Bandas delincuenciales intentan tomarse las minas en Ponce Enríquez, en Azuay. Al menos cinco ataques armados han ocurrido desde junio de 2022 en el cantón. Los empresarios piden al Estado una mayor intervención.
Los ataques armados a las mineras de Ponce Enríquez tienen en alerta a los empresarios del sector. Entre junio de 2022 y marzo de 2023, se reportaron al menos cinco incursiones violentas en concesiones de este cantón azuayo.
Los responsables de los ataques a las minas de Ponce Enríquez no son solo mineros ilegales. Las autoridades han identificado que son grupos delincuenciales armados, vinculados a otros delitos como el narcotráfico.
El último ataque ocurrió el sábado 18 de marzo de 2023, en la concesión Barranco Colorado, de la empresa Agriplaza. Un grupo armado pretendía ingresar a la mina para sustraerse el material aurífero y asesinó al guardia que custodiaba el lugar, confirmó la Policía de Azuay.
Dos meses antes de que eso ocurra, la empresa ya había alertado del acecho de los grupos delincuenciales en su concesión.
"Desde finales de noviembre de 2022, el personal de la compañía ha identificado labores mineras de personas ajenas a su operación, sin autorización alguna", asegura la empresa en una carta enviada a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables.
La compañía identificó que en el área de la concesión hay unas 30 personas ajenas a la empresa, custodiadas por personal armado, y la presencia de vehículos con vidrios polarizados y sin placas.
Los mineros ilegales han trabajado un desfonde en los túneles de la concesión Barranco Colorado, "con el objetivo de ingresar y sustraer material aurífero", detalla la empresa.
Por esa razón, el 13 de enero de 2023, la compañía minera solicitó a la Agencia de Regulación y Control de la Energía un amparo administrativo por internación ilegal.
Es decir, la empresa pidió a la Agencia de Control que intervenga para evitar actividades mineras ilegales en su concesión.
En un oficio dirigido al director nacional de la entidad estatal, Agriplaza pidió tres medidas cautelares:
- El abandono y desalojo de los infractores
- Decomiso de maquinaria, equipos, herramientas y mineral extraído
- Que se oficie de manera urgente a la Policía Nacional y Fiscalía Provincial para que actúen “ante la flagrante consumación del delito”
Pero el amparo administrativo fue aceptado el 20 de marzo, después del último ataque armado a la mina, según informó Steve Gamboa, abogado de la empresa Agriplaza, vía Twitter.
PRIMICIAS solicitó a la Agencia de Regulación y Control de la Energía información sobre este tema, pero no hubo respuesta hasta la tarde del 21 de marzo de 2023.
Otras minas atacadas
El 25 de febrero, ocurrió otro ataque armado en Ponce Enríquez, contra la mina Bonanza. La empresa denunció que 30 sujetos armados ingresaron a la concesión y retuvieron a 62 trabajadores.
Las labores de rescate duraron dos días, según los reportes policiales. Además, hubo destrucción de la infraestructura y tuberías.
A eso se suma un hecho similar que fue denunciado por la Coordinación zonal de la Agencia de Regulación y Control de Energía en octubre de 2022.
Ese año hubo otros ataques. El más grave ocurrió en junio, en una mina de propiedad del alcalde de Ponce Enríquez, Baldor Bermeo. La incursión dejó tres personas fallecidas.
Más presencia militar
Los dueños de las concesiones mineras piden al Estado una mayor intervención para combatir la presencia de las bandas criminales en las concesiones.
Los mineros solicitan que las Fuerzas Armadas y la Policía ingresen a los lugares tomados por los grupos delincuenciales. También piden la activación de la Comisión Especial para el control de la minería ilegal.
Xavier Rosero, comandante de la Policía de la zona 6, aseguró que en Ponce Enríquez se aumentó el personal policial con unidades tácticas como el Grupo de Operaciones Especiales. Los operativos son principalmente los fines de semana.
El jefe de la Policía dijo, además, que hay una labor de investigación para desarticular a las bandas criminales que operan en el cantón. La última detención fue a inicios de marzo, cuando el Ejército capturó a nueve presuntos integrantes de la banda Los Lobos.
Las Fuerzas Armadas también aumentaron los operativos, tras una disposición de la Gobernación de Azuay, que ofreció incrementar el control de la minería ilegal en la provincia este año.
También le puede interesar:
Lo último