El Ministro de Economía y Finanzas ha explicado con claridad como la sequía en la caja fiscal se está traduciendo en una impresionante acumulación de atrasos de pagos—al IESS, a los gobiernos locales y seccionales, a los contratistas del gobierno. El Presupuesto General del Estado (PGE) cerró el 2023 con un saldo de atrasos en torno a USD 5.000 millones, saldo tan alto que está empezando a romper la cadena de pagos (si el fisco no le paga a X, X no le puede pagar a Y).
El 2024 se ve aún más negro. Se estima un hueco de caja en el PGE de al menos USD 10.000 millones: USD 7.000 millones de déficit (exceso del gasto frente a ingresos, incluyendo los gastos necesarios para la guerra contra el narco-crimen) más USD 3.000 millones para amortizar deuda externa y reducir el saldo de atrasos a niveles normales. El rango de maniobra para el fisco es estrechísimo porque la estratosférica prima de riesgo país elimina el acceso de Ecuador a los mercados normales de financiamiento.
Para salir de esta crisis se necesita, por tanto, de un programa que combine un gran ajuste fiscal (reducciones de gasto y aumentos de recaudación que sumados rindan unos $4 mil millones) con desembolsos de créditos por un monto parecido provenientes de entidades multilaterales (BID, CAF, Banco Mundial, FMI) y gobiernos amigos.
Sin un programa de esa magnitud, hay un alto riesgo de que el fisco empiece a hacer pagos con algún tipo de “ecuadólar” (un pagaré de cortísimo plazo emitido por el MEF, una moneda electrónica emitida por el BCE, o un préstamo del BCE al MEF) y colapse la dolarización. La solución para evitar esa catástrofe está ahora, en gran parte, en manos de la Asamblea Nacional.
La lista de opciones que se discute en la Asamblea es larga y parece cambiar de un día a otro. Es necesario y urgente contar con criterios para escoger bien entre esas opciones. Aunque sea amarga, hay que escoger la medicina apropiada. ¿De qué sirve administrar a un paciente en cuidados intensivos un medicamento que reduzca el dolor si, al mismo tiempo, destruye el funcionamiento de los riñones?
Propongo tres grandes criterios.
Primero, centrar el esfuerzo en medidas permanentes, sin perjuicio de que éstas puedan ser complementadas en algo por medidas que tengan un horizonte temporal de 3-5 años. ¿Por qué? Porque el problema de caja del PGE tiene un componente estructural (déficit crónico entre ingresos estables que giran en torno a USD 23.000 millones por año y gastos rígidos en torno a USD 30.000 millones por año) y otro que ojalá no dure más de 3-5 años (la guerra contra el narco crimen).
Segundo criterio, seleccionar medidas que, aunque sean políticamente difíciles, tengan el menor efecto colateral adverso sobre la actividad económica y la generación de empleo.
Tercer criterio, distribuir el costo del ajuste lo más equitativamente posible, pidiendo más sacrificio de los que más pueden.
Estos criterios permiten descartar de inmediato varias de las propuestas que se ventilan en la Asamblea. Subir la tasa de impuesto a la salida de divisas (ISD) es una de las malas ideas porque su simple anuncio podría provocar una fuga de capitales, porque constituye una barrera al ingreso de capitales (ningún inversionista en su sano juicio va a traer capitales a Ecuador si sabe que será muy costoso repatriar la rentabilidad de esas inversiones), y porque encarece la importación de insumos y bienes de capital necesarios para mantener y aumentar la producción.
Otra idea descartable es la de cargarle la mano a un solo sector económico, por ejemplo, a la banca, sin tomar en cuenta que ello podría llevar a una fuerte contracción de crédito y añadir una crisis financiera a la fiscal. (Recordemos en este sentido cómo, en 1999, la introducción del impuesto de 1% a las transacciones financieras, orientada a levantar recursos fiscales, terminó agravando seriamente la crisis bancaria.)
¿Qué nos queda, entonces? Para el componente central de medidas permanentes hay tres obvias opciones:
a) Reducción del gasto corriente ineficiente e improductivo
b) Elevación de la tasa del IVA; y
c) Eliminación del subsidio al precio de los combustibles, acompañada de la apertura del mercado a la competencia y un programa de compensación focalizado en la población más vulnerable.
Ninguna de estas opciones frena la producción y generación de empleo, ninguna ahuyenta la inversión local o extranjera. Las tres pueden ir acompañadas de políticas sociales enfocadas en la población de menores recursos. Y al eliminar el subsidio a los combustibles, dejaríamos de subsidiar a los más ricos, a los contrabandistas, a los productores de droga, y a las mafias de corrupción que se han formado en torno a la refinación y comercialización de derivados del petróleo.
Para el componente temporal, lo mejor sería un impuesto uniforme, sin sesgo en favor de un sector u otro, y con algún componente de equidad social. Una opción sería un impuesto al rodaje como el que se introdujo en 1995 para financiar la guerra del Cenepa, que podría ser más alto para vehículos de lujo o de mayor cilindraje. Otra opción sería un impuesto uniforme a las rentas altas. Por ejemplo, a todas las empresas del sector privado (financieras y no financieras) que hayan realizado ganancias y/o a todos los hogares que hayan tenido ingresos por encima de cierto umbral en años anteriores.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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