Minería ilegal: Más allá de los operativos militares, qué puede hacer Ecuador ante 'la fiebre por el oro'

El auge de la minería ilegal en Ecuador ha llevado al Gobierno nacional a buscar nuevas estrategias para combatir un delito que no solo deja grandes daños ambientales, también incrementa la violencia y causa pérdidas millonarias. De hecho, desde 2023, esta actividad es considerada una amenaza para la seguridad del Estado.

En los últimos años, gran parte de la estrategia para combatirla ha sido el despliegue de operativos militares en los puntos más conflictivos. Una medida similar a la tomada contra las bandas criminales que han desatado una ola de violencia en el país por la disputa del territorio para el narcotráfico.

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Militares van por el control de las zonas mineras

En esa línea, el gobierno de Daniel Noboa sostiene que ha dado dos golpes importantes en julio de 2025: la recuperación del Alto Punino, luego de que 11 militares fueron asesinados en una emboscada, y la recuperación de la zona minera de Buenos Aires, en Imbabura, que se convirtió en uno de los epicentros de la minería ilegal en Ecuador.

Tras el operativo en Buenos Aires, el ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, aseguró en una entrevista con Radio Democracia, el 14 de julio, que "es muy importante combatir la minería ilegal para atacar el financiamiento de los grupos terroristas".

Además de esos operativos, entre enero de 2024 y mayo de 2025, las Fuerzas Armadas ejecutaron 32.000 operaciones militares contra la minería ilegal en Ecuador, según un comunicado del Ministerio de Defensa. 

En esos 16 meses, los militares han destruido 429 bocaminas, 231 retroexcavadoras y han inhabilitado cerca de 50 dragas, además de miles de herramientas, explosivos y maquinaria pesada incautada. Según el Ministerio de Defensa, esos miles de operativos han provocado que los grupos criminales pierdan cerca de USD 660 millones.

Pero, pese a todos los operativos ejecutados en 2024, la minería ilegal generó USD 1.300 millones por la exportación de oro ilícito, según confirmó el Gobierno de Ecuador, tras la publicación de una investigación del medio Plan V.

Además, el año pasado hubo un recrudecimiento de la violencia en sectores como Ponce Enríquez (Azuay) y las zonas mineras de El Oro, por la disputa de las minas entre grupos criminales como Los Lobos, Los Choneros y facciones de estos.

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Esto demuestra que los operativos rutinarios, la destrucción de maquinaria, la destrucción de bocaminas y otras intervenciones ya no son suficientes para combatir a un enemigo que se ha fortalecido tanto. ¿Qué más debe hacer Ecuador para frenar la expansión de la minería ilegal y sus consecuencias?

Julia Yansura, directora del Programa de Delitos Ambientales y Finanzas Ilícitas de la Coalición FACT, y Stevie Gamboa, abogado ecuatoriano experto en minería, coinciden en que los operativos militares son necesarios, pero también es indispensable fortalecer los controles al oro o los minerales que salen del país y, sobre todo, rastrear a las empresas que se están enriqueciendo con esta actividad. 

1. Identificar a los grandes beneficiarios del oro ilícito

Julia Yansura tiene una larga trayectoria investigando sobre delitos ambientales en Ecuador y Latinoamérica. En un conversatorio con medios ecuatorianos en su oficina en Washington, la experta explicó a PRIMICIAS cuáles serían las medidas que Ecuador puede incorporar en su lucha contra la minería ilegal.

La investigadora explica que la lucha contra la minería ilegal debe ser integral: “En conjunto con el sistema financiero, rastreando flujos ilícitos de dinero o capital, incautando esos activos, dejando al crimen organizado con menos recursos económicos”.

“Cuando hablamos de la lucha contra la minería ilegal no pensemos solo en militares destruyendo maquinaria... es importante saber quiénes están detrás de las empresas y específicamente de las empresas que están exportando oro”

Julia Yansura, directora del Programa de Delitos Ambientales y Finanzas Ilícitas de la Coalición FACT

La experta habla de establecer una política de beneficiarios finales. Eso quiere decir, identificar a quiénes realmente se están beneficiando de la actual fiebre por el oro. "La política de beneficiarios finales sería muy poderosa para un país como Ecuador", sostiene Yansura.

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Ecuador ya cuenta con esa política. Las empresas deben llenar cada año el Reporte de Beneficiarios finales y de Composición Societaria (Rebefics), que está a cargo del Servicio de Rentas Internas (SRI), aunque es privado, según un reporte de la organización Global Financial Integrity, publicado en junio de 2025. 

Pero la política de beneficiarios finales va más allá de contar con los datos de las empresas. La meta es que las autoridades usen esa información para llegar a los nombres de quienes realmente se están enriqueciendo con las actividades ilícitas, en este caso específicamente, con el tráfico de oro y otros minerales.

También que puedan detectar posibles vínculos con narcotraficantes y con funcionarios corruptos, explica Yansura.

La Global Financial Integrity alerta que, pese a contar con los registros de beneficiarios finales, el reto ahora es validar que los datos presentados por las compañías sean reales.

"A pesar de los mandatos legales que obligan a reportar información verídica y actualizada, solo un limitado número de países (de Sudamérica) han adoptado sistemas robustos para confirmar la veracidad de la información presentada", dice el informe de Global Financial Integrity.

"Si no sabes a quién pertenece la empresa que exporta el oro, estás ciego respondiendo a esta crisis”

Julia Yansura, directora del Programa de Delitos Ambientales y Finanzas Ilícitas de la Coalición FACT

2. Combate a la corrupción

Otro gran desafío de Ecuador es el combate a la corrupción, explica el abogado experto en el sector minero, Stevie Gamboa, quien detalla que las autoridades de control han dejado pasar alertas importantes durante la exportación de minerales de origen ilícito.

Gamboa explica que "hay una gran cantidad de personas vinculadas en esto", desde auditores que ponen su firma en los informes hasta "funcionarios vinculados a la corrupción y, por supuesto, funcionarios amenazados".

En septiembre de 2024, la Fiscalía allanó las oficinas de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y del Viceministerio de Minas.

Las dos entidades identificaron varias irregularidades entre 2019 y 2024, desde el otorgamiento irregular de derechos mineros hasta la falta de control en la entrega de licencias y certificados de comercialización (exportación), lo que generaría el blanqueamiento del material aurífero.

Steven Dudley, codirector de InSight Crime, un centro de investigación especializado en crimen organizado en las Américas con sede en Estados Unidos, explicó a PRIMICIAS que la minería ilegal canaliza más recursos hacia las redes de corrupción, por lo que su combate se vuelve más difícil aún.

Dudley explica el oro ilícito se ha convertido en una segunda macroeconomía criminal en Ecuador, al mismo nivel que el narcotráfico y genera enormes ganancias, lo que hace que se vuelva atractiva incluso para actores estatales.

El investigador recuerda que en Ecuador ya existe una penetración de ciertos niveles de gobierno en actividades criminales, sobre todo a nivel local. 

De hecho, en algunos operativos militares contra la minería ilegal, se ha encontrado maquinaria de gobiernos locales, lo que ha llamado la atención de las autoridades de control.

Así que una de las tareas de Ecuador en su combate a la minería ilegal será depurar las instituciones en las que se ha detectado corrupción, pero también fortalecerlas, explica Julia Yansura. 

Los pasos que ha dado Ecuador en su combate a la minería ilegal

En octubre de 2024, el presidente Daniel Noboa dispuso la creación de un Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim). Uno de los objetivos de esta medida fue, precisamente, empezar a rastrear la ruta del dinero ilícito.

El Conim es la piedra angular de la nueva estrategia del Gobierno en su combate a la minería ilegal. La integran 15 entidades, incluyendo a los Ministerios de Energía y Minas, Ambiente; la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom); Fuerzas Armadas; Policía; pero también están la Aduana, la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) y el Servicio de Rentas Internas.  

Según el Gobierno, desde que existe el Conim, las entidades antes mencionadas han empezado a trabajar intercambiando información para detectar las irregularidades, sobre todo en las exportaciones de minerales de origen ilícito.

De esta forma, el Servicio de Rentas Internas detectó la existencia de 23 empresas constituidas en 2023 y 2024 que reportaron exportaciones de minerales por hasta USD 90 millones. Pero, cuando las autoridades llegaron a los domicilios registrados en los RUC, no los encontraron.

Estas 23 empresas fueron creadas como Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que no requieren un capital mínimo para abrir. Pero han sido muy usadas en Ecuador para evadir impuestos, simular operaciones económicas y subdeclarar ingresos.

Por ello, desde junio de 2025, las SAS ya no pueden realizar actividades en cinco sectores económicos, incluyendo la minería, según consta en la Ley de Solidaridad Nacional.

A eso se suman otras acciones, como la reapertura del catastro minero, la imposición de una tasa minera -algo que ha sido duramente cuestionado por el sector-. El Ministerio de Energía asegura que requiere estos recursos para combatir la minería ilegal.

Ecuador también ha buscado el apoyo de otros países. Con Estados Unidos hay un convenio de cooperación para temas de seguridad, que incluyen la minería ilegal. Una de las acciones que son parte de ese acuerdo es el control de la maquinaria amarilla.