Allanamientos en el Ministerio de Energía apuntan a la emisión de más de 600 concesiones irregulares

Los allanamientos de la Fiscalía y la Policía Nacional a las oficinas del Viceministerio de Minas y a la sede principal de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), realizados el 3 de septiembre de 2024, en Quito, estarían relacionadas con la posible emisión de 652 concesiones o derechos mineros "de manera irregular", entre los años 2019 Y 2024. 

Lo anterior se encuentra detallado en la autorización de allanamientos otorgada a la Fiscalía por un Juez de la Unidad Judicial con Competencia en Infracciones Flagrantes, de Quito, documento al que tuvo acceso PRIMICIAS. 

El pedido de allanamientos de la Fiscalía tiene la finalidad de "evitar que se destruyan o desaparezcan elementos de convicción que aporten a la investigación".

El documento detalla que la Arcom y el Ministerio de Energía habrían identificado "irregularidades tanto en su sistema informático, como en el otorgamiento de permisos que se encuentran dentro de sus competencias". 

Adicionalmente, precisa que también se habría detectado un "aparente crecimiento significativo en las plantas de beneficio", que se encontrarían procesando material aurífero "sin verificar la trazabilidad y procedencia del material". 

Por otro lado, habría una "falta de control en el otorgamiento de licencias y certificados de comercialización (exportación) lo que generaría el blanqueamiento del material aurífero". 

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Con estas acciones, se estaría presuntamente incumpliendo con la Resolución N° 001 de la Arcom, del 24 de enero de 2018, con la que se aprobó el cierre temporal del catastro minero. 

¿Concesiones irregulares?

El pedido de allanamientos se refiere de manera textual a la emisión irregular de "652 catastros mineros a nivel nacional". Sin embargo, en el comunicado emitido por el Ministerio de Energía, el mismo 3 de septiembre, se aclara que se trataría de un "presunto otorgamiento irregular de derechos mineros". 

Es decir, el término "catastros mineros" sería una confusión de la Fiscalía, puesto que no se entregan catastros mineros, sino concesiones o derechos mineros, explica el exviceministro de Minas, Fernando Benalcazar. 

¿Por qué se hace referencia a más de 600 concesiones o derechos mineros? Según Benalcazar, la investigación podría estar relacionada con las cerca de 600 solicitudes de concesión que fueron revisadas en un informe técnico legal, elaborado por una comisión contratada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante 2019 y presentado por el Viceministerio de Minas, en enero de 2020, al Ministro de Energía, José Agusto Briones (+).

Ese informe fue presentado durante la primera gestión de Benalcazar al frente del Viceministerio de Minas (septiembre, 2018 - enero, 2020) y tenía como objetivo verificar las solicitudes ingresadas antes de enero de 2018, cuando se ordenó el cierre del catastro minero. Esto con el fin de adelantar la depuración del catastro, puesto que se preveía su reapertura. 

El exviceministro estima que cerca del 80% de esas solicitudes de concesión cumplieron con los requisitos; el resto, debía darse de baja y se procedió con las notificaciones. Además, de esas cerca de 600 solicitudes de concesión analizadas, quedaron pendientes otras 394. 

Benalcazar desconoce qué pasó con la información presentada en el informe, después de que se entregó. De hecho, él salió del Viceministerio en enero de 2020, aunque luego retomó la gestión entre marzo y octubre de ese año. 

Sobre la posible entrega de concesiones mineras que no cumplían con los requisitos, señala lo siguiente: "Bajo mi administración, jamás pudo haber sucedido esto". 

Pero no descarta que haya podido ocurrir luego, lo que posiblemente motivaría la investigación de Fiscalía: "La Policía Judicial debe tener suficientes indicios para proceder a un allanamiento; ellos están buscando corroborar información preliminar". 

Sin embargo, considera que esos procedimientos deberían ocurrir en las coordinaciones zonales de la Arcom y del Ministerio, donde se encuentran los expedientes físicos y digitales de las concesiones o permisos. 

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Por otro lado, añade que de las 600 solicitudes de concesión que analizaron en el informe de 2020, "unas pocas, posiblemente, continuaron con el proceso, siempre y cuando cumplieran con los requisitos legales, y entraron al registro minero, no al catastro". 

Eso podía haber ocurrido "porque había una orden judicial (que así lo ordenaba) y ningún funcionario público va a ir a la cárcel por no cumplir la disposición de un juez competente", dice Benalcazar.

No obstante, aclara que, al mantenerse cerrado el catastro, legalmente solo se podría avanzar con un trámite de concesión "hasta la aprobación del registrador minero". Y aunque la concesión quede registrada, aún no podría pasar al catastro, que es la herramienta donde se grafican todas las áreas mineras. 

"Lo único que da el derecho concesionario o el permiso en minería artesanal es estar en el catastro (...) Es el documento administrativo que te permite operar", subraya Benalcazar.

Recientemente, el Viceministerio de Minas precisó a PRIMICIAS que al cierre del catastro minero, había 459 solicitudes pendientes de aprobación. Pero, desde julio de 2024 hasta el 8 de agosto, se gestionaron 115 trámites, de los cuales 61 fueron otorgados y 54 archivados. 

Los trámites pendientes, es decir, los restantes 344, "serán procesados hasta septiembre y diciembre de este año", se explicó en ese entonces.

¿Lavado de minerales?

No obstante, llama la atención que el pedido de allanamientos de la Fiscalía hace referencia a un "crecimiento significativo en las plantas de beneficio", que son las que procesan el material mineralizado para obtener minerales finos. 

Lo que quiere decir que no solo se habrían adelantado los trámites de concesiones, sino que posiblemente se estarían explotando minerales, producto de esas concesiones, a pesar de que el catastro se encuentra cerrado."Ahí sí hay algo malo, es una evidencia", recalca el exviceministro. 

Sin embargo, aclara, que esas plantas pueden pertenecer a terceros, que ofrecen los servicios de procesamiento a los dueños de las concesiones.

"Al salir de las plantas de beneficio, el material mineralizado de origen ilegal se legaliza y el dueño del material puede exportar a través de los canales regulares de exportación", añade Benalcazar sobre la posibilidad de que la investigación también esté vinculada con los incrementos en las exportaciones de oro.

De hecho, el 7 de agosto de 2024, el Viceministerio de Minas investiga un aumento inusual de la emisión de autorizaciones para la exportación de oro. Esto ha derivado en que empresas de reciente data exporten grandes cantidades de oro. 

Con ese objetivo, desde el 30 de julio, la Arcom centralizó en su agencia matriz en Quito la emisión de certificados de exportación de minerales, que se emitían en las coordinaciones regionales de Guayas, El Oro, Imbabura, Azuay, Orellana y Chimborazo.

El actual ministro de Energía, Antonio Gonçalves, dijo en un video transmitido en redes que su Cartera apoyará la gestión de la Policía Nacional con la información que requieran para "erradicar la corrupción en Ecuador".