Desplazamiento interno en Ecuador por violencia criminal: la crisis invisible que afecta a miles
Decenas de miles de ecuatorianos se desplazan internamente cada año huyendo de la violencia criminal, un fenómeno reciente que permanece invisibilizado sin reconocimiento oficial ni políticas públicas específicas. Este artículo se basa en el estudio “Internal Displacement in the Context of Organised Criminal Violence”.
82.876 personas mayores de 15 años reportaron haber sido desplazadas por violencia armada e inseguridad en Ecuador en 2024.
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Ecuador atraviesa una transformación dramática en su panorama de seguridad desde inicios de 2020. El país, históricamente considerado un remanso de paz en una región turbulenta, ha experimentado un acelerado deterioro de su tejido social debido a la proliferación de grupos criminales vinculados con carteles internacionales del narcotráfico. Este cambio radical en el paisaje de seguridad ha creado una crisis humanitaria prácticamente desconocida en la historia reciente del país: el desplazamiento interno forzado.
Según el estudio de Gabriela Malo, publicado como quinto volumen de la serie “Internal Displacement in the Context of Organised Criminal Violence” del Programa de Investigación sobre Desplazamiento Interno de la Refugee Law Initiative (RLI), esta forma de injusticia afecta a decenas de miles de ecuatorianos anualmente.
El trabajo, que colabora con el llamamiento de 2025 de la relatora especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, revela la magnitud de un problema que permanece en las sombras: 82.876 personas mayores de 15 años reportaron haber sido desplazadas por violencia armada e inseguridad en Ecuador entre enero y diciembre de 2024, según una encuesta realizada por la ONG 3iSolution (Tabla 1).
Este artículo examina las dimensiones, causas y consecuencias de este fenómeno, así como los desafíos que enfrenta un Estado que aún no reconoce oficialmente la crisis de desplazamiento interno generada por la violencia criminal.
Una bomba de tiempo: el estallido de la violencia criminal
Los años posteriores a 2020 marcaron un antes y un después en la historia contemporánea ecuatoriana. Las organizaciones criminales locales experimentaron un crecimiento exponencial, vinculándose cada vez más estrechamente con carteles internacionales de drogas. Este proceso desembocó en niveles de violencia nunca antes experimentados en el país andino, afectando tanto a ciudadanos ecuatorianos como a migrantes y refugiados que habían buscado asilo en lo que alguna vez fue un destino seguro.
El repertorio de la violencia es aterrador: masacres carcelarias, atentados con explosivos, extorsión generalizada a empresas e individuos, secuestros, sicariato (asesinatos por contrato) y desalojos forzosos de zonas codiciadas como enclaves estratégicos para las operaciones criminales. Particularmente alarmante resulta el reclutamiento de niños y adolescentes para asistir y ejecutar actos violentos, con “informantes” o “vigilantes” que pueden tener apenas ocho años de edad.
Las cifras son estremecedoras. En 2023, según la Unicef, 770 niños fueron asesinados, lo que representa un aumento del 640% en las muertes infantiles por homicidio violento durante los últimos cuatro años. Los adolescentes son frecuentemente “asignados” a trabajos callejeros, incluida la ejecución de homicidios, mientras los miembros de mayor jerarquía de las bandas permanecen seguros en la sombra.
A pesar de que el gobierno ecuatoriano declaró un conflicto armado no internacional a principios de 2024 y promulgó varios estados de emergencia, desplegando tanto fuerzas policiales como militares para combatir a las organizaciones criminales, la situación sigue siendo crítica.
Si bien hubo una reducción del 16% en la tasa de homicidios en 2024 respecto al máximo histórico del país en 2023, en enero de 2025 los números volvieron a aumentar, revelando la persistencia y adaptabilidad de las estructuras criminales (Gráfico 1).
Territorios invisibles: geografía del desplazamiento
Los patrones de desplazamiento interno en Ecuador dibujan un mapa de la violencia que refleja la cambiante geografía del poder criminal. Las organizaciones humanitarias han comenzado a compilar datos que revelan que las provincias costeras registran las tasas de homicidio más altas, coincidiendo con la percepción de los profesionales humanitarios de que la mayoría de las rutas de desplazamiento parten de ciudades costeras hacia otras localidades costeras o ciudades de la sierra andina.
También se observa un desplazamiento visible desde áreas mineras en las tierras altas del sur y las regiones amazónicas, donde los grupos criminales se dedican a la extorsión, el lavado de dinero y la apropiación de minas informales de oro. Los patrones de desplazamiento varían en respuesta al contexto y a las prácticas cambiantes de los grupos criminales, que, a su vez, emprenden nuevas actividades o cambian de ubicación cuando son presionados por las fuerzas estatales, o después de establecer nuevas alianzas o romper las antiguas.
Según otro estudio de una ONG (aún no publicado), en 2024 las provincias costeras junto con las provincias de la sierra norte y Azuay en el sur fueron simultáneamente lugares de expulsión y recepción para grupos en riesgo. Generalmente, las personas desplazadas inicialmente buscan permanecer en su provincia de residencia, pero consideran un destino más distante si el peligro reaparece.
Esmeraldas, en la costa norte, figura entre las provincias con mayor rotación de población. El desplazamiento se hizo visible allí desde 2021; luego, a principios de 2024, la violencia disminuyó, como en el resto de Ecuador, aparentemente debido a la represión militar, y posteriormente fluctuó dependiendo de la presencia de las fuerzas estatales.
El cierre de negocios constituye una señal temprana de advertencia para el desplazamiento de la población, ya que las “cuotas de protección” extorsionadas a empresarios formales e informales obligan a muchos a cerrar sus negocios, con impacto en empleos, clientes y cadenas de suministro.
Las personas contactadas por informantes de ONG en el último año comparten ciertas características: la mayoría huye debido a amenazas contra sus vidas por parte de grupos criminales y busca pasar desapercibida. El temor al reclutamiento infantil es uno de los factores impulsores; según los profesionales, algunas familias envían a adolescentes varones a quedarse con familiares extendidos y asistir a la escuela en una ciudad diferente.
Personas de todos los niveles de ingresos priorizan la seguridad al seleccionar un destino. Las ciudades de la Sierra, con tasas de homicidio más bajas, son elegidas frecuentemente, y algunas universidades facilitan opciones de inscripción adaptadas para estudiantes de escuelas costeras.
Refugiados en su propia tierra: La crisis humanitaria invisible
La situación de los desplazados internos en Ecuador constituye una crisis humanitaria que permanece en gran medida invisible para la sociedad y las autoridades. Los ecuatorianos generalmente no comprenden ni saben cómo navegar los desafíos del desplazamiento forzado, un fenómeno relativamente nuevo en su historia reciente.
Pocas personas desplazadas se han acercado a iglesias, servicios sociales u ONG en busca de ayuda. Entre los primeros en obtener asistencia estaban los migrantes venezolanos y refugiados colombianos que se alejaban de áreas violentas, ya que muchos saben que las ONG suelen ofrecer asistencia con fondos externos. Sin embargo, debido a la falta de conocimiento y a la incapacidad para acceder a recursos gubernamentales, los ecuatorianos generalmente no reciben apoyo ni protección durante el desplazamiento.
Los ecuatorianos desplazados suelen buscar refugio con miembros de su familia extendida que pueden apoyarlos durante un corto tiempo. Algunos se alojan temporalmente en albergues administrados por municipalidades u organizaciones religiosas, que, a su vez, necesitan apoyo. Vivienda, trabajo, servicios de salud (incluido apoyo en salud mental) y readmisión escolar son necesidades apremiantes que generalmente permanecen sin respuesta.
La discriminación por parte de otros ecuatorianos, que tienden a confundir a víctimas con perpetradores, complica la búsqueda de empleo o vivienda. Por si fuera poco, el diálogo sobre el desplazamiento en Ecuador se ve silenciado por el miedo a la persecución, con grupos criminales presentes en varias provincias.
Las estadísticas revelan que entre las personas desplazadas internamente de áreas con altas tasas de criminalidad, el 38,8% se alojó con familiares o amigos, mientras que el 6,1% permaneció en refugios. Solo el 57,7% de los niños en edad escolar reanudó su educación, evidenciando el impacto duradero del desplazamiento en las generaciones más jóvenes.
Según los datos recopilados, de los desplazados por violencia, el 30% enfrentó extorsión, el 11% violencia sexual, 7% apropiación de propiedades, el 3% homicidio y el 3% reclutamiento forzado.
Familias enteras se desplazaron en el 46% de los casos, mientras que el 38% de los desplazados internos ha sido desplazado múltiples veces, evidenciando la naturaleza cíclica de este fenómeno.
La respuesta pendiente: entre el vacío institucional y las necesidades urgentes
A pesar de la magnitud del problema, el hecho de que miles de civiles han sido forzados a desplazarse aún no ha sido reconocido por el gobierno ecuatoriano a principios de 2025. El Decreto Ejecutivo Presidencial 493 del 2 de enero de 2025, que impuso el noveno estado de emergencia en un año en respuesta a la violencia criminal, no menciona el desplazamiento ni sus cifras.
Esta ausencia de reconocimiento oficial contrasta con las obligaciones del derecho internacional, particularmente en materia de derechos humanos, que vinculan a los Estados cuando el desplazamiento interno se intensifica debido a la violencia. Además de los esfuerzos emprendidos para proteger a sus poblaciones y minimizar el riesgo de desplazamiento, los Estados deben reconocer el desplazamiento como un problema humanitario.
La migración externa de ecuatorianos continúa, con la violencia y sus efectos económicos como factores adicionales. Junto con la deportación, la emigración se discute ampliamente en los medios de comunicación, pero no existe conciencia pública sobre el desplazamiento interno. Un tema adicional, el aumento en las solicitudes de asilo presentadas por ecuatorianos en el extranjero, también ha pasado desapercibido.
Lecciones regionales y recomendaciones
La gestión del desplazamiento en la vecina Colombia y en el norte de Centroamérica puede servir como ejemplos útiles para que el Estado ecuatoriano aborde mejor las tareas pendientes. Según Malo, Ecuador necesita diseñar mecanismos nacionales de respuesta, asignar recursos, coordinar iniciativas locales para asistencia, incluir protección para poblaciones desplazadas en estrategias gubernamentales y capacitar a funcionarios públicos para adaptar los servicios sociales a las necesidades de las personas desplazadas internamente.
Los ecuatorianos también necesitan introducir el tema del desplazamiento interno en la legislación y las políticas públicas. La visibilización del problema constituye el primer paso hacia su solución, permitiendo un abordaje integral que contemple tanto la prevención como la respuesta humanitaria.
Entre las recomendaciones que se desprenden del estudio de Malo, se destacan:
- Reconocer el desplazamiento como un problema humanitario.
- Diseñar mecanismos nacionales de respuesta.
- Asignar recursos.
- Coordinar iniciativas locales para asistencia.
- Introducir el tema del desplazamiento interno en la legislación y las políticas públicas.
- Capacitar a funcionarios públicos para adaptar los servicios sociales a las necesidades de las personas desplazadas internamente.
- Introducir el tema del desplazamiento interno en la legislación y las políticas públicas.
La experiencia de países como Colombia, que ha desarrollado un robusto marco institucional para la atención a víctimas del desplazamiento forzado, ofrece lecciones valiosas para Ecuador en este momento crítico de su historia. Sin embargo, cada contexto presenta particularidades que deben ser consideradas para desarrollar respuestas efectivas y sostenibles.
El desplazamiento interno por violencia criminal representa un desafío para Ecuador, un país que hasta hace poco se consideraba un oasis de paz en la región. La rápida transformación del panorama de seguridad ha generado una crisis humanitaria que permanece en gran medida invisibilizada, tanto en el discurso público como en la respuesta institucional.
El estudio de Malo constituye una contribución fundamental para visibilizar este fenómeno y sentar las bases para un abordaje integral que contemple tanto la prevención como la asistencia humanitaria. La experiencia regional ofrece lecciones valiosas, pero Ecuador necesita desarrollar respuestas adaptadas a su contexto específico.
Tras la reciente elección del presidente Daniel Noboa, el reconocimiento del desplazamiento interno como un problema humanitario y la adopción de medidas concretas para proteger los derechos de la población desplazada deberían ocupar un lugar central en la agenda política del nuevo gobierno. Solo así será posible romper el ciclo de violencia y desplazamiento que amenaza con profundizar las fracturas sociales y territoriales en Ecuador.
(*) Economista, analista económica Revista Gestión.
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