La deuda pública de Ecuador será insostenible mientras el déficit fiscal no se corrija

Ecuador tiene un saldo de deuda pública de USD 61.454 millones, equivalente al 47,6% del Producto Interno Bruto (PIB), según el último Boletín de Deuda Pública del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). De este monto, USD 48.118 millones corresponden a deuda externa y USD 13.336 millones a deuda interna.

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Para todo 2025, las proyecciones oficiales apuntan a que la deuda pública alcanzará el 52,4% del PIB, un nivel que se encuentra por debajo del límite legal del 57% establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP). Pero la normativa fija una ruta de convergencia descendente: la deuda deberá reducirse al 45% del PIB en 2030 y al 40% de 2032 en adelante.

Sin embargo, el indicador deuda/PIB revela una tendencia ascendente para los próximos años, lo que confirma que la presión de la deuda sobre la economía se mantiene y seguirá presente mientras el déficit fiscal no se corrija.

Con déficits permanentes no hay sostenibilidad fiscal posible

La sostenibilidad fiscal, entendida como la capacidad del Estado para equilibrar ingresos, gastos y financiamiento a lo largo del tiempo, es un principio central de la política económica. En el fondo, depende de la relación entre ingresos y gastos: si los gastos superan de forma constante a los ingresos, el déficit obliga a endeudarse cada año y la deuda se acumula.

Entonces, la deuda pública se convierte en un indicador clave y por eso el Ministerio de Finanzas evalúa su dinámica a partir de tres factores decisivos: el crecimiento económico, el costo del financiamiento y el resultado primario.

El resultado primario mide la diferencia entre lo que recauda y lo que gasta el Estado antes de pagar intereses de la deuda. Si es positivo (superávit), significa que los ingresos alcanzan para cubrir los gastos y que además queda un margen para atender parte de los intereses.

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Si es negativo (déficit), implica que el país debe endeudarse no solo para pagar intereses, sino también para cubrir su funcionamiento básico. De allí que el resultado primario sea una variable importante cuando se analiza la sostenibilidad.

En el escenario base, los supuestos macroeconómicos parten de un crecimiento moderado de 2,8% en 2025, que luego se desacelera a tasas cercanas al 2% en los años siguientes. La inflación se mantiene en niveles bajos, mientras que la tasa de interés nominal se estabiliza en torno al 5,3%.

El resultado primario, lejos de mejorar, se mantiene en terreno negativo: el déficit alcanzaría −2,1% del PIB en 2025 y apenas se reduciría a −1% en 2028, sin llegar nunca a ser superavitario.

Con este telón de fondo, la deuda pública se ubicaría en 52,4% del PIB en 2025, todavía dentro del límite legal de 57% fijado en el COPLAFIP. No obstante, lejos de corregirse, el indicador seguiría aumentando hasta 57,2% en 2028, acercándose peligrosamente al techo normativo.

El cumplimiento de la regla fiscal no equivale a sostenibilidad: lo que muestran las proyecciones es que, mientras el Estado mantenga déficits permanentes, el endeudamiento continuará creciendo y la presión sobre la economía se mantendrá.

El Ministerio de Finanzas también construyó un escenario alternativo (optimista) para evaluar cómo variaría la trayectoria de la deuda si la economía tuviera un desempeño más favorable. En este caso, se asume un crecimiento del PIB de 3,1% en 2025 y un promedio de 2,5% hasta 2028, acompañado de una inflación un poco más elevada. A la par, la tasa de interés efectiva sería algo menor, reduciendo las presiones de financiamiento.

La diferencia crucial con respecto al escenario base está en el resultado primario. Bajo estos supuestos, el déficit se reduce más rápido: pasa de −1% del PIB en 2027 a un superávit de 0,1% en 2028. Ese giro en las cuentas fiscales cambia por completo la tendencia: la deuda ya no sube, sino que se estabiliza alrededor del 50% del PIB, un nivel mucho más cercano al umbral prudencial establecido en la normativa.

Factores que inciden en la sostenibilidad

El Ministerio de Finanzas sometió sus proyecciones a pruebas de sensibilidad para evaluar qué tan sólida es la trayectoria de la deuda frente a cambios en el entorno económico. En términos simples, se plantearon distintos escenarios para medir qué pasa si la economía crece menos de lo esperado, si el costo del financiamiento sube o si el déficit fiscal es más alto de lo proyectado.

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Cuando se simula una caída en el crecimiento económico —un punto porcentual menos en 2025 y medio punto menos en 2026—, la relación deuda/PIB aumenta, pasando a 50,8% en 2026. La explicación es sencilla: con menos actividad económica, el Estado recauda menos impuestos y necesita más deuda para cubrir sus gastos.

En el caso de las tasas de interés, el impacto es menor en el corto plazo. Un incremento de 0,25 puntos porcentuales en 2025 y 2026 eleva la ratio deuda/PIB hasta 50,3% en 2026. Aunque la diferencia parece pequeña, a mediano plazo un financiamiento más caro encarece el servicio de la deuda y presiona cada vez más al presupuesto.

El efecto más fuerte proviene del saldo primario, que mide si el Estado cubre sus gastos con ingresos permanentes, sin contar los intereses de deuda. Cuando se proyecta un deterioro de solo medio punto del PIB en este indicador, la deuda alcanza 51% del PIB en 2026. Esto significa que incluso cambios pequeños en el déficit fiscal tienen un impacto mayor que el crecimiento o las tasas de interés.

En conjunto, las simulaciones confirman que la sostenibilidad de la deuda depende, en gran medida, de corregir los déficits fiscales. Aun si la economía crece menos de lo previsto o si los intereses suben, la deuda podría estabilizarse siempre que el Estado logre un superávit primario sostenido. Pero si el déficit se mantiene o se amplía, el endeudamiento seguirá en ascenso, limitando el espacio para invertir en infraestructura, salud o educación.

El reto de la sostenibilidad fiscal

Lograr que la deuda pública retome una senda descendente no es únicamente una aspiración técnica, sino también un compromiso internacional. En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el MEF reconoce que, además del esfuerzo fiscal ya contemplado, se requieren medidas adicionales equivalentes a 1,1% del PIB entre 2025 y 2027. Este ajuste, orientado a reforzar el balance primario, elevaría el esfuerzo total proyectado a 6,6% del PIB, en línea con las metas pactadas con el organismo.

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El desafío central está en fortalecer los ingresos permanentes, reduciendo la dependencia de fuentes extraordinarias y volátiles, como las relacionadas con el petróleo. A ello se suma la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto: contener el crecimiento de la masa salarial, racionalizar subsidios y garantizar que la inversión se concentre en sectores con alto impacto económico y social.

La sostenibilidad fiscal de Ecuador no se asegura con un límite legal ni con un año aislado de buenos resultados. En 2022, el país logró un superávit primario; un año después regresó al déficit. Esa volatilidad refleja que el verdadero reto no es conseguir superávits puntuales, sino sostenerlos consistentemente en el tiempo. Solo así será factible estabilizar la deuda, recuperar espacio para la inversión social y consolidar credibilidad fiscal.

Este reto se agrava con la presión de vencimientos de deuda que deberá enfrentar el Estado en los próximos años, lo que redunda en una reducción del margen de maniobra fiscal. Cada refinanciamiento sin disciplina fiscal adicional elevará el riesgo de comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Además, las proyecciones del Ministerio de Finanzas reflejan una dependencia creciente del financiamiento interno y una gradual reactivación del acceso al financiamiento externo. Según la proforma presentada por el Ejecutivo:

• En 2025, el país necesitará USD 11.696 millones de financiamiento, de los cuales USD 5.608 millones provendrán de fuentes internas y USD 6.088 millones serán préstamos internacionales. 
• En el último trimestre de 2025 se proyecta una nueva emisión de bonos externos por USD 400 millones de libre disponibilidad.

De modo que, la sostenibilidad fiscal no es solo un ejercicio contable ni una imposición: es la condición que definirá si Ecuador logra salir del ciclo de déficits y endeudamiento crónico o sigue atrapado en él. Cumplir con las metas del FMI es apenas el punto de partida; lo decisivo será mantener superávits primarios constantes, ampliar ingresos permanentes y blindar las cuentas públicas frente a la volatilidad política y económica.

Solo así el país podrá recuperar margen de maniobra, enfrentar los próximos vencimientos de deuda con mayor solvencia y, sobre todo, dejar de administrar la escasez para comenzar a financiar su propio desarrollo.