Caso Las Malvinas: Fiscalía solicitó audiencia para vincular a un teniente coronel de la FAE

La etapa de instrucción fiscal del caso por la desaparición y asesinato de los cuatro menores de Las Malvinas, debía concluir hoy. Sin embargo, ese plazo se extenderá después de que el fiscal solicitó la audiencia para vincular a un teniente coronel de la FAE, por su presunta participación en la alteración de evidencias.

Pero, además, están pendientes las pericias de audio y video (cámaras de la Base de Taura y avenida 25 de Julio) y la transcripción de la reconstrucción de hechos.

El doloroso peritaje de la autopsia, revelado el pasado viernes, sobre el destino que tuvieron los cuatro menores que fueron detenidos en el sur de Guayaquil y cuyos cuerpos fueron hallados carbonizados en la parroquia rural de Taura, en Naranjal, Guayas, también deja tareas pendientes. Entre ellas, un análisis adicional (residuos de pólvora) para determinar detalles de las muertes violentas.

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El documento con el análisis de la autopsia reveló que tres de los cuatro menores recibieron impactos de bala: Josué Arroyo (14), Ismael Arroyo (15) y Nehemías Arboleda (15), mientras que en el caso de Steven Medina (11) el estado del cuerpo no permitió identificar rastros de bala, pero sí golpes “a nivel pulmonar y en la cabeza”.

Estas lesiones, según el abogado del Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH), Fernando Bastias, quien revisó el peritaje, se produjeron en vida y, aunque el informe señala que no provocaron mayor daño, sustenta la teoría de la defensa de que los menores fueron torturados.

La tortura es uno de los elementos sobre los cuales Bastias pedirá una ampliación al informe de la autopsia realizado por la perita, informe que no consta en el proceso judicial sino en poder de la Fiscalía como una de las pruebas obtenidas en esta fase de instrucción fiscal que concluye hoy.

Durante los próximos cinco días, desde mañana, se prevé que se instale la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, en la cual se entregará al juez todas las pruebas conseguidas por la Fiscalía, incluyendo el peritaje, para que sean valoradas y consideradas en el momento de resolver si se llama a juicio a los 16 militares procesados.

“Vamos a pedir una ampliación al peritaje, porque por un lado dice que hay lesiones en el tórax y cráneo, pero concluye que no existen indicios de tortura. Estas lesiones nos ayudan a concluir que hubo golpes y lesiones en el contexto de la detención”.

Fernando Bastias, abogado de Comité Permanente de Derechos Humanos

Hipótesis de abogados de menores

La defensa de los menores de Las Malvinas busca construir una hipótesis derivada del peritaje de la autopsia: que los menores fueron ejecutados, que los disparos se produjeron en vida y que la quema de los cuerpos fue una estrategia para ocultar la evidencia.

“Si tengo cuerpos con disparos en la cabeza, disparos en la espalda, con lesiones, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, lo que yo concluyo es que se encontraban de espaldas”, analiza Bastias al considerar que la teoría de responsabilizar al crimen organizado por el asesinato de los menores es cada vez más lejana.

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Ocultar evidencia no es una táctica de las bandas criminales -plantea el abogado-, por el contrario, los grupos delictivos buscan mostrar “el nivel de brutalidad, de la violencia con la que cometen las muertes”.

La experta criminóloga Alexandra Mantilla agrega que si los grupos de delincuencia organizada o GDO hubieran ejecutado a los menores ellos buscarían el modo de adjudicarse el delito como señal de poder en su territorio o como un mensaje para bandas enemigas.

“A las bandas organizadas no les conviene que las fuerzas del orden los investiguen. No nos olvidemos que el territorio donde dejan a los chicos es de los Fatales, no les conviene que su territorio esté en problemas”.

Alexandra Mantilla, criminóloga

La experta analiza que el debido proceso señalaba que los militares, en el supuesto caso de sorprender a los menores en actos delictivos, debían reportarlo al 911 para que la Dinapen (Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes) actué según su competencia, o trasladarlos a la unidad policial más cercana, incluso a una oficina de Fiscalía de flagrancia.

“La actuación de las Fuerzas Armadas logra una profunda fractura, porque la ciudadanía veía con mucha expectativa el control que habían tomado en las cárceles y cómo se habían desplegado en todos los sectores”, analiza la experta Mantilla, reconocida porque realizó la ‘perfilación criminal’ del expresidente Rafael Correa en el caso Sobornos.

Nuevas pericias fiscales

La Fiscalía solicitará nuevas pericias para entender el comportamiento militar, informó el abogado del CDH, que representa a los familiares de los menores asesinados, quienes fueron detenidos la noche del domingo 8 de diciembre por dos patrullas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en la avenida Veinticinco de Julio, en el sur de Guayaquil.

“La Fiscalía ha solicitado pericias para conocer los estándares internacionales en temas de detenciones de niños, niñas y adolescentes y también desaparición forzada”, dijo Bastias, quien recalcó que el CDH no solo impulsa la investigación por el delito de desaparición forzada sino también por el delito de secuestro y muerte.

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Con la diligencia de reconstrucción de los hechos, realizado el domingo 23 de marzo, quedó en evidencia -asegura Bastias- que “la intención de los militares era generar algún tipo de daño”, pues los menores fueron abandonados en una zona rural, sin internet, un lugar de difícil acceso, una ruta que no estaba en el camino a Taura y donde no podía ingresar un vehículo.

“Si ellos querían disciplinarlos, los podían haber dejado cerca de Guayaquil. Si la vía penal no quiere responsabilizarlos por la muerte de los cuatro chicos por la falta de evidencia, por el estado de carbonización de los cuerpos, vamos a acudir a otro tipo de vías, porque una cosa fue la desaparición, que de eso tenemos pleno conocimiento y expectativa de que van a ser sancionados, pero el secuestro con muerte también nos interesa”, explicó el abogado.

La solicitud de ampliación al informe de la perita que hizo la autopsia que presentará el CDH también se hará porque este organismo considera que no es concluyente debido al estado de putrefacción de los cuerpos.

No obstante, la perfiladora criminal Alexandra Mantilla afirmó que en el país hay técnicas que permiten la rehidratación de un cuerpo que ha sido calcinado, para identificar golpes, hematomas o si hubo una hemorragia interna. “Cada herida nos dice qué pasó. Mi profesor de criminalística me decía que ‘los muertos no hablan, los muertos gritan’, y es deber del médico forense escuchar y entender esos gritos”.