El Ministerio de Educación establece nuevas reglas para la resolución de conflictos escolares en Ecuador

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura oficializó en abril de 2026 una nueva normativa que regula el manejo de desacuerdos en los planteles educativos de Ecuador y la aplicación de medidas disciplinarias para fortalecer la convivencia armónica en los establecimientos.

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Este viernes 24 de abril, el Ministerio de Educación se pronunció sobre el tema, ante las dudas que han surgido por cuestiones como el uso de celulares en las aulas. 

"Las normativas de convivencia y disciplina han sido fortalecidas, no eliminadas", asegura la Cartera de Estado en el comunicado. Añade que el uso de dispositivos móviles en las instituciones educativas "continúa regulado bajo el Acuerdo Ministerial 2025-00015-A".

Qué dice el acuerdo ministerial

La ministra Gilda Alcívar suscribió este instrumento que da más facultades para sancionar a los rectores y que busca priorizar el diálogo y la justicia restaurativa sobre los castigos punitivos tradicionales.

La nueva normativa define los conflictos escolares como situaciones de desacuerdo entre dos o más estudiantes donde no existe una relación de poder ni actos de violencia o acoso. Para estos casos, las instituciones deben implementar mecanismos alternativos de resolución de conflictos de forma obligatoria.

Los pilares de este proceso son:

• Restauración: Busca reconstruir las relaciones afectadas y recuperar la confianza dentro del entorno escolar.
• Reparación: Consiste en acciones materiales o simbólicas voluntarias que enmiendan el daño causado.
• Voluntariedad: Las partes deben participar por decisión propia, sin presiones externas.

El Acuerdo delega a las máximas autoridades de cada plantel la facultad para resolver directamente faltas relacionadas con la deshonestidad académica, la alteración de la convivencia o el daño a la infraestructura. 

No obstante, los casos de violencia escolar, acoso u hostigamiento académico quedan fuera de su jurisdicción y corresponden exclusivamente a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos.

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Cada institución educativa contará con una Instancia de Resolución de Conflictos, liderada por un directivo delegado. Esta oficina funcionará de forma permanente y llevará actas de acuerdos que tendrán carácter confidencial.

El documento aclara que los incidentes calificados como accidentes escolares no se someterán a procesos disciplinarios, aunque sí podrán ser objeto de prácticas restaurativas para prevenir eventos futuros. 

Finalmente, el Acuerdo deroga la normativa anterior de 2023 para evitar contradicciones legales y asegurar una gestión eficiente en el sistema educativo nacional.