El salario mínimo sube, pero la productividad y el empleo formal no: ¿cómo cerrar esa brecha en Ecuador?

La teoría económica no ha llegado a un consenso sobre los efectos del salario mínimo. La visión tradicional advierte que un piso salarial elevado puede reducir la contratación al incrementar el costo del trabajo. Sin embargo, desde los años 90, parte de la evidencia empírica ha mostrado que aumentos moderados del salario mínimo no necesariamente destruyen empleo en ciertos mercados y, en algunos casos, pueden sostener el consumo al elevar ingresos de trabajadores con salarios bajos.

Eso no significa que subir el salario mínimo siempre funcione igual en todos lados. El impacto depende del contexto productivo, institucional y de la estructura del mercado laboral.

Piso salarial: protección social con efectos secundarios

Ecuador se encuentra dentro de los países de América Latina con salarios mínimos nominales relativamente altos. Para 2026, el Ministerio del Trabajo fijó el Salario Básico Unificado (SBU) en USD 482, tras un acuerdo tripartito en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. En rankings regionales, Ecuador está en el top 10 de países con salario mínimo más elevado. 

Pero esta realidad se cruza con un dato estructural que no puede ignorarse: según datos de la CEPAL sobre productividad por hora trabajada, Ecuador está entre los países con menor productividad relativa de la región, por debajo de varias economías de América latina y el Caribe, y muy lejos de los niveles de Uruguay y Panamá.

Esta discrepancia —salario creciente y productividad rezagada— no es inocua. Cuando los salarios suben por encima de los incrementos en productividad, el sistema económico tiende a ajustar la diferencia por otros mecanismos. Una forma más precisa de medir esta tensión es observar el salario mínimo como proporción del PIB por trabajador, indicador que aproxima la relación entre el piso salarial y la productividad promedio de la economía.

En Ecuador, el salario mínimo anual (con corte a diciembre de 2025, esto es USD 470) equivale aproximadamente al 41,21% del PIB por trabajador, mientras que en economías como Uruguay y Panamá este ratio se ubica en torno al 23,11 y 25,44%, respectivamente. Cuando este indicador es elevado, la brecha entre remuneración mínima y productividad se amplía, aumentando el riesgo de informalidad y restricción en la contratación formal. En los últimos 10 años, este ratio en Ecuador ha variado en nueve puntos porcentuales, sin una mejora proporcional en productividad.

La evidencia comparada sugiere que cuando el salario mínimo crece más rápido que la productividad, el ajuste no siempre se manifiesta como despidos inmediatos. Más bien ocurre a través de canales menos visibles: menor contratación formal, sustitución hacia esquemas de empleo informal, traslado de costos a precios o compresión de márgenes con impacto en inversión.

El propósito del aumento salarial —proteger el poder adquisitivo de los trabajadores— es legítimo, pero sin mejoras paralelas en productividad o reformas que faciliten la contratación formal, el efecto puede tensionar metas de política pública como la formalización laboral, la sostenibilidad de la base contributiva y la estabilidad del mercado laboral formal.

La informalidad es el principal canal de ajuste

En el mercado laboral ecuatoriano, la informalidad no es una categoría marginal, sino la forma predominante de empleo para una gran parte de la población. A diciembre de 2025, solo el 37,07% de las personas tenía empleo formal, principalmente en el sector privado, lo que implica que casi siete de cada 10 trabajadores no gozan de seguridad social ni de acceso pleno a beneficios laborales básicos.

La literatura económica es consistente en un punto: cuando el costo total de la formalidad —salario, aportes y cumplimiento regulatorio— supera la productividad y la capacidad de pago de las empresas, el sistema tiende a expulsar empleos hacia la informalidad. Instituciones como la OCDE y el FMI han documentado cómo la brecha entre salario mínimo y productividad puede amplificar este fenómeno.

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En este contexto, el ajuste frente a incrementos salariales no suele manifestarse únicamente en despidos directos, sino también en no contratación, reducción de horas formales, rotación elevada y expansión del empleo fuera de la regulación. La informalidad actúa como el principal canal de absorción de las tensiones generadas por la brecha entre salario y productividad.

El dilema social detrás del aumento salarial

El incremento del salario mínimo suele justificarse por la necesidad de compensar el aumento del costo de vida. En el periodo 2015–2025, la canasta básica pasó de USD 664,94 a USD 811,19, lo que equivale a un crecimiento promedio anual de 2,02%. En el mismo lapso, el salario familiar (bajo el supuesto de un hogar de cuatro miembros con 1,60 perceptores del SBU) aumentó de USD 660,80 a USD 877,33, con un crecimiento promedio anual de 2,87%. 

Esto implica que el salario familiar creció más rápido que la canasta, y que la relación entre ambos mejoró: en 2015 el salario familiar estaba ligeramente por debajo de la canasta, mientras que en 2025 se ubica por encima. Sin embargo, este resultado agregado no elimina el dilema: en un mercado laboral con alta informalidad, una parte relevante de los hogares no accede a un ingreso “de referencia” como el salario familiar, por lo que el ajuste del costo de vida se vive con mayor intensidad fuera del empleo formal.

En la práctica, la mayoría de la población económicamente activa no cuenta con un salario mínimo garantizado, porque trabaja en condiciones informales o en modalidades donde el ingreso es variable, intermitente o no está plenamente sujeto a la normativa laboral. En ese contexto, el salario mínimo opera más como referencia normativa que como piso efectivo.

El problema no es la intención de proteger ingresos, sino la secuencia y el equilibrio de la política: aumentar el salario sin fortalecer la productividad y la capacidad del mercado formal para absorber mano de obra puede terminar reduciendo precisamente aquello que se busca proteger, al elevar el umbral de formalidad y empujar ajustes hacia la no contratación o la informalidad.

Más allá del salario, este es el verdadero cuello de botella

El salario mínimo como instrumento de política social tiene un rol claro en la protección de ingresos. Pero no puede ser el único motor de mejora de bienestar si las condiciones productivas y estructurales no acompañan.

La evidencia sugiere que la prioridad debe ser mejorar la productividad, simplificar la formalización y reducir costos de cumplimiento para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas. Esto no solo incentiva la contratación formal, sino que expande la base productiva que puede sostener salarios más altos en el tiempo.

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Invertir en capital humano, innovación, tecnología y competitividad no solo mejora el ingreso de los trabajadores, sino que amplía la capacidad del mercado para absorber empleo formal sin presionar la informalidad o trasladar costos a los consumidores. En Ecuador, el desafío no es solo definir cuánto debe subir el salario mínimo, sino cómo generar condiciones que permitan que ese salario sea sostenible en el tiempo y en términos reales.

Antes de seguir subiendo el salario básico, la prioridad debe ser fortalecer el mercado laboral formal y la capacidad de las empresas de absorber empleo. Solo así el salario mínimo dejará de ser un objetivo difícil de cumplir y se convertirá en un piso real de dignidad económica.

(*) Economista, colaborador de Gestión Digital.