¿Por qué en Ecuador la deuda externa crece mientras el desarrollo humano se estanca?

Este análisis examina la estructura y evolución de la deuda pública de Ecuador a inicios de 2025, evaluando quiénes son los principales acreedores y cuáles son las implicaciones del endeudamiento en el desarrollo humano.

Un panorama complejo caracteriza la situación de la deuda externa ecuatoriana al iniciar el 2025. Las cifras reflejan un constante crecimiento de las obligaciones financieras internacionales, por lo que el país enfrenta importantes desafíos para mantener su estabilidad económica y asegurar el bienestar de 18 millones de habitantes.

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Este escenario se desarrolla en un contexto donde la relación entre endeudamiento y desarrollo humano cobra especial relevancia, particularmente cuando se analizan las consecuencias que las políticas de endeudamiento tienen sobre indicadores sociales fundamentales.

A lo anterior se suma que Ecuador se encuentra en pleno proceso electoral, con una segunda vuelta presidencial programada para el 13 de abril de 2025, donde Daniel Noboa, actual presidente, y Luisa González, candidata respaldada por Rafael Correa, presentan visiones diferentes sobre el manejo económico y la relación con organismos internacionales de crédito.

La deuda externa de Ecuador a inicios de 2025

Al iniciar el 2025, Ecuador registra un alto nivel de endeudamiento. Según los datos más recientes del Ministerio de Economía y Finanzas, a enero de este año la deuda pública total del país ascendía a USD 64.743,62 millones, lo que representa aproximadamente el 52,60% del PIB nacional, estimado en USD 123.094,05 millones para este inicio de año.

De este monto, USD 48.280,12 millones corresponden a deuda pública externa y USD 15.456,19 millones a deuda pública interna, evidenciando una clara predominancia del endeudamiento externo en el perfil financiero del país (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Composición de la deuda pública ecuatoriana enero 2024 vs. enero 2025

La deuda externa muestra una estructura diversificada en términos de acreedores, aunque con marcado predominio de actores internacionales. Los organismos multilaterales concentran la mayor proporción, con USD 28.360,44 millones, representando el 58,7% del total, seguidos por los títulos de deuda emitidos en mercados internacionales, que suman USD 14.442,90 millones (29,91%).

Otros componentes significativos incluyen convenios con gobiernos extranjeros por USD 4.006,47 millones (8,30%), convenios con bancos por USD 789,21 millones (1,63%), y una deuda con instituciones financieras internacionales que asciende a USD 1.656,02 millones (3,43) (Gráfico 2).

Gráfico 2 - Composición de la deuda externa a enero 2025

Desagregando un poco más, dentro de los organismos multilaterales, destaca el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con USD 8.978,89 millones, seguido muy de cerca por el Fondo Monetario Internacional (FMI) con USD 8.670,56 millones. El Banco Mundial (BM) y Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) también mantienen importantes acreencias, con USD 6.284,84 millones y USD 4.042,35 millones, respectivamente.

Otras instituciones como el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), con USD 308,00 millones; el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB), con USD 50,00 millones, y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), con USD 25,80 millones, completan el panorama de acreedores multilaterales (Gráfico 3).

Gráfico 3 - Distribución de la deuda externa ecuatoriana por acreedor

Esta configuración representa una evolución importante respecto a años anteriores. Si comparamos con las cifras de enero de 2024, observamos un incremento de USD 1.532,15 millones en la deuda pública externa (de USD 46.747,97 millones a USD 48.280,12 millones) y un significativo aumento de USD 2.208,74 millones en la deuda pública interna (de USD 13.247,45 millones a USD 15.456,19 millones).

Este comportamiento refuerza la tendencia de mayor dependencia del financiamiento tanto externo como interno que ha caracterizado la política económica ecuatoriana en los últimos años.

Particularmente notable resulta el incremento en la deuda con organismos multilaterales, que pasó de USD 25.407,14 millones en enero de 2024 a USD 28.360,44 millones en enero de 2025, un aumento de USD 2.953,30 millones. Este crecimiento refleja la importancia creciente de estas instituciones en el financiamiento del país, especialmente tras el acuerdo con el FMI firmado en mayo de 2024 por USD 4.000 millones.

Evolución histórica de la deuda

La relación del Ecuador con la deuda externa tiene profundas raíces históricas que merecen atención para comprender la situación actual. Esta relación comenzó a principios de los años sesenta, durante la crisis bananera, cuando Ecuador firmó sus primeros nueve convenios con el FMI. Posteriormente, en 1982, durante la crisis de la deuda externa bajo el gobierno de Osvaldo Hurtado, el país estableció nueve convenios adicionales hasta 2007.

Un punto de inflexión significativo ocurrió durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), cuando se puso fin a los pagos al FMI y se suspendieron posibles nuevos acuerdos, reemplazándolos por endeudamiento con China.

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Sin embargo, esta política cambió a partir de 2020, cuando el gobierno de Lenín Moreno retomó la relación con el FMI durante la pandemia de COVID-19 firmando dos convenios. Esta tendencia continuó con Guillermo Lasso, quien acordó otro convenio que culminó en diciembre de 2022, y con Daniel Noboa, quien en mayo de 2024 firmó un nuevo acuerdo por USD 4.000 millones.

Varios factores explican el incremento sostenido de la deuda externa en los últimos años. Según el acuerdo firmado entre Ecuador y el FMI en 2024, la decisión de endeudarse se tomó debido a que “la incertidumbre política, una crisis de seguridad y las perturbaciones exógenas de los ingresos petroleros y los tipos de interés provocaron un fuerte deterioro macroeconómico y fiscal”.

Estos elementos, combinados con la necesidad de financiar el déficit fiscal (estimado en USD 4.809 millones para 2024, según el Presupuesto General del Estado) y los compromisos de pagos internacionales, han impulsado el crecimiento del endeudamiento.

La estructura productiva del país, altamente dependiente de las exportaciones de recursos naturales, particularmente petróleo, también ha influido en esta dinámica. La volatilidad de los precios internacionales de materias primas afecta directamente los ingresos fiscales, generando desequilibrios que a menudo se compensan mediante endeudamiento externo. Esta vulnerabilidad estructural se ha visto agravada por eventos coyunturales como la pandemia de COVID-19, que redujo significativamente la actividad económica y los ingresos tributarios.

Según Karina Álvarez, Viviana Manobanda y Felipe Andrade, en su artículo titulado “Deuda externa y desarrollo humano en el Ecuador”, este modelo de endeudamiento “está determinado por la forma en que nuestro país se incorporó al sistema capitalista, las dependencias que caracterizan esta relación y la vigencia del modelo nacional de acumulación altamente desigual, mayoritario y centralizador”.

Impacto de la deuda externa en el desarrollo humano

El endeudamiento externo no constituye un fenómeno meramente financiero; sus efectos se extienden al ámbito social y condicionan las posibilidades de desarrollo humano del país. La evidencia empírica reciente proporciona conclusiones importantes sobre esta relación.

Como lo explican Álvarez, Manobanda y Andrade en su estudio, existe una correlación negativa estadísticamente significativa entre la deuda externa y el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Ecuador.

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Específicamente, sus resultados indican que “un aumento de una unidad en la deuda externa se traduce en una disminución de 5,9 puntos porcentuales en el IDH”. Esta relación inversa sugiere que el creciente endeudamiento, lejos de impulsar el desarrollo, podría estar obstaculizando el progreso social del país.

El IDH, desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), evalúa el progreso en tres dimensiones fundamentales: vida larga y saludable, acceso al conocimiento y nivel de vida digno. Según los datos más recientes, a 2022 Ecuador registró un valor de 0,765 puntos, ubicándose en el puesto 83 entre 193 naciones evaluadas, lo que representa una recuperación significativa desde la posición 95 que ocupaba anteriormente. Si bien esto es un avance respecto a décadas anteriores (en 1990 el IDH era de 0,645), los datos muestran un estancamiento e incluso retrocesos en años recientes, particularmente tras la pandemia, cuando el índice cayó de 0,758 en 2019 a 0,734 en 2020.

Contrastando con el efecto negativo de la deuda externa, el mismo estudio encontró que variables como el gasto social en educación y salud tienen un impacto positivo relevante en el desarrollo humano. Específicamente, “un aumento de una unidad en el gasto social en educación y salud se relaciona con un incremento de 0,003280 y 0,010796 puntos en el IDH, respectivamente”. De manera similar, el empleo y la formación bruta de capital fijo mostraron correlaciones positivas con el IDH.

Estos hallazgos sugieren que el financiamiento externo per se no impulsa el desarrollo, sino cómo se invierten esos recursos. Cuando la deuda se traduce en mayor gasto social e inversión productiva, puede contribuir al desarrollo humano. Sin embargo, cuando se destina principalmente al pago de obligaciones previas o se acompaña de medidas de austeridad que reducen la inversión social, su impacto resulta contraproducente.

En este sentido, resulta preocupante la observación del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) respecto a que los acuerdos con el FMI “han profundizado la dependencia del país en la exportación de recursos naturales, en particular de la Amazonía ecuatoriana” sin lograr impulsar un crecimiento económico sostenido. Según el CDES, a pesar de haber finalizado un acuerdo con el FMI considerado “exitoso”, Ecuador se posiciona como el país con menor crecimiento económico proyectado en América Latina para 2024, con apenas un 0,3% según estimaciones del propio FMI.

¿Cómo puede Ecuador gestionar su deuda?

Las proyecciones actuales sugieren un panorama complejo, marcado por crecientes presiones fiscales y compromisos financieros internacionales.

Las implicaciones políticas de esta situación son significativas, especialmente en el actual contexto electoral, con Ecuador preparándose para la segunda vuelta presidencial del 13 de abril de 2025. Este proceso enfrenta al actual presidente Daniel Noboa, quien ha continuado la política de acercamiento al FMI, con la candidata Luisa González, respaldada por el expresidente Rafael Correa, quien durante su mandato mantuvo una posición distante con este organismo.

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González ha expresado una postura condicionada frente a organismos como el FMI. Según declaraciones dadas el 9 de febrero pasado, González considera que el apoyo del FMI es “bienvenido, siempre y cuando no afecte la ‘ya golpeada’ economía”. Específicamente, ha condicionado este apoyo a que no se “precarice la vida de nuestros ciudadanos, sin subir el IVA, sin quitar subsidios, sin afectar a la ya golpeada economía familiar”. Esta posición representa una continuidad con la visión crítica que caracterizó la relación entre el gobierno de Correa y los organismos financieros internacionales.

Por su parte, Noboa, quien firmó el acuerdo con el FMI en mayo de 2024, ha calificado a esta relación como necesaria para estabilizar la economía y fortalecer la dolarización. Su administración ha argumentado que las medidas de ajuste deben asegurar la sostenibilidad fiscal y generar confianza en los mercados internacionales.

Con una deuda pública total que alcanza los USD 64.743,62 millones (52,60% del PIB), Ecuador enfrenta desafíos significativos para equilibrar sus compromisos financieros internacionales con las necesidades de bienestar de su población.

La evidencia empírica muestra la relación negativa que ha existido entre el endeudamiento externo y el desarrollo humano, sugiriendo que el actual modelo de financiamiento podría estar obstaculizando y no impulsando el progreso humano. Por el contrario, el gasto social y la inversión productiva muestran correlaciones positivas con el IDH, indicando dónde deberían priorizarse los recursos.

(*) Liz Ortiz es economista y analista económica Revista Gestión.