Aunque el Ministerio de Finanzas dice que quedan USD 117 millones para obras por el terremoto, en el MTOP constan asignaciones por USD 58 millones.
El martes 16 de abril de 2024 se cumplirán ocho años del terremoto de 7,8 grados de magnitud que golpeó a Manabí y parte de Esmeraldas, provincias costeras de Ecuador que hoy sufren también por el incremento de la violencia atada al narcotráfico.
Para responder a la catástrofe del terremoto, en mayo de 2016, durante el gobierno del entonces presidente Rafael Correa, se aprobó la Ley de Solidaridad.
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Con esta ley, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se incrementó de 12% a 14% por un año y se crearon contribuciones temporales.
Así, la caja fiscal recibió USD 1.623,96 millones solo en el segundo semestre de 2016, por esa ley.
Tras ocho años, la cuenta tiene un saldo de USD 117 millones hasta febrero de 2024, según el Ministerio de Finanzas.
En el Presupuesto para 2024, se han asignado USD 104 millones para obras relacionadas con la reconstrucción en el Plan Anual de Inversiones (PAI), asegura el viceministro de Finanzas, Daniel Falconí.
Lo dijo el 1 de marzo, en una comparecencia ante la Comisión de Gobiernos Autónomos, en la Asamblea Nacional.
Pero, según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en el Presupuesto del Estado solo hay 11 obras con asignaciones por USD 58 millones, que se ejecutarán este 2024.
Hay otros tres proyectos que están en el Presupuesto de este año, pero no se ha definido la asignación todavía, porque hubo terminación del contrato por mutuo acuerdo y está pendiente que se recuperen los anticipos pagados, dijo el MTOP.
¿Hay dinero en la cuenta de la Ley de Solidaridad?
El exministro Obras Públicas, Darío Herrera, dice que hay poca transparencia sobre el destino de esos recursos de la Ley de Solidaridad, y el valor real disponible.
Herrera asegura que él conoció que hasta diciembre de 2021 había un saldo en esa cuenta, pero dice que ese era solo un registro contable, pues cree que el dinero ya se habría acabado.
Hasta 2023 en su gestión, se habían presupuestado USD 61,7 millones para 13 obras relacionadas con la reconstrucción tras el terremoto, pero todo era con dinero de préstamos, explica, no del fondo.
"Como han habido muchos cambios de autoridades, nadie sabe cuál es el saldo real que queda en el Fondo de Solidaridad. Si me pregunta a mí, yo creo que no había ni un centavo", dice Herrera, quien estuvo en funciones desde julio de 2022 hasta mayo de 2023.
Se refiere a las autoridades que conforman el Comité de la Reconstrucción, creado en 2016 y encargado de autorizar los proyectos de obras.
"Hasta mayo de 2023, según lo que nosotros sabíamos es que en el fondo de la Ley de Solidaridad, que supuestamente dicen que existe, según Finanzas y los trabajos que nosotros habíamos hecho, no había dinero".
El Comité, además, debía enviar informes trimestrales a la Asamblea, pero eso se incumplió desde finales de 2021, dice la asambleísta manabita Gabriela Molina.
Ella añade que apenas en febrero de 2024, el Ministerio de Finanzas volvió a publicar en su portal web el saldo que tiene la cuenta, pues había dejado de publicarse.
¿Recursos de la Ley de Solidaridad se usan para otros fines?
Los recursos de esa cuenta además se han utilizado en operaciones de manejo de liquidez para cubrir otro tipo de gastos y no para obras de reconstrucción y reactivación tras el terremoto.
En 2018, el entonces ministro de Finanzas, Carlos de la Torre usó USD 300 millones para pagar cuentas atrasadas a gobiernos locales y proveedores del Estado, pese que el uso específico de esos dineros era la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, tras el terremoto de 2016.
En esa ocasión, De la Torre justificó que usó ese dinero para cubrir la liquidez del Estado, porque, según él, "no se pueden tener recursos ociosos ni inmovilizados".
Por esa operación, hubo pedidos en la Asamblea para iniciar un juicio político en contra de De la Torre, aunque no prosperaron.
Pero no fue la única ocasión en que el Ministerio de Finazas utilizó, de manera temporal, esos recursos para otros fines.
En 2023, el Ministerio de Finanzas, durante el Gobierno de Guillermo Lasso también tomó USD 113 millones de esa cuenta, reconoce el exviceministro de Finanzas, Daniel Lemus. Y añade que el saldo total era de USD 140 millones en ese año.
Él aclara que los recursos fueron devueltos a la cuenta cuando terminó el Gobierno de Lasso.
PRIMICIAS pidió al Ministerio de Finanzas el 4 de marzo de 2024, detalle sobre nuevas operaciones de manejo de liquidez desde esa cuenta en el Gobierno de Daniel Noboa, pero solo respondieron "todo está devuelto".
Ante la pregunta de si hay efectivo realmente en la cuenta, Lemus respondió: "Es manejo de caja, contablemente, ese dinero existe. Y el Ministerio puede hacer asignaciones presupuestarias, exista o no el dinero en efectivo en la caja en ese momento", dijo.
Según Lemus, todo el dinero de la cuenta ya está comprometido en obras para la reconstrucción tras el terremoto. Y Finanzas deberá desembolsarlo conforme avancen las obras que hayan sido aprobadas por el Comité de la Reconstrucción.
Con estas operaciones de manejo de liquidez, el Ministerio de Finanzas toma recursos de otras entidades públicas, que, en teoría, no están siendo utilizados por las entidades en ese momento.
Sin embargo, no existe normativa que establezca plazos límites para la devolución ni el mecanismo.
Por ejemplo, en diciembre de 2023, Finanzas tomó USD 139 millones del banco público CFN por una operación de liquidez, pero lo devolvió en papeles de deuda interna.
¿Qué pasó con el dinero de los créditos tras el terremoto?
En 2016, el Gobierno de Correa contaba con compromisos de créditos y donaciones por USD 813 millones.
Y, además, con los recursos de la Ley de Solidaridad, dinero de libre disponibilidad del Presupuesto del Estado y donaciones.
En total, a 2016 se contaba con USD 2.647,7 millones para levantar y reactivar a las dos provincias golpeadas por el terremoto.
Las entidades que ofrecieron los montos más altos de préstamos fueron el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el banco chino Eximbank, el Banco de Desarrollo de China (CDB) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Sin embargo, en la práctica, el país no recibió todo el dinero previsto por esos préstamos, aclaró el viceministro Falconí ante la Asamblea.
De hecho, para no perder la posibilidad de recibir recursos, se pidió que ciertos montos se desembolsen pero para otros fines, dijo Falconí.
Puso como ejemplo que se destinaron USD 100 millones del crédito del BEI, a un programa de vacunación, porque en 2021 estaba cerca de vencer el plazo del crédito y no había proyectos de la reconstrucción aprobados a los cuales destinar ese dinero.
De los USD 75 millones restantes, unos USD 52,5 millones ya se desembolsaron para reconstrucción por el terremoto. Y quedan solo USD 9,4 millones por desembolsar.
La asambleísta Molina cuestiona que no exista un dato preciso sobre cuánto dinero de préstamos está disponible para desembolsar todavía.
¿Y las obras?
El dinero de los créditos no se desembolsó según lo esperado porque las obras previstas no se ejecutaron a tiempo, tuvieron retrasos o se hallaron irregularidades que provocaron que los organismos no desembolsen el dinero, explica Herrera.
El Comité de la Reconstrucción aprobaba obras que luego debían ser contratadas y ejecutadas por ministerios o gobiernos locales (municipios, prefecturas, juntas parroquiales), pero no eran fiscalizadas ni bien ejecutadas.
"Los multilaterales no son tontos, se dan cuenta de eso y no dan la plata", añade Herrera.
Fueron 45 entidades que estuvieron a cargo de 1.070 obras previstas tras el terremoto, pero solo 535 contaron con recursos, dice el MTOP.
Lemus explica que en su gestión nunca tuvieron un dato certero del monto en dólares de las obras aprobadas por el Comité.
"Si se suma todo lo que aprobó el Comité, seguro se sobrepasa los recursos disponibles en créditos y en Ley de Solidaridad y se tendrá que cubrir con dinero del Presupuesto", añade.
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