La conectividad crece en Ecuador, no así la protección a niñas y adolescentes en internet

El Ecuador atraviesa una expansión digital sostenida. En 2016, el 36% de la población tenía acceso a internet; en 2025, esa cifra alcanza el 71,3%. En menos de una década, millones de personas se conectaron por primera vez, muchas de ellas niñas y adolescentes para quienes el teléfono celular es hoy el principal medio de socialización, aprendizaje y participación.

Según el informe regional titulado “Prevenir la violencia digital contra las mujeres en Iberoamérica”, elaborado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en América Latina y el Caribe el 91% de las mujeres ha sufrido o presenciado alguna forma de violencia digital.

La violencia digital contra mujeres y niñas no es un fenómeno exclusivamente tecnológico. El informe de SEGIB y PNUD lo define como parte de un continuo de violencia de género que preexiste a las plataformas digitales y que estas amplifican mediante nuevos mecanismos: el anonimato, la viralización de contenidos, la persistencia de la información y la dificultad técnica para eliminar registros.

Un país que se conectó rápidamente

Entre 2019 y 2025, el acceso a internet pasó del 45,5% al 71,3% de la población, con un salto especialmente pronunciado entre 2019 y 2020, período marcado por la pandemia de COVID-19, que convirtió la conectividad en una necesidad básica para la educación y el trabajo (Gráfico 1).

Este crecimiento se produjo principalmente a través del teléfono celular, lo que implicó que grandes segmentos de la población, en particular adolescentes de hogares de ingresos medios y bajos, accedieran a internet en dispositivos personales y con escasa mediación adulta.

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Ese contexto tiene consecuencias directas sobre las dinámicas de violencia digital. Según Adela Vargas, socióloga especializada en temas de género, existe una brecha generacional estructural que complica la protección de adolescentes en entornos digitales. Los adultos responsables del cuidado de niñas y adolescentes no siempre cuentan con las herramientas necesarias para acompañar el uso digital de manera informada, no porque no exista voluntad, sino porque sus propias trayectorias de socialización tecnológica son distintas. “Por más que esté dispuesta a cuidar, si no cuento con las herramientas es más complejo”, señala Vargas en entrevista con GESTIÓN, añadiendo que en hogares donde ambos cuidadores trabajan, la supervisión digital compite con prioridades de subsistencia económica.

A esto se suma un elemento simbólico relevante: el acceso a internet, particularmente para los adolescentes, no es solo instrumental. Es un espacio de construcción de identidad, de pertenencia a grupos sociales y de desarrollo afectivo. Restringir ese acceso sin ofrecer alternativas de acompañamiento puede resultar contraproducente. Como observa Vargas, cuando se prohíbe a un adolescente tener una red social, la respuesta frecuente es modificar la edad en el perfil y continuar con el acceso, lo que genera una situación de mayor vulnerabilidad porque se pierde incluso la posibilidad de supervisión parcial.

Lo que los adolescentes reconocen como riesgo, y lo que eso implica

La investigación “Uso de internet y las violencias digitales que afectan a niñas, niños y adolescentes en Ecuador”, realizada por ChildFund International, ofrece un panorama detallado sobre el nivel de conocimiento que tienen los adolescentes ecuatorianos respecto a los riesgos digitales. La suplantación de identidad es identificada como riesgo por el 76,1% de los encuestados; las noticias falsas por el 68,3%; el ciberacoso por el 67,4%; la sextorsión por el 62,4%; y el grooming por el 59,3% (Gráfico 2).

Estos porcentajes indican un nivel de reconocimiento relativamente alto de los principales riesgos digitales, lo que sugiere que la información sobre estos fenómenos circula entre adolescentes, posiblemente a través de los propios pares, de campañas institucionales o de los medios de comunicación. Sin embargo, el mismo estudio revela que el 30% de los encuestados ha enfrentado alguna forma de violencia digital, y que el 46,3% no sabe cómo reportar un incidente cuando ocurre (Gráfico 3).

Esta distancia entre reconocer un riesgo y saber cómo actuar constituye un “nudo crítico” en la protección digital. Indica que la información disponible no se está traduciendo en capacidades de autoprotección efectiva, como identificar cuándo una interacción escala a violencia o conocer las rutas de denuncia institucionales.

Esta brecha se profundiza por barreras emocionales; las investigaciones de ChildFund señalan que el temor y la vergüenza impiden que los menores reporten los casos, muchas veces porque piensan que es su culpa. Como menciona el análisis del sistema, no es suficiente la existencia de protocolos si no hay una formación continua que los haga comprensibles para los adolescentes y sus familias, quienes a menudo priorizan las amenazas físicas sobre las digitales.

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El grooming merece atención específica en este análisis. Se trata de un proceso gradual mediante el cual un adulto establece un vínculo de confianza con un menor a través de plataformas digitales, con el propósito de manipularlo con fines sexuales.

Su carácter progresivo lo hace difícil de identificar en sus etapas iniciales, precisamente porque imita dinámicas de relación que en otros contextos serían normales. Como señala Vargas, cuando el adolescente siente que está participando voluntariamente en una interacción, la identificación de la situación como violencia se vuelve más compleja, lo que hace que la prevención deba enfocarse no solo en el reconocimiento de señales de alerta sino en la comprensión de los mecanismos de manipulación.

Las mujeres jóvenes son más vulnerables

El informe de SEGIB y PNUD es explícito en señalar que la violencia digital no es neutra en términos de género. A nivel global, el 85% de las mujeres ha experimentado o presenciado violencia en entornos digitales, y los datos nacionales de distintos países de la región confirman que las mujeres son víctimas desproporcionadas de ciberacoso, sextorsión, difusión no consentida de imágenes íntimas y acoso sexual digital.

En Ecuador, la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Penal para Prevenir y Combatir la Violencia Sexual Digital, aprobada en julio de 2021, reconoció esta realidad al tipificar delitos específicos como el hostigamiento por medios digitales, el ciberacoso sexual y la grabación o transmisión digital de actos de abuso sexual.

La razón por la que la violencia digital afecta de manera diferenciada a las mujeres y niñas no radica en las plataformas en sí mismas, sino en las relaciones de poder preexistentes que esas plataformas reproducen y en algunos casos intensifican. Vargas lo describe con claridad: la violencia digital reproduce relaciones de poder más que limitar expresiones, y lo hace apoyándose en dinámicas culturales que históricamente han colocado el cuerpo de las mujeres como territorio de disputa y control.

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Para las adolescentes, esta dinámica se cruza con la etapa vital en la que se encuentran. La adolescencia es un período en el que la pertenencia a grupos sociales y la construcción de la propia imagen tienen un peso central en el desarrollo psicológico. Los estereotipos de género, que en el entorno digital adquieren una dimensión global y algorítmicamente amplificada, inciden directamente sobre la autoestima y el proyecto de vida de las jóvenes.

Vargas señala que modelos de belleza hegemónicos y estereotipos de género no son nuevos, pero que la plataformización de la cultura les ha dado una escala inédita, haciendo que un estándar que antes circulaba de manera más localizada ahora sea omnipresente y difícil de cuestionar desde espacios de socialización cotidiana.

A ello se agrega que la violencia digital puede escalar hacia la violencia presencial. El informe anteriormente señalado documenta cómo las agresiones en entornos digitales frecuentemente comienzan con hostigamiento constante y progresan hacia amenazas, divulgación de información personal y violencia física. Vargas confirma esta dinámica desde su experiencia: “La violencia digital puede llegar a exponer no solo imágenes sino la identidad, la ubicación y los desplazamientos de la víctima, lo que convierte el entorno digital en un facilitador de la violencia en el espacio físico”.

El marco normativo ecuatoriano

Ecuador cuenta desde 2021 con un marco legal específico para la violencia sexual digital. La Ley Orgánica Reformatoria antes mencionada tipificó un conjunto de delitos que incluyen el hostigamiento por medios digitales, el acoso digital en contextos educativos, el ciberacoso sexual, y la interceptación ilegal de datos, entre otros.

Asimismo, reformó la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, incorporando la definición de violencia sexual digital y estableciendo atribuciones específicas para instituciones del Estado en materia de prevención. En 2024, Ecuador ratificó además el Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia, reforzando su marco de cooperación internacional para la investigación de delitos digitales.

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En el ámbito educativo existe un protocolo de actuación ante casos de violencia digital que establece pasos de detección, intervención, derivación y seguimiento. Según Vargas, ese protocolo contempla que el profesional que identifica un caso escucha y acoge al estudiante, realiza una derivación interinstitucional, comunica a la familia y desarrolla un plan de acompañamiento.

Si la denuncia proviene de una autoridad pública, el Estado debe garantizar las medidas de protección y derivar al nivel distrital correspondiente. Dependiendo de si el presunto agresor es interno o externo al sistema educativo, interviene una junta distrital de resolución de conflictos o una junta cantonal de protección de derechos. Las instituciones competentes para abordar estos casos incluyen a la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Ministerio de Salud, además del Ministerio de Educación.

La existencia de ese marco normativo e institucional es un avance significativo. La brecha que persiste no es de ausencia legal sino de implementación, formación y alcance. Vargas es precisa al respecto “el protocolo existe y establece pasos claros, pero hay cuellos de botella en su aplicación, y la formación continua tanto para profesionales como para familias sigue siendo insuficiente”. El dato de que el 46,3% de adolescentes no sabe cómo reportar un incidente de violencia digital es, en parte, un indicador de esa brecha entre la norma escrita y su apropiación social.

Ecuador tiene los instrumentos legales, tiene instituciones con competencias definidas y tiene una generación joven que ya reconoce los principales riesgos digitales. El reto es cerrar la brecha entre ese reconocimiento y la capacidad de actuar: denunciar, buscar apoyo, activar protocolos. Esa distancia no se cierra solo con legislación. Se cierra con formación continua, con recursos institucionales sostenidos y con una comprensión de la violencia digital como expresión de desigualdades estructurales que requieren respuestas igualmente estructurales.

(*) Economista, analista económica Gestión Digital.