Fiscalía investiga al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por la compra de 60 trolebuses

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, acudió este 24 de marzo a un llamado de la Fiscalía General del Estado para rendir su versión sobre la adquisición de 60 trolebuses, proceso que hoy está bajo investigación tras un informe de la Contraloría General del Estado. 

Al salir del Ministerio Público, Pabel Muñoz aseguró que su comparecencia tuvo como objetivo “esclarecer cuál ha sido mi participación en el marco de cooperación que ha tenido el municipio con la Oficina de Naciones Unidas (Unops)”, subrayando que su rol se limitó a la firma de un memorando de entendimiento. 

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Sobre el informe de la Contraloría, el alcalde de Quito expresó que "prácticamente no se entiende nada de lo que ha señalado ahí” y aseguró que contiene “un conjunto de vulneraciones”. Además, calificó como un “bochorno internacional” a la posibilidad de que se investigue un presunto peculado en un proyecto ejecutado con una agencia de la ONU.  

El alcalde Pabel Muñoz insistió en que la hipótesis de un delito de peculado en este contexto es absurda: “se llega a plantear la posibilidad de existencia de una figura de peculado nada más y nada menos que con las Naciones Unidas”, dijo, sugiriendo que el solo hecho de plantearlo expone al país ante la comunidad internacional.

Pabel Muñoz habla de "persecución política"

Muñoz sostiene que el proceso en su contra tiene motivaciones políticas y no estrictamente técnicas o jurídicas. Aseguró que, pese a haber entregado toda la información solicitada y a que —según su criterio— “lo técnico y lo jurídico está absolutamente claro”, la investigación presenta “ribetes de persecución política”.

Fiscalía convoca a rendir versión

Carlos Soria, abogado del alcalde dijo que, a su criterio, la indagación se originó a partir de “un error” en el informe de la Contraloría, al considerar que la entidad de control no habría interpretado correctamente el funcionamiento de los convenios de cooperación internacional. 

El abogado explicó que la Fiscalía ha convocado a rendir versión a las personas que participaron en la ejecución del convenio, entre ellos el gerente de la Empresa Pública de Transporte de Pasajeros y a los integrantes de los equipos técnicos y jurídicos vinculados al proyecto.

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Añadió que, una vez que se incorpore la documentación correspondiente por parte del Municipio, de la empresa de transporte y del organismo internacional, la defensa espera que el proceso sea archivado.

Soria también cuestionó que habría existido un convenio entre la oficina de las Naciones Unidas y el propio Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), y que el mismo ha sido dado de baja de la página web en donde se publicitaba este acuerdo.