Contraloría determina glosa de más de USD 11 millones contra 68 funcionarios de hospitales del Ministerio de Salud de Ecuador

La Contraloría General del Estado (CGE) determinó una glosa por USD 11,6 millones contra 68 funcionarios de 13 hospitales del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, que actualmente enfrentan una crisis por escasez de medicinas y otros problemas. 

Este miércoles 27 de mayo de 2026, la Contraloría informó sobre la determinación la glosa, que se sustenta en un examen especial realizado en 2023, que analizó varios contratos relacionados con las adquisiciones de dispositivos médicos y medicamentos para personas con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas.

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El período examinado comprendió entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2022. Los hospitales que fueron parte de esa auditoría son: Eugenio Espejo, Baca Ortiz, Pediátrico Francisco Icaza Bustamante, Gilbert Pontón, General Isidro Ayora.

También el Vicente Corral Moscoso, General Alfredo Noboa Montenegro, General Rodríguez Zambrano, General Napoleón Dávila Córdova, General Dr. Gustavo Domínguez Zambrano, General Docente de Ambato, General San Vicente de Paúl y General Esmeraldas Sur Delfina Torres de Concha.

En esa auditoría, la Contraloría encontró diferencias en las cantidades de medicamentos recibidos por los pacientes y los existentes en las bodegas general y de farmacia de los hospitales del Ministerio de Salud. 

"No se mantuvo un control riguroso de los ingresos y egresos en las mencionadas bodegas, sin verificar la distribución, destino y uso de fármacos, que ascendería a más de USD 11 millones", detalla la Contraloría en un comunicado. 

El informe de auditoría también indica que no se verificó que los bienes cumplieran con las especificaciones técnicas en su recepción, lo que impidió el cobro de multas y permitió el almacenamiento de dispositivos médicos caducados o adulterados. 

"Esto afectó el acceso de pacientes con VIH a pruebas de hepatitis B y provocó el desabastecimiento de medicamentos esenciales para pacientes con hemofilia", explica el organismo de control. 

Además, tras la terminación unilateral de uno de los contratos, no se registró al proveedor como contratista incumplido ante el SERCOP, no se ejecutaron garantías de fiel cumplimiento ni se presentó la denuncia ante la Fiscalía por medicamentos adulterados.