Lobos, Choneros y R7 tenían sus propios abogados y jueces "en nómina", según testigo protegido

El caso Plaga, una de las causas que se desprendió del caso Metástasis, avanza en la Corte Nacional de Justicia. Como un primer paso para colaborar con la justicia, cinco de los 31 procesados por delincuencia organizada solicitaron rendir un testimonio anticipado para un eventual juicio.

En este proceso, la Fiscalía pretende demostrar la existencia de una estructura de corrupción judicial en la que un grupo de abogados se habría dedicado a reclutar presos y acercarlos a jueces para que, a punta de sobornos, ordenaran su libertad irregular.

Xavier Raúl A. B., uno de los procesados que fue calificado como testigo protegido, fue el primero en comparecer para rendir su testimonio anticipado. La audiencia se instaló la mañana del 13 de agosto de 2024.

El testigo fue coordinador de pabellones de la Cárcel de Turi, en Cuenca, durante tres meses: entre mayo y agosto de 2022. Sin embargo, su participación en la estructura de corrupción se habría registrado cuando dejó esa posición y se dedicó a ejercer el derecho de manera particular.

Xavier A. relató que en enero de 2023 conoció a Lenin Vimos, identificado por la Fiscalía como el cabecilla de la estructura de corrupción del caso Plaga. Lo conoció a través de Omar J., otro de los procesados que rendirá testimonio anticipado.

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Las libertades sospechosas

En aquella época, relató el procesado, Vimos —que trabajaba desde Riobamba— le solicitó que le ayude con gestiones en Cuenca. Primero, fue un pedido de copias de un proceso de beneficio penitenciario a favor de una persona detenida en Azuay, para que luego las entregara a los familiares del interesado.

Se trataba del proceso del peruano Celso Villalobos, que había sido sentenciado por narcotráfico y que fue liberado en abril de 2023, luego de que se dio paso al cómputo de su pena.

Más adelante, Vimos habría enviado a Xavier A., con su chofer, una boleta de excarcelación para que la entregue en la cárcel de Azogues y que se gestione la libertad de un preso. No le explicó de que se trataba, dijo.

El 10 de enero de 2023, Xavier A. habría acudido a dejar la boleta. Contó que, cuando dejó la boleta, se percató que había sido tramitada y emitida en otra ciudad. Específicamente la había firmado Gina Zambrano, que era jueza en Montecristi (Manabí) y que en octubre de 2023 fue destituida y procesada por prevaricato.

Tras tramitar la liberación de esta persona, Xavier A. habría llamado a Vimos para preguntarle por qué la boleta había sido girada en otra ciudad. Y le habría respondido que "no pasaba nada" y que, por ese favor, le iba a pagar USD 500 en efectivo.

Entonces, para concretar el reclutamiento del ahora testigo a la red que comandaba Vimos, este le habría pedido que viaje a Riobamba. En esa ciudad, los dos se reunieron y le ofreció que siga participando en los trámites de liberación de detenidos. Además, le habría contado que trabajaba con Cristian Romero.

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Romero es un abogado procesado en los caso Plaga y Metástasis. Supuestamente, como abogado del narcotraficante de Leandro Norero, habría gestionado y pagado sobornos a jueces a cambio de sentencias irregulares.

Por necesidad, dijo Xavier A., aceptó colaborar dejando las boletas y representando casos, con la única condición de que le comunicaran con anticipación. Así, para evitar que los clientes de Vimos que estaban en el Austro viajen a Riobamba, empezaron a visitar la oficina de Xavier A, en el centro de Cuenca. También prestó su cuenta bancaria para recibir los sobornos.

Así, entre enero y febrero de 2023, Xavier A. habría recibido la visita de una mujer de apellido Armijos, que era la pareja de Wilson Geovanny Cabrera Cabrera, sentenciado por asesinato y procesado por extorsión. Esta persona le habría depositado USD 12.500 a cambio de su libertad, lo que representaba la mitad del pago total.

La boleta de excarcelación se giró y Xavier A. habría acudido a la cárcel de Turi para concretar la libertad de Cabrera. Sin embargo, en ese momento se dio cuenta de que las evidencias de la transferencia por los USD 12.500 eran falsas.

Entonces, cuando el testigo le comentó a Vimos de la estafa, este le habría dicho que ahora esa deuda era de él y que debía seguir trabajando para la estructura de corrupción judicial, hasta cubrir la totalidad de ese pago. Si se negaba, Vimos lo había amenazado con atentar contra él y su familia.

La libertad de Cabrera también la concedió la jueza Zambrano. El enlace habría sido Banny Molina, exjuez de Portoviejo, que fue destituido y procesado por la irregular orden de libertad del exvicepresidente Jorge Glas y de Daniel Salcedo.

Abogados al servicio del narco

A partir de ese momento, Xavier A. se habría adentrado en la red de Vimos y conoció de cerca cómo se manejaba. También identificó que coexistían en el país varias estructuras de corrupción judicial que respondían a distintas bandas narcodelictivas.

Por ejemplo, Vimos respondía a Los Lobos, una banda que tenía dominio en cárceles de la Sierra, como la de Turi. Por esta razón, Vimos amenazaba repetidamente a Xavier A. con hacerle atentados, ya que era cercado a alias 'Gordo Luis', uno de los cabecillas de esa banda.

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Banny Molina, en cambio, desde Manabí manejaba los casos de libertades y beneficios penitenciarios de Los Choneros.

Pero también, Xavier A. habló de otra estructura que la comandaba el expolicía Jorge Í., quien estuvo detenido en Turi y que ese paso en esa cárcel le permitió hacer contactos con funcionarios carcelarios que le permitían agilizar la liberación de detenidos. Esta red representaba a los R7.

Además, a la cabeza de esa red, estaba el abogado Pedro Abel I. V., quien se encargaba de elaborar los escritos y pedir los beneficios penitenciarios a través del asistente judicial del exjuez Emerson Curipallo de Santo Domingo, quien también ordenó la liberación de Glas y ya fue sentenciado en el caso Metástasis.

Todas estas estructuras, según Xavier A., coexistían y se colaboraban entre sí para la liberación de miembros de bandas narcodelictivas. Incluso, tenían un tarifario que iba desde los USD 25.000 a los USD 50.000. El costo dependía del delito por el que estaba procesado o sentenciado quién debía ser liberado.