24 horas de cola por un papel: las largas filas para entrar a tiempo en la regularización en España

La primera semana del proceso de regularización presencial en España transcurrió sin grandes colas en las oficinas de extranjería ni en Correos, los puntos oficiales donde se entregan los expedientes. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones celebró el arranque: más de 130.000 solicitudes presentadas —entre vía telemática y presencial— y 55.000 citas asignadas hasta el 30 de abril. Todo parece funcionar, pero las colas no han desaparecido, solo han cambiado de sitio.

Se han desplazado a las más de 200 organizaciones colaboradoras, muchas de ellas asociaciones de migrantes, encargadas de acompañar el proceso y, sobre todo, de emitir el certificado de vulnerabilidad: el documento que se ha convertido en llave de entrada para quienes no tienen una oferta de trabajo en firme. Allí, lejos del foco institucional, el sistema muestra su verdadero cuello de botella.

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La mañana del 23 de abril, Javier Almache, de 23 años, espera su turno en una fila que empezó la noche anterior. Delante de él, una madre hondureña con sus dos hijos menores. Han dormido en la calle para asegurarse uno de los primeros turnos. El objetivo es el mismo para todos: conseguir ese certificado que puede abrirles la puerta a los papeles.

Almache, ecuatoriano, lleva un año y cinco meses en España. Trabaja informalmente desde que llegó. “Ha sido muy difícil trabajar sin documentos aquí; he trabajado como cocinero, lavaplatos, de lo que haya… Las personas se aprovechan, algunos son ecuatorianos como yo, y eso duele. Tuve una mala experiencia en una frutería donde trabajaba desde las siete de la mañana a diez de la noche y me pagaban 1.000 euros”, cuenta, todavía en la cola.

La mujer hondureña, de treinta y tantos, se suma a la conversación. Habla en presente, como si viviera un día a la vez. “A veces consigo algo en hostelería, pero así en turnos nocturnos, a veces cuidado de niños, así por horas, lo que me vaya saliendo”. Hace poco trajo a sus hijos. “Los traje por las situaciones de violencia, para que ellos tengan algo más de libertad que en nuestros países”, dice.

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La Asociación Rumiñahui, clave para la entrega del Certificado de Vulnerabilidad

La conversación se interrumpe a las nueve en punto. La Asociación Rumiñahui empieza a llamar a los primeros grupos. Cada día atienden a casi 600 personas que han pasado la noche fuera. Entran en tandas para una explicación colectiva que marca el ritmo del proceso.

Dentro, el mensaje es claro y repetido como un mantra por Vladimir Paspuel o Elizabeth Sánchez, los únicos que pueden firmar el certificado de vulnerabilidad. La primera indicación es que el trámite es gratuito. Nadie debería pagar por él. “Es un esfuerzo extrahumano el que estamos haciendo”, explican los representantes de la asociación, que acumula tres décadas de experiencia. No están obligados a emitirlo, insisten, pero lo hacen por compromiso. También alertan de que hay abogados que están cobrando hasta 800 euros por trámites que pueden hacerse sin coste.

Antes de empezar con los formularios, llega otra petición, la del civismo. No bloquear portales, no molestar a los vecinos, no usar la calle como baño improvisado. La policía ya ha llamado la atención a la asociación.

Luego viene la parte técnica. Nombre exacto como en el pasaporte. Dirección y teléfono localizables. Marcar las casillas de vulnerabilidad, ya sea por falta de ingresos, dificultades de acceso al empleo o situación de pobreza. Adjuntar la copia del pasaporte y firmar una declaración responsable. La fecha y el lugar se completan; el resto lo sellará la organización.

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“Nosotros ayudamos porque también fuimos migrantes”, resume Vladimir Paspuel. “Sabemos lo que es empezar de cero y también entendemos que España necesita incorporar mano de obra que cotice a la Seguridad Social”.

Fuera, la fila sigue creciendo. Parece que nunca va a desaparecer.

Jóvenes veinteañeros, el perfil fuerte de los ecuatorianos que buscan la regularización

Los ecuatorianos no son mayoría, pero sí visibles, sobre todo jóvenes que entraron con visado de turismo y ahora buscan quedarse. Angélica Yamile, 22 años, llegó desde Guayaquil hace año y medio. “Yo vi por internet que estaban dando aquí el documento de vulnerabilidad y entonces por eso me atreví a venir”, dice. Su plan es claro: estudiar en España.

Lilibeth Salvatierra, 27 años, lleva seis meses en el país y también llegó por el eco de las redes. “Trabajo como interna los fines de semana y me están pagando solo 400 euros”, dice, y en esa frase se cuela la precariedad entera. “He pasado la noche en la calle para conseguir este certificado, complicado el frío, pero sé que valdrá la pena”.

Brigitte Tapia, a punto de cumplir 30, viene de Loja y aterrizó en España hace ocho meses. “La situación que estamos atravesando en el país con la delincuencia ha hecho que bajen mucho las ofertas de empleo. Como soy de una ciudad muy reducida, las oportunidades cayeron totalmente y era una oportunidad venir acá”, dice la joven, que tiene un título de economista. “Intenté para Estados Unidos y para España y me salió para acá”. Ahora apunta más lejos: “Yo quiero seguir una maestría en auditoría de cuentas y ejercer la carrera acá”.

El entrevistado más veterano es Luis Toapanta, de 39 años, que ya conoce el país. Vivió en Madrid entre 2008 y 2012 y ahora ha vuelto. “Ecuador está un poco mal, no hay mucho empleo”, dice este hombre, que también ha dormido en la fila. “Amanecí aquí, me tapé y dije: ‘De aquí me despierto mañana’”. Ahora espera cerrar el círculo: “Esperemos, gracias a Dios, que tenemos este documento y todo, y poder regularizarme y tener nuevamente acceso al empleo o también aportar a la Seguridad Social”.

Mientras tanto, las instrucciones oficiales siguen señalando a los servicios sociales municipales como vía principal para obtener el certificado. Pero en la práctica, muchos migrantes denuncian un recorrido distinto: llamadas sin respuesta, citas que no llegan, expedientes que se aceptan para luego ser rechazados por correo electrónico con un argumento recurrente —“motivos legales”, como señala el mensaje que recibió un argentino que también llegó a la asociación Rumiñahui— y una derivación final a las entidades colaboradoras.

El Gobierno central ha denunciado este bloqueo institucional en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, que a su vez ha recurrido el proceso de regularización ante los tribunales.

En la fila, sin embargo, nadie habla de política. Hablan de frío, de turnos, de los honorarios de abogados, de trabajos que no llegan… De momento, el objetivo es conseguir ese certificado, ese primer requisito.

Y por eso aguantan la noche, el frío y la espera: porque ese sello no es el final, sino el primer paso para intentar ordenar la vida en España.