Las causas de las muertes violentas en Azuay están asociadas, principalmente, a la minería ilegal. La provincia tiene cuatro puntos conflictivos en Ponce Enríquez, Sígsig, Pucará y la parroquia Molleturo (Cuenca).
El combate a la minería ilegal será el eje prioritario del plan de seguridad de Azuay para 2023. Así lo aseguró el gobernador de la provincia, Matías Abad, quien detalló a PRIMICIAS que esa decisión se tomó al analizar los índices delictivos de 2022.
"Esta es la principal directriz que tenemos, poque de la minería ilegal se derivan muchas cosas: delincuencia organizada, lavado de dinero, narcotráfico, robos, incluso se reclutan personas para dar seguridad a las minas", explicó.
Una de las consecuencias más preocupantes de esta actividad ilícita es la violencia expresada en el incremento de muertes violentas. Azuay cerró 2022 con 61 casos, 25 más que el año previo.
La mayoría de esos crímenes están vinculados con la minería ilegal y peleas entre bandas por el microtráfico de drogas, sostiene el funcionario.
"Si logramos palear la minería irregular y el microtráfico, vamos bajar significativamente los índices de muertes violentas en Azuay"
Matías Abad, gobernador de Azuay
Las autoridades definieron cuatro puntos en los que se priorizarán los operativos: Ponce Enríquez, Sígsig, Pucará y Molleturo (en Cuenca). "En esos cuatro lugares tenemos más denuncias y el avance de la minería es evidente", según Abad.
Según el gobernador, se incrementarán los operativos conjuntos en estas zonas, en los que intervienen el Ministerio del Ambiente, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales, Policía, Fuerzas Armadas.
También hay una disposición para que las Fuerzas Armadas desarrollen operativos frecuentes de control de armas, municiones y explosivos en las zonas de influencia de los puntos conflictivos.
Una de las metas es aumentar el número de detenciones para dar con los líderes de las bandas delictivas. El jefe de Policía del Azuay, Hugo Arroyo, advirtió que "muchas veces los involucrados son alertados de los operativos".
Eso explica que cuando las autoridades de control llegan a esos sitios de conflicto solo encuentran maquinaria y equipos. Por eso, pocos días después de los controles, los mineros ilegales vuelven a trabajar en los mismos sitios.
Otro objetivo es evitar que la actividad avance hacia otros sitios donde hay yacimientos mineros, como es el caso de Loma Larga, un proyecto a gran escala que espera la autorización para iniciar la explotación.
Ponce Enríquez, el cantón más violento
De las 61 muertes violentas registradas en Azuay el año pasado, 33 ocurrieron en Cuenca y 25 en Ponce Enríquez. En este último cantón, esas 25 muertes significan más del triple de los siete crímenes de 2021 y cinco veces más que los cinco ocurridos en 2020.
En Ponce Enríquez la violencia está estrechamente vinculada a la minería ilegal. El número de crímenes es preocupante, explica el fiscal Leonardo Amoroso, considerando que el tiene solo 36.000 habitantes.
En este cantón, que limita con Guayas y El Oro, son frecuentes los sicariatos y los ataques a las minas. En diciembre de 2022, la Policía trasladó a personal del Grupo de Operaciones Especiales y de la Unidad de Mantenimiento del Orden, para controlar la violencia.
"Ya estamos viendo los primeros resultados este año. En dos semanas tenemos siete detenidos, hemos retenido maquinaria, armamento y tacos de dinamita", aseguró el jefe de Policía de Azuay.
Conflictos sociales en Molleturo
El segundo punto más conflictivo de Azuay es Molleturo, ubicado en el oeste del cantón Cuenca, donde se encuentra la mina de Río Blanco. Esta está clausurada desde 2018 por una orden judicial.
En octubre de 2022, hubo varios ataques armados, en uno de ellos una mujer de 24 años fue asesinada. La joven y su hermano se movilizaban en una grúa desde Guayaquil hacia Molleturo.
Desconocidos que estaban en un camión cargado de material aurífero los interceptaron y pidieron que los ayuden con el remolque. Los jóvenes no aceptaron y recibieron disparos.
"Ahí había un problema: los pobladores no permitían el ingreso de las instituciones del Estado, pero luego de ese crimen pudimos trabajar de forma coordinada con otras entidades", sostiene el oficial.
Arroyo sostiene que los conflictos se han controlado, pero la presencia de mineros ilegales se mantiene y eso se trabajará con la Agencia de Regulación y Control de Energía y las otras entidades competentes.
Gobernación ofrece más policías
En la planificación de la Gobernación del Azuay también está el control del microtráfico de drogas y la prevención de delitos que tuvieron un incremento en Cuenca el año pasado. Por ejemplo, robos a domicilios, comercios, unidades económicas y otros.
Para ello, el Gobierno ofrece incrementar el número de policías para trabajar en esas áreas.
Actualmente, Azuay tiene 850 policías, incluyendo los 160 que se sumaron en 2022. La idea es que lleguen 200 más en abril y otros 200 en noviembre, para que la provincia quede con 1.250 uniformados.
Pero el objetivo final es que hasta 2024 haya 1.850 policías trabajando en Azuay. Además de una inversión importante en logística y equipamiento
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