¿Qué pasará con los celulares en las aulas de Ecuador? Esto determina el Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes se pronunció sobre las normativas que regulan el uso de teléfonos celulares en los establecimientos educativos de Ecuador, reglas que complementan el reciente Acuerdo Ministerial de medidas socioeducativas y disciplinarias. 

La regulación entró en vigencia desde su suscripción el 15 de abril de 2025. El 23 de abril, el Ministerio de Educación se pronunció sobre el tema y aseguró que la regulación sobre el uso de celulares sigue vigente, "bajo un enfoque pedagógico y de protección integral".

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En un comunicado difundido este 24 de abril, la Cartera de Estado insiste en que "el uso de dispositivos móviles en las instituciones educativas continúa regulado bajo el Acuerdo Ministerial 2025-00015-A". 

Además, sostiene que las normativas de convivencia y disciplina "han sido fortalecidas, no eliminadas".

Estas son las reglas que regulan el uso de teléfonos celulares

• Los teléfonos celulares, también llamados móviles y smartphones, se prohíben totalmente en la educación inicial y también en la educación básica.
• Estos aparatos están permitidos para los estudiantes de bachillerato solamente para fines pedagógicos supervisados por los docentes.
• Los celulares, además, no pueden exigirse como útiles escolares.
• Sin embargo, se permite el uso de celulares por temas médicos, de seguridad familiar o para estudiantes extranjeros.
• Existe una prohibición estricta sobre la grabación, publicación o difusión de imágenes del alumnado sin un consentimiento expreso.

El Acuerdo Ministerial (que lo puede revisar en su totalidad aquí) se enmarca en las competencias del Ministerio de Educación para garantizar la seguridad, integridad y privacidad de los estudiantes dentro del Sistema Nacional de Educación, conforme a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). 

El nuevo reglamento responde a la necesidad de actualizar las disposiciones existentes sobre el uso de dispositivos tecnológicos, para priorizar la prevención de riesgos y la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.