Cinco militares del caso Las Malvinas buscan reducir condena a dos años tras colaborar con la justicia
Defensa de cinco imputados que se acogieron al programa de protección de testigos solicita pena reducida por colaboración. El juez pospuso la instalación de audiencia en la que se buscaba evaluar si 17 militares van a juicio por desaparición forzada
Miembros de la Fuerza Aérea acuden en defensa de 17 militares involucrados acusados por la desaparición forzada de cuatro menores de edad de Las Malvinas en Guayaquil, el jueves 10 de julio de 2025
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Cinco de los 17 militares acusados por la desaparición forzada de cuatro menores de edad en el caso conocido como "Los cuatro de Las Malvinas" buscan obtener una condena reducida a dos años de prisión tras acogerse al programa de víctimas y testigos, reveló uno de los abogados defensores del grupo previo a una audiencia preparatoria de juicio convocada para este jueves 10 de julio de 2025.
La audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio contra 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) acusados por la desaparición forzada de cuatro menores de edad fue suspendida por el juez Dennis Ugalde tras el ingreso de nuevas pericias al expediente, señalaron abogados de los militares en los exteriores de la Unidad Judicial Sur de Valdivia en Guayaquil.
La diligencia buscaba determinar si existen elementos suficientes para llevar a los militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) a juicio tras la detección ilegal de un niño y tres adolescentes ocurrida el 8 de diciembre de 2024.
La decisión se tomó luego de que las defensas de los 17 militares solicitaran la suspensión al argumentar que no habían tenido tiempo suficiente para revisar el material pericial recién agregado al caso. La Fiscalía no se opuso al pedido, por lo que el juez acogió la solicitud sin fecha definida para la reprogramación, señalaron abogados de los imputados.
Guillermo Astudillo Villacís, abogado defensor de uno de los cinco militares colaboradores, confirmó que sus representados cambiaron su versión inicial y aportaron información crucial sobre los hechos.
"Esperamos que estos cinco colaboradores, gracias al programa de víctimas y testigos, tengan un mejor trato en la sentencia".
Guillermo Astudillo Villacís, abogado defensor de uno de los implicados.
Testimonios revelan detalles del crimen
Los cinco militares colaboradores, acogidos al programa de víctimas y testigos, proporcionaron información específica sobre la hora, lugar y responsables de las agresiones contra Josué, Ismael, Nehemías Arboleda y Steven Medina, menores de entre 11 y 15 años cuyos cuerpos fueron hallados calcinados el 24 de diciembre en una zona rural de Taura, Naranjal.
"Dijeron quiénes los golpearon, quiénes estuvieron presentes y bajo qué directrices actuaron. Estos soldados estaban bajo mando superior", explicó Astudillo, quien añadió que mientras el delito de desaparición forzada contempla más de 30 años de prisión con agravantes, sus clientes esperan una condena considerablemente menor.
Defensa de víctimas pide evitar más demoras
Fernando Bastías, abogado de las familias de los cuatro adolescentes desaparecidos y asesinados, explicó que la suspensión de la audiencia fue aceptada debido a que se incorporaron nuevas pericias al expediente judicial, a las que los abogados defensores de los procesados tienen derecho a revisar con tiempo.
“Nosotros no tuvimos ningún problema en que se suspenda, pero si hubo una petición desde Fiscalía, apoyada por nosotros, es que se instale lo más pronto posible porque no cabe más dilatación”, afirmó Bastías.
Advirtió que ha pasado medio año desde que se dictó prisión preventiva para 16 de los procesados: “Si esto no se resuelve hasta el 31 de diciembre, la audiencia preventiva caduca y, por supuesto, eso va a poner en riesgo todo el proceso”, dijo.
El abogado precisó que la instrucción fiscal arrancó el 31 de diciembre de 2024 y se extendió por 90 días más 30 adicionales, como lo permite la ley. Entre las nuevas diligencias incorporadas recientemente al expediente figuran informes del perfil victimológico de los adolescentes, así como otras actuaciones judiciales.
Según Bastías, la reprogramación de la audiencia sería para mediados de agosto, aunque el juez del caso tendría que reorganizar su agenda, debido a que está copada hasta octubre. No obstante, el magistrado se habría comprometido a darle prioridad al caso por su connotación nacional y por las medidas cautelares emitidas por el Comité de Naciones Unidas a favor de las familias.
“Un proceso penal con los procesados libres no tiene ningún sentido, porque no solo la prueba está en riesgo el que ellos comparezcan a la audiencia, sino también la integridad personal de los familiares”, enfatizó el abogado. Los familiares de los cuatro menores de edad estuvieron presentes durante la fallida instalación de la audiencia, aunque no se pronunciaron sobre el caso.
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