Abogado de los cuatro niños de Guayaquil: “Lo que cabe ahora es una investigación por ejecución extrajudicial ”
Los abogados de las familias de los cuatro niños asesinados tras un operativo militar consideran que la Fiscalía deberá abrir un segundo proceso investigativo. “El informe forense debe esclarecer si hubo actos de tortura”, dice Abraham Aguirre, miembro del equipo legal de la CDH y de los familiares.
Manifestantes escriben en una pancarta durante una manifestación contra la desaparición de cuatro menores que desaparecieron en una operación militar, frente al Complejo Judicial Valdivia, al sur de Guayaquil, el 31 de diciembre de 2024.
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La defensa de los cuatro niños asesinados tras su detención en un operativo militar en Guayaquil prepara la presentación de una acusación particular, que permitirá a las víctimas ser parte activa de todo el proceso, así como solicitar reparaciones integrales.
Estas medidas de reparación incluyen la solicitud de una compensación económica basada en los proyectos de vida truncados, explicó en una entrevista con PRIMICIAS Abraham Aguirre García, abogado patrocinador de las familias de las víctimas.
Aguirre, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil desde 2019, es parte del equipo legal con el que esa institución patrocina a las familias en el caso.
El abogado también habla de una investigación paralela por ejecución extrajudicial, que la Fiscalía debe sumar -según él- a la de desaparición forzada.
Las circunstancias de la muerte de los hermanos Ismael y Josué Arroyo Bustos, de 15 y 14 años; Steven Gerald Medina Lajones, de 11; y Nehemías Saúl Arboleda Portocarrero, de 15, sugieren graves violaciones de derechos humanos, subraya.
Los cuatro niños de Las Malvinas fueron aprehendidos la noche del 8 de diciembre de 2024 en un operativo militar cerca de su casa en el sur de Guayaquil y sus cuerpos finalmente se hallaron incinerados semanas después en una zona agreste de Taura (Naranjal, Guayas), el 24 de diciembre.
¿Cuáles son los siguientes pasos de la defensa de las familias en el caso de los cuatro niños asesinados?
Tenemos que presentar para firma de los padres y las madres de los cuatro niños desaparecidos, hoy fallecidos, la acusación particular (contra los 16 militares que guardan prisión preventiva).
El documento está listo y será presentado en breve al juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales, el abogado Denis Ugalde, que por sorteo asumió la causa.
Las víctimas pueden presentar esta acusación para ser parte más activa dentro de cada una de las etapas del proceso y también para pedir una reparación integral, que no solamente es una reparación económica, sino también son garantías de no repetición, reparaciones o mecanismos simbólicos.
¿Y cómo se calcula una reparación económica por cuatro vidas truncadas?
Esto tiene que ser sometido a criterios técnicos y jurídicos, para establecer un rubro o un monto estimado. Se prevé establecer un cálculo en virtud de las edades, de los proyectos de vida de cada uno de los niños.
Nosotros podemos sugerir un rubro en la acusación particular, pero será el juez el que lo determine en virtud de la gravedad del caso y de toda una serie de elementos a considerar.
En la reparación simbólica se contempla exigir una disculpa pública al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y que se coloque una placa en la entrada a la Base Aérea de Taura.
¿Esperan que el proceso establezca distintos niveles de responsabilidad?
En efecto. En derecho penal la participación y responsabilidad es personalísima. ¿Qué quiere decir eso? Que estos 16 militares que guardan prisión preventiva responderán dentro del delito de desaparición forzada, según su participación.
Hasta ahora, todos están imputados como autores directos. Así lo ha determinado Fiscalía en base a los elementos de cargo. Cada uno de los 16 militares tendrá que responder según su rol de participación, lo que genera una responsabilidad".
¿Considera que al caso de desaparición forzada se debe sumar uno por ejecución judicial en un mismo proceso?
La Fiscalía puede pedir la reformulación de cargos o realizar por separado una investigación por ejecución extrajudicial, es el delito que cabe ahora en virtud de las circunstancias en las cuales se dio la muerte de los cuatro niños desaparecidos.
¿Es decir, se podría abrir un proceso aparte?
Creo que debe ser una investigación separada por ejecución extrajudicial, pues la línea investigativa es mucho más fuerte en cuanto a los elementos de demostración o elementos de cargo.
El caso demuestra graves violaciones de derechos humanos (...) La línea de investigación por ejecución extrajudicial es mucho más fuerte...
Abraham Aguirre, abogado.
¿Qué relevancia tiene la declaración de un testigo protegido que dice que motorizados de la "mafia" se habrían llevado a los niños? ¿Cómo evaluar la credibilidad de esa versión?
Para que esa versión goce de credibilidad debe estar contrastada con otros elementos de cargo que tenga la Fiscalía en la investigación. Tienen que haber otros elementos en los cuales se soporte una base de credibilidad amplia con respecto a ello.
Lo que es un hecho es que salieron cuatro motorizados de la Base Aérea de Taura esa noche. Es un hecho que sí está debidamente constatado en las bitácoras. Entonces, todo esto tiene que ir acrecentando o nutriendo un acervo probatorio.
¿Qué pasa en caso de que no se determine responsabilidad directa de los militares en el asesinato o la ejecución de los niños?
Existen grados o roles de participación. Pero incluso si no se determina responsabilidad directa en el delito de ejecución extrajudicial, los militares tendrían un rol de participación en el crimen de los niños.
Recordemos que al momento de aprehender a los cuatro niños de las Malvinas por un supuesto robo, se realizó todo un procedimiento y los militares asumen en ese momento un rol de garante, de garante de todo lo que les pueda pasar a los niños al estar aprehendidos.
Todo lo concerniente a los niños tuvo que ser decidido por un juez o por la Fiscalía, se los detuvo a pocos metros de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Valdivia en el sur de Guayaquil y, sin embargo, se los abandonó a más de 40 kilómetros a Taura (Naranjal).
"Los militares asumieron un rol de garante y no protegieron a los niños. Ergo, ellos tendrían un rol de participación en el crimen de los niños".
Abraham Aguirre, abogado de las familias.
Había un niño de 11 años que era inimputable. Los militares no pueden dirimir estas cuestiones fundamentales en cuanto a delitos. Al aprehender a los cuatro niños, se constituyeron como protectores y garantes. Ergo, estaban bajo cuidado del Estado.
Es una responsabilidad ineludible. Desde el momento que un policía, un militar, un agente del Estado detiene a una persona, tiene la obligación de ponerla a órdenes de la autoridad competente.
¿Qué pasa con el informe de la autopsia de las víctimas?
El informe de la autopsia médico-legal que exige la ley aún no está listo, según nos acaba de informar la Fiscalía. Los protocolos médicos forenses determinan ciertos pasos. En unos 10 días probablemente estaría listo ya el protocolo médico-legal.
De lo que se informó a las familias fue de los resultados del informe de análisis genético o ADN, con el que se comprobó el día 31 de diciembre que los niños corresponden a los cuerpos incinerados hallados en Taura el día 24.
¿Cree que las pruebas forenses serán suficientes para determinar las circunstancias exactas de la muerte?
Esperamos que el informe establezca si existieron algún tipo de golpes, en vida o luego de la muerte y que el examen médico-legista establezca si existieron actos de tortura, por ejemplo.
"La muerte evidentemente es violenta, pero las causas exactas habrá que determinarlas. El informe forense debe esclarecer si hubo actos de tortura”.
Abraham Aguirre, abogado de las familias.
¿Las familias evalúan solicitar nuevos exámenes de ADN fuera del país?
Sí, incluso eso se barajó en un primer momento con el fiscal y con los médicos, al momento de que se estaban tomando muestras de los familiares para cotejar con las muestras de los cuerpos.
Es una posibilidad que está en la mesa, tendremos que evaluar si hacemos este petitorio a Fiscalía, ciertamente es una preocupación legítima para los padres la de contar con estas opciones. Y el Consejo de la Judicatura tiene convenios con universidades extranjeras para realizar exámenes genéticos.
¿Qué elemento falta en la investigación para saber qué pasó en este caso?
En la desaparición forzada créame que solamente existen cuestiones que afinar. Porque el delito como tal está comprobado.
La participación plena de estos 16 militares está más que configurada en el delito de desaparición forzada, pues violentaron todo un proceso y, en su accionar, han incurrido en cada uno de los elementos del tipo penal tipificado y reprimido en el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal.
“La participación de los 16 militares en la desaparición forzada está plenamente configurada”.
Abraham Aguirre, abogado de las familias.
La formulación de cargos no es más que la materialidad de un delito debidamente corroborado. Y por eso nos llama mucho la atención estas versiones del propio Gobierno que trata de desviar la atención del caso para incidir en una futura investigación por ejecución extrajudicial.
¿El vacío o punto crítico será demostrar una presunta ejecución extrajudicial?
No hay un vacío. Solo hay que trazar una línea de investigación más amplia, específica y técnica. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha emitido lineamientos y protocolos para investigar este tipo de delitos, que conllevan graves violaciones a derechos humanos.
¿Cómo toman la apelación del habeas corpus concedido a las familias?
Esto demuestra la poca claridad con la cual el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ha respondido al clamor o a la petición de los familiares en cuanto a justicia, verdad y reparación.
Las medidas de reparación tienen que cumplirse hasta que un juez, el juez de alzada o la sala especializada de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, admita el recurso de apelación. Esto no tiene efecto suspensivo.
¿Tienen previsto acudir en algún momento a instancias internacionales?
En su momento se podrá analizar, en caso de que el Estado no reconozca su responsabilidad o de que se lesionen los mecanismos de protección de las víctimas.
¿Cuál es su postura sobre las responsabilidades políticas en este caso?
En el momento en que hay una responsabilidad de instituciones públicas, por ende hay una responsabilidad política. Esta responsabilidad no solamente se puede observar en el plano judicial, sino también en las mismas declaraciones de funcionarios del gobierno.
El Ministerio de Defensa y el Comando de las Fuerzas Armadas primero han buscado desviar la atención, han intentado minimizar el impacto social que ha ocasionado este caso y, tercero, han estigmatizado a niños y adolescentes empobrecidos y racializados.
"El gobierno tiene una responsabilidad estatal, social o política en virtud de los hechos que tratar de invisibilizar".
Abraham Aguirre, abogado de las familias.
Hay una línea de argumentación discriminatoria y estigmatizante que más bien deja en evidencia un gobierno contrario a los derechos fundamentales que nos asisten a todos en Ecuador.
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