Imbabura: anatomía económica de una provincia paralizada

Ecuador sigue ardiendo. No solo por los neumáticos que bloquean las carreteras o por el aumento en el precio del diésel que desató el enojo popular, sino por una división que atraviesa familias, comunidades y provincias enteras. En medio de este conflicto, Imbabura (al norte del país) se ha convertido en uno de los epicentros del dolor nacional. La Cámara de Industrias y Producción (CIP) reportó esta semana que las protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) han generado pérdidas superiores a USD 42 millones entre Carchi e Imbabura en solo siete días.

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Para entender qué está en juego en Imbabura, es necesario conocer primero quiénes son los que están pagando el precio de esta confrontación: los 469.879 habitantes de una provincia que aporta el 5,4% del PIB nacional, según el Gobierno Provincial de Imbabura, donde uno de cada cuatro vive en pobreza, donde apenas tres de cada diez trabajadores tienen empleo pleno, y donde la economía depende de sectores que hoy están paralizados.

Casi medio millón de personas atrapadas en el conflicto

Imbabura no es solo un nombre en los reportes de pérdidas económicas. Son 469.879 personas, según el censo de 2022, un crecimiento sostenido desde los 347.511 habitantes registrados en 2001 y los 402.307 de 2010. Más de 120.000 nuevos habitantes en dos décadas, su tradición artesanal en Otavalo y una ubicación estratégica en la Panamericana Norte (Gráfico 1).

Estructura económica: comercio concentra más del 50% de ventas

Los datos del Servicio de Rentas Internas (SRI) para enero-julio 2025 muestran la composición sectorial de la actividad económica provincial. El comercio al por mayor y menor, registró ventas de USD 508,2 millones, representando el mayor volumen entre los sectores analizados (Gráfico 2).

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Las industrias manufactureras ocupan el segundo lugar con USD 159,8 millones, seguidas por transporte y almacenamiento con USD 92,1 millones. El sector agropecuario generó USD 81,5 millones, mientras que actividades profesionales, científicas y técnicas alcanzaron USD 51,5 millones.

Al desagregar las actividades específicas con mayores ventas, se observa que la venta al por mayor de productos diversos lidera con USD 84,1 millones, seguida del transporte de carga por carretera con USD 53,1 millones, y venta minorista en tiendas de variedad con USD 52,1 millones (Gráfico 3).

Esta estructura evidencia una economía con alto componente comercial, dependencia significativa del sector transporte, y presencia de industria manufacturera y actividad agropecuaria relevantes.

Alta actividad económica, pero bajo empleo de calidad

Los indicadores de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) para agosto 2025 muestran que en Imbabura el 28,95% de la población económicamente activa tiene empleo adecuado, por debajo del 35,10% nacional. El desempleo provincial es 6,12%, superior al 3,58% nacional (Gráfico 4).

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La categoría “otro empleo no pleno” alcanza 39,79% en Imbabura, significativamente mayor al 31,30% nacional. El subempleo provincial es 18,49%, ligeramente inferior al 19,35% nacional. El empleo no remunerado representa 6,58% versus 10,35% nacional, y el empleo no clasificado 0,07% versus 0,32% nacional.

Estos datos indican que solo tres de cada diez trabajadores imbabureños cumplen simultáneamente con criterios de ingreso mínimo, jornada completa y afiliación a seguridad social. La mayoría de la fuerza laboral opera en condiciones de empleo no pleno o subempleo.

La distribución del empleo adecuado por rama de actividad muestra que agricultura concentra 5,62%, comercio 4,85%, industrias manufactureras 3,84%, administración pública 3,46%, y construcción 2,73%. Otros sectores registran proporciones menores: alojamiento y comidas 1%, actividades financieras 0,94%, transporte 0,93%, suministro eléctrico 0,61% (Gráfico 5).

La baja proporción de empleo adecuado en sectores como transporte (0,93%) contrasta con su alto volumen de ventas (USD 92,12 millones), sugiriendo una estructura de trabajadores independientes o con condiciones laborales que no califican como empleo adecuado según definiciones del INEC.

La fragilidad social preexistente

Según datos de pobreza por consumo, Imbabura registra 24,55% de su población en esta condición, marginalmente superior al promedio nacional de 24%. Esto ubica a la provincia en una posición intermedia dentro del contexto ecuatoriano (Gráfico 6).

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Provincias como Pichincha (11,20%), Azuay (10,92%), Cañar (9,31%) y Tungurahua (10,98%) presentan indicadores significativamente menores. En contraste, Morona Santiago (71,19%), Napo (52,38%), Pastaza (48,88%) y Sucumbíos (46,21%) muestran niveles muy superiores.

Con 469.879 habitantes, según el censo 2022, el 24,55% en pobreza representa aproximadamente 115.400 personas. Esta población presenta mayor vulnerabilidad ante disrupciones económicas que afecten ingresos o acceso a bienes y servicios básicos.

Las pérdidas reportadas de USD 42 millones para Carchi e Imbabura en una semana, aunque no desagregadas por provincia, pueden contextualizarse con los datos de actividad económica de Imbabura.

El análisis de datos oficiales revela una provincia de 469.879 habitantes con economía diversificada pero dependiente del comercio y transporte. El mercado laboral tiene limitaciones estructurales, con solo 28,95% en empleo adecuado y 39,79% en empleo no pleno.

La estructura sectorial, particularmente la concentración en comercio y la importancia del transporte, expone a la economía provincial a impactos significativos ante paralizaciones de vías y aumentos en costos de combustibles.

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Los USD 42 millones reportados en pérdidas para Carchi e Imbabura en una semana son consistentes con la magnitud de actividad económica provincial. La continuidad de la paralización implicaría pérdidas proporcionales al tiempo de duración, con efectos diferenciados por sector según su dependencia de movilidad y cadenas de suministro.

La recuperación post-paralización dependerá de la duración del evento, el impacto sobre empresas pequeñas y medianas que operan con márgenes ajustados, y la capacidad de reactivación de cadenas de suministro.

En este contexto, la responsabilidad del Estado trasciende la gestión del orden público y requiere políticas que protejan tanto el derecho a la protesta como la subsistencia de quienes dependen de la actividad económica diaria. La búsqueda de soluciones debe considerar que detrás de cada cifra económica hay familias cuyo sustento está en juego, independientemente de su posición frente al conflicto.

(*) Economista, analista económica Gestión Digital.