedio, entre la recepción del soborno del caso Metástasis y su descubrimiento, Terán fue nombrado presidente del Consejo de la Judicatura. En esa época, según la Fiscalía, el exfuncionario abonó para profundizar la crisis.

El caso Independencia Judicial

Las primeras muestras —judicializadas— de la corrupción en la justicia datan de junio de 2022, antes de la llegada de Terán a la Judicatura. Guadalupe Llori había sido destituida de la Presidencia de la Asamblea Nacional. La política amazónica buscó recuperar su cargo a través de una acción de protección, que llegó a la Corte Provincial de Pichincha.

Las influencias empezaron a moverse alrededor de ese caso. La Fiscalía rastreó una reunión secreta en un edificio del norte de Quito. Participaron Juan José Morillo y Ruth Barreno, entonces vocales del Consejo de la Judicatura. Así como jueces de Pichincha.

Un año después, a mediados de 2023, la Fiscalía emprendió un proceso por tráfico de influencias contra los involucrados. El caso recayó en el despacho del juez nacional Walter Macías, cuando Wilman Terán ya había aterrizado en el despacho presidencial de la Judicatura.

Entonces, las influencias se empezaron a mover en esa entidad. Según la Fiscalía, Barreno —con la complicidad de Terán y Xavier Muñoz (otro exvocal de la Judicatura)—, movió los hilos para sacar a Macías del caso. Incluso, llegaron a suspenderlo y hasta destituirlo.

La Fiscalía procesó a todos los involucrados por obstrucción a la justicia. Ese es el caso denominado Independencia Judicial, cuyo juicio empezó el 4 de diciembre de 2024 y está en pleno desarrollo.

El caso Pantalla

Mientras ocurrían los hechos relacionados con Walter Macías, en el Consejo de la Judicatura avanzaba el concurso para elegir a 11 jueces de la Corte Nacional de Justicia, todo bajo el mando de Terán.

Para esto, el abogado había conformado —según sus asesores— toda una estructura de manejo político, jurídico y hasta criminal, en la Judicatura. Externamente, Terán tenía varios grupos que se dedicaban a la asesoría política, respaldo social y control territorial. Los denominó Ángeles negros, Ángeles blancos y Legión rural.

Además, estableció contrato con un equipo informático, denominado equipo invisible, que le daba servicios de hackers y de troll center, que se dedicaba, entre otras actividades, a atacar cuentas de redes sociales contrarias a Terán y a respaldar los mensajes a favor de su gestión. 

Internamente, en cambio, a su equipo cercano de colaboradores lo denominó cerebro. Ellos se encargaban de generar proyectos de resoluciones a ser tomadas por el Pleno. Por ejemplo, estuvieron detrás de la cuestionada ampliación del período de jueces nacionales y del intento de suspensión de la fiscal Diana Salazar.

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Pero, además, estos funcionarios controlaron todos las fases del concurso para jueces nacionales. Estos mismos exasesores confesaron, en el caso Pantalla, que Wilman Terán les presionaba para que un grupo de abogados ganara y poder tomarse la Corte Nacional.

Por ejemplo, ha sido nombrada Anabel Torres, exjueza de Santo Domingo y supuesta pareja de Terán, a quien proyectaban como la próxima presidenta de la CNJ. Incluso, el propio Terán rindió el examen teórico dentro del concurso para favorecerla.

Por esta razón, Terán, sus exasesores y Torres fueron procesados en el caso Pantalla por asociación ilícita. En ese proceso, la investigación está abierta, y, recientemente, los exfuncionarios rindieron testimonios anticipados.