El Ministerio de Educación establece nuevas reglas para la resolución de conflictos escolares en Ecuador
El Acuerdo delega a las máximas autoridades de cada plantel la facultad para resolver directamente faltas relacionadas con la deshonestidad académica, la alteración de la convivencia o el daño a la infraestructura.
Imagen referencial de estudiantes en la Costa de Ecuador.
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Policía Nacional
Autor:
Redacción Primicias
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El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura oficializó una nueva normativa que regula el manejo de desacuerdos en los planteles educativos de Ecuador y la aplicación de medidas disciplinarias para fortalecer la convivencia armónica en los establecimientos.
La ministra Gilda Alcívar suscribió este instrumento que da más facultades para sancionar a los rectores y que busca priorizar el diálogo y la justicia restaurativa sobre los castigos punitivos tradicionales.
La nueva normativa define los conflictos escolares como situaciones de desacuerdo entre dos o más estudiantes donde no existe una relación de poder ni actos de violencia o acoso. Para estos casos, las instituciones deben implementar mecanismos alternativos de resolución de conflictos de forma obligatoria.
Los pilares de este proceso son:
- Restauración: Busca reconstruir las relaciones afectadas y recuperar la confianza dentro del entorno escolar.
- Reparación: Consiste en acciones materiales o simbólicas voluntarias que enmiendan el daño causado.
- Voluntariedad: Las partes deben participar por decisión propia, sin presiones externas.
El Acuerdo delega a las máximas autoridades de cada plantel la facultad para resolver directamente faltas relacionadas con la deshonestidad académica, la alteración de la convivencia o el daño a la infraestructura.
No obstante, los casos de violencia escolar, acoso u hostigamiento académico quedan fuera de su jurisdicción y corresponden exclusivamente a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos.
Cada institución educativa contará con una Instancia de Resolución de Conflictos, liderada por un directivo delegado. Esta oficina funcionará de forma permanente y llevará actas de acuerdos que tendrán carácter confidencial.
El documento aclara que los incidentes calificados como accidentes escolares no se someterán a procesos disciplinarios, aunque sí podrán ser objeto de prácticas restaurativas para prevenir eventos futuros.
Finalmente, el Acuerdo deroga la normativa anterior de 2023 para evitar contradicciones legales y asegurar una gestión eficiente en el sistema educativo nacional.
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