Viviendas y fragilidad estructural, la factura pendiente tras 10 años del terremoto en Manabí
Viviendas y fragilidad estructural, la factura pendiente tras 10 años del terremoto en Manabí
Tras una década del terremoto del 16 de abril de 2016 en Ecuador, los beneficiarios de las casas que entregó el Gobierno en Manabí aún no reciben las escrituras. Además, el subsector vivienda fue uno de los más afectados debido a que, durante los procesos de construcción, no se respetaron las normas técnicas.
Fecha: 16 de abril de 2026
Fuente: PRIMICIAS
Las viviendas de la denominada reconstrucción son una deuda social y pública vigente en Manabí después de 10 años del terremoto del 16 de abril de 2016.
Aún no hay registros claros de los recursos y las casas entregadas, construidas o repotenciadas.
A esto se suma que algunas normas técnicas básicas en las construcciones se van suprimiendo, lo que, según expertos, pasará factura ante un posible nuevo sismo, ya que Ecuador está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico.
Leandro Briones, expresidente de la Federación Ecuatoriana de las Cámaras de la Construcción, sostiene que sí existen mejores condiciones que en 2016, debido a que las nuevas construcciones pasan por filtros de control técnico.
Sin embargo, advierte una falla crítica: el control del proceso constructivo. En muchos casos, los ciudadanos obtienen la aprobación de planos, pero las obras son ejecutadas por maestros sin conocimiento de la normativa vigente.
Mientras que el ingeniero Aldo Vásquez, docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, señala un problema adicional: aún existen edificaciones dañadas que no han sido demolidas en cantones como Manta, Sucre, Pedernales y Portoviejo, lo que representa un riesgo permanente.
Además, asegura que, ante la alta probabilidad de un nuevo terremoto en las próximas décadas, todas las estructuras afectadas deben ser evaluadas estructuralmente.
Uno de los factores que agravó los daños fue la licuefacción del suelo, fenómeno que reduce la capacidad de soporte del terreno y provoca colapsos estructurales. Este aspecto evidencia la necesidad de estudios geotécnicos rigurosos en futuras construcciones.
¿Cuál fue el impacto del terremoto?
Un informe de evaluación del plan de reconstrucción de 2020 identificó varios elementos que incidieron en el impacto del terremoto: el rápido crecimiento urbano sin control suficiente, la informalidad en las prácticas constructivas, el aumento de pisos sin planificación y el uso de sistemas estructurales inadecuados.
También se evidenció una débil aplicación de políticas de gestión de riesgos en los gobiernos locales.
Aunque las viviendas reconstruidas fueron diseñadas bajo normativa antisísmica, Briones recuerda que muchas de las edificaciones colapsadas tenían más de 40 años y fueron levantadas sin los estándares actuales.
Hoy, afirma, no se deberían otorgar permisos sin estudios técnicos que garanticen estructuras sismorresistentes.
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Subsector vivienda, entre los más afectados
Aunque el terremoto afectó a otras provincias, los mayores daños ocurrieron en Manabí, donde se identificó que los cantones más perjudicados fueron Pedernales, Sucre, Manta, San Vicente, Bolívar, Rocafuerte, Chone, Jaramijó, Montecristi, Jama y Portoviejo.
En términos de impacto, se inspeccionaron más de 70.000 edificaciones y se identificó que 35.264 viviendas resultaron afectadas, con una distribución casi equilibrada entre zonas urbanas y rurales.
El subsector vivienda representó el 19,5% del costo total de reconstrucción, con una necesidad estimada superior a USD 487 millones.
En 2017 se destinaron USD 564 millones para este ámbito, y se planteó una meta de más de 45.000 soluciones habitacionales. Sin embargo, hasta 2020 se habían entregado cerca de 39.892 incentivos.
Posteriormente, en 2022, se anunció un nuevo plan con financiamiento internacional para construir casi 3.000 viviendas adicionales, pero no se concretó.
Reasentamientos y la falta de escrituras
El proceso de reasentamiento también dejó desafíos. Se estima que unas 80.000 personas fueron desplazadas y cerca de 22.000 llegaron a albergues temporales.
Se implementaron varios proyectos habitacionales, pero persisten problemas como la falta de escrituras.
En sectores como Nuevo Jaramijó, familias llevan años esperando la legalización de sus viviendas, lo que genera incertidumbre jurídica.
Algunas optaron por reconstruir por cuenta propia ante la falta de respuesta estatal. Finalmente, la ausencia de información clara y consolidada sobre los recursos invertidos y las viviendas entregadas refleja un problema de transparencia que, a una década del desastre, sigue sin resolverse.
Juan Manuel Yépez, Estefanía Celi
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