Extorsiones se dispararon en Ecuador en los últimos seis años y llegaron a 16.130 casos en 2025; según estudio

El informe revela una brecha significativa entre el número de noticias del delito y la baja proporción de condenas. Por ejemplo, de acuerdo con los datos estadísticos del Consejo de la Judicatura, entre 2021 y 2025 se iniciaron 157 procesos penales por usura y se resolvieron 185, frente a las cerca de 1.400 noticias del delito registradas en el mismo período.


"Esta brecha profundiza la impunidad y evidencia la necesidad de analizar las causas que obstaculizan una respuesta judicial eficaz", señala el documento. 

Los delitos de usura y captación ilegal de dinero se concentran principalmente en la sierra centro. 

Chimborazo lidera la tasa más alta de noticias del delito (NDD) por cada 100.000 habitantes respecto a captación ilegal de dinero, con 5,95. Por su parte, Tungurahua encabeza la tasa de NDD por cada 100.000 habitantes del delito de usura, según estadísticas de la Fiscalía General del Estado.
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​Por cantones, Riobamba y Ambato son dos focos críticos de los mercados delictivos de captación ilegal y usura. 

En 2019, se registraron 1.616 noticias del delito de extorsión a escala nacional; para 2025, la cifra ascendió a 16.130 casos, lo que se traduce en una tasa de 89 reportes por cada 100.000 habitantes. Esto refleja un incremento acelerado de 898% con relación a las cifras del 2019, de acuerdo con datos de la Fiscalía. 

​En cantones como Latacunga hay un crecimiento atípico de la extorsión que coincide con una baja en la incidencia de la usura. Según el estudio, esto muestra una posible transición del cobro de préstamos informales (el llamado 'chulco') hacia el control territorial. 

Los casos analizados en el estudio evidencian posibles vínculos con el narcotráfico y el tráfico ilícito de migrantes, conjuntamente con el lavado de activos. 

En este sentido, los réditos de la usura podrían estarse destinando a financiar actividades ilícitas o al blanqueamiento de capitales obtenidos de esas actividades. 

En un entorno de alta criminalidad, los esquemas de financiamiento ilícito han dejado de ser delitos patrimoniales aislados para convertirse en engranajes de la economía del crimen organizado. 

De allí que se evidencia el empleo de préstamos a altas tasas de interés bajo una doble función:

•  Operar como mecanismos de reinversión para generar rendimientos.
• Facilitar la legalización de flujos masivos de efectivo.

Se evidencia un cambio en las dinámicas de pago y control territorial, donde la extorsión emerge como una distorsión a la fase de cobro. 

La modificación de las condiciones de la deuda ha devenido en el uso de la fuerza letal y la violencia multidimensional (psicológica, contra la propiedad y física). 

Además, se identifica un ciclo de revictimización perverso, donde las extorsiones "asfixian" a las víctimas, obligándolas a acudir a préstamos ilegales para subsistir, quedando atrapadas en una doble red criminal.

El despliegue de esquemas de financiamiento ilícito a través del otorgamiento de créditos informales brinda a las estructuras criminales una capacidad de control territorial y gobernanza que "erosiona la soberanía estatal". 

La captación de recursos ilícitos y su colocación a través de la usura permiten a las organizaciones delictivas delimitar áreas geográficas de influencia, tejer redes logísticas y establecer mecanismos de control comunitario que facilitan o confluyen con la comisión de otros delitos o economías criminales. 

En zonas comerciales, principalmente informales, los propietarios de los negocios se ven obligados a pagar una vacuna para poder ejercer sus actividades, pero al mismo tiempo acuden a los grupos delincuenciales para solicitar préstamos que les permitan mantener a flote sus comercios. 

El estudio constata tres modalidades estructurales de estos esquemas de financiamiento ilícito, que se diferencian por su nivel de sofisticación y división de trabajo: 

1. Actor único, por ejemplo, el prestamista informal o 'chulco' que opera por su cuenta. 

2. Estructuras jerárquicas, con cadena de mando y beneficiarios finales anónimos. 

3. Redes sofisticadas, que se insertan en los encadenamientos del crimen organizado, como el narcotráfico, la minería ilegal y el lavado de activos.

Presencia de actores mixtos que operan de forma infiltrada o "camaleónica" tanto en el marco de la legalidad como fuera de ella, superponiendo actividades legales e ilegales. Estos mismos actores ocupan funciones en varias economías ilícitas con diferentes niveles de sofisticación.

Los esquemas de financiamiento ilícito concentran su impacto en poblaciones excluidas del sistema financiero formal, caracterizadas por la informalidad laboral, ingresos inestables, y limitada capacidad de pago. 

Esta exclusión no responde únicamente a condiciones socioeconómicas, sino también "a barreras institucionales y normativas que restringen el acceso al financiamiento formal".

El informe señala que la brecha persistente entre la demanda de financiamiento oportuno y una oferta formal que sigue presentando limitaciones de diversa índole, "empuja a muchas personas hacia circuitos de crédito informal e ilegal, donde el dinero rápido viene acompañado de tasas de interés exorbitantes y condiciones abusivas". 

El estudio identifica "nodos críticos de intervención", es decir, eslabones dentro de las cadenas de valor de las estructuras criminales sobre los cuales las autoridades pueden destinar sus acciones de manera más eficaz. 

Los nodos identificados son: captación, colocación, apertura y uso de cuentas para transacciones de bajos montos, y ejecución de cobros.

Las dificultades en la detección temprana de actividades irregulares por parte de las autoridades de control, la baja judicialización y la escasa articulación institucional podrían consolidar un entorno en el que los esquemas de financiamiento ilícito operan con bajo riesgo de procesamiento y sanción.