Cuenta regresiva en España: Miles de migrantes, entre ellos los ecuatorianos, siguen sin respuesta a las puertas del cierre de la regularización
Los casos seguidos por PRIMICIAS desde Madrid, de ecuatorianos que buscan la regularización, demuestran que las autorizaciones finales aún no llegan y la gran mayoría sigue en una angustiosa espera.
Los ecuatorianos Nicole Santana, Brigitte Tapia y Luis Toapanta, están a la espera de la resolución definitiva sobre su proceso de regularización en España.
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Cortesía /Soraya Constante
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MADRID. Cuando falta una semana para que concluya el proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno español, el balance provisional deja una imagen contradictoria. Por un lado, la medida ha atraído un volumen de solicitudes muy superior al previsto: más de 900.000 personas habían presentado su expediente hasta mediados de junio, convirtiendo el proceso en el mayor de estas características en la historia del país. Por otro, cientos de miles de migrantes siguen atrapados en una larga espera mientras sus expedientes avanzan más lentamente de lo prometido. Hasta el momento, solamente unas 360.000 solicitudes han sido admitidas a trámite.
Las previsiones iniciales del Ejecutivo apuntaban a unos 500.000 beneficiarios. Sin embargo, las solicitudes prácticamente han duplicado esa estimación. El aluvión de expedientes ha puesto bajo presión a las oficinas encargadas de revisarlos y ha provocado retrasos que, en muchos casos, se prolongan durante meses.
Las organizaciones que acompañan a los migrantes, como CEAR, atribuyen la situación a una combinación de factores: falta de recursos humanos y técnicos, saturación de las oficinas de Extranjería, dificultades para obtener documentación en los países de origen y la implantación de nuevos sistemas digitales de validación. A ello se suma la decisión del Gobierno de externalizar parte de la revisión de los expedientes para evitar el colapso administrativo.
La espera también se refleja entre los ecuatorianos que iniciaron el proceso durante las primeras semanas de la regularización. Los casos seguidos por PRIMICIAS desde Madrid demuestran que el avance administrativo es prácticamente nulo. Entre los migrantes consultados y los profesionales que acompañan el proceso, las autorizaciones finales son inexistentes. Lo que está llegando de forma masiva son las admisiones a trámite.
Javier Almache, que presentó su solicitud a finales de abril, obtuvo este mes la admisión a trámite de su expediente, un paso que le permitió acceder a un Número de Identificación de Extranjero (NIE) y abonar la tasa administrativa correspondiente, de 38,24 euros (USD 44). Para preparar la documentación contrató además a un abogado particular por 150 euros (USD 172). Sin embargo, continúa esperando la resolución definitiva.
Una situación similar vive Brigitte Tapia. Ella también ha recibido el permiso provisional que le permite trabajar legalmente mientras se analiza su expediente, pero todavía no dispone de una resolución favorable que consolide su situación administrativa.
El resto continúa sin noticias. Luis Toapanta, que presentó su solicitud el 28 de mayo, solo dispone del número de expediente facilitado por su abogada, cuyos servicios le costaron 300 euros (USD 344). “La abogada me dijo que hay que esperar y me dio un número de expediente y nada más”, cuenta. Entre los documentos que presentó figuran el certificado de vulnerabilidad, copias completas de su pasaporte, un certificado médico y los comprobantes de envío de dinero a Ecuador.
Nicole Santana, residente en Barcelona, presentó la documentación el 19 de mayo y tampoco ha recibido respuesta. En su caso, el trámite supuso otros 300 euros en honorarios profesionales. Un tercer ecuatoriano residente en Madrid, que pidió no ser identificado, sigue esperando noticias para él y sus tres hijos. Su abogado le cobrará 200 euros (USD 229) por cada miembro de la familia una vez concluya el procedimiento.
Qué significa la "admisión a trámite"
La diferencia entre quienes han recibido alguna notificación y quienes siguen esperando es importante. Muchos migrantes creen que ya están llegando los "papeles", cuando en realidad la mayoría de las comunicaciones corresponden a admisiones a trámite.
Nicolle Naranjo, abogada que asesora a migrantes ecuatorianos y colabora con el Consulado de Ecuador, explica que esta resolución provisional significa que la Administración ha aceptado el expediente para su estudio.
“Con la admisión a trámite la persona recibe un Número de Identificación de Extranjero, puede obtener un número de la Seguridad Social y empezar a trabajar legalmente mientras continúa la revisión de la documentación”.
Nicolle Naranjo, abogada migratoria
Sin embargo, advierte que esta comunicación no equivale a una aprobación definitiva. El expediente sigue siendo analizado y puede ser rechazado si aparecen antecedentes penales, errores documentales o incumplimientos de alguno de los requisitos exigidos por la norma.
Por ahora, sostiene, las resoluciones favorables continúan siendo escasas en comparación con el volumen de solicitudes presentadas. “Lo que estamos viendo llegar son principalmente admisiones a trámite”, resume.
La resolución favorable definitiva solo llega después de que Extranjería compruebe la permanencia previa en España, la ausencia de antecedentes penales y el cumplimiento del resto de condiciones establecidas por la normativa. Una vez obtenida, los beneficiarios disponen de un mes para acudir a una comisaría de Policía, realizar la toma de huellas y solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), el documento físico que acredita la residencia legal.
El trasfondo económico de dar papeles a los migrantes
Más allá de las historias individuales, la regularización tiene una dimensión económica que explica parte del respaldo que ha recibido por parte de sindicatos y organizaciones empresariales. Un informe de CaixaBank Research estima que alrededor de una tercera parte de las nuevas afiliaciones registradas en mayo está vinculada al proceso extraordinario.
Durante ese mes, la Seguridad Social sumó cerca de 232.000 afiliados y alrededor de 21.000 altas estarían relacionadas con la regularización. Los trabajadores extranjeros representan ya el 15% del total de afiliados y generan más de la mitad del crecimiento anual del empleo en España.
Los sectores más beneficiados son precisamente aquellos que presentan mayores dificultades para cubrir vacantes, como la construcción, la hostelería y determinados servicios. Sin embargo, el mismo informe advierte de otro desafío persistente: más de la mitad de los trabajadores extranjeros desempeñan empleos por debajo de su nivel de cualificación.
La percepción de la sociedad espñola
La dimensión económica convive con un intenso debate político y social. Una encuesta del Instituto DYM realizada en mayo refleja una sociedad dividida. El 46,2% de los españoles se muestra contrario a la regularización extraordinaria, frente a un 39% que la respalda.
Las diferencias se amplían según la orientación ideológica. El apoyo es mayoritario entre los votantes de izquierda y centroizquierda, mientras que el rechazo predomina entre quienes se identifican con posiciones de centroderecha y derecha. Pese a ello, la iniciativa cuenta con el respaldo de más de 700.000 firmas ciudadanas, centenares de organizaciones sociales, sindicatos, patronales y la Iglesia católica.
A una semana del cierre del proceso, el reto para la Administración ya no consiste únicamente en gestionar la avalancha de solicitudes recibidas. También pasa por transformar las admisiones a trámite en resoluciones definitivas. Mientras eso ocurre, miles de migrantes continúan pendientes de una respuesta que, para muchos, sigue pareciendo lejana. La regularización ya ha comenzado a abrir la puerta al empleo formal para algunos, pero la verdadera medida de su éxito dependerá de cuántos expedientes logren convertirse finalmente en una residencia legal.
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