Han pasado cuatro años y medio desde terremoto de 2016. En Chone, Manta y Bahía de Caráquez las obras no concluyen. Y en Pedernales ni siquiera inician. Hay denuncias de atrasos o corrupción en todas las contrataciones.
El terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter que sacudió Manabí el 16 de abril de 2016 y dejó casi 700 muertos destruyó completamente los hospitales de Pedernales, Bahía de Caráquez y Chone. También, provocó daños considerables al de Manta.
El Gobierno logró recaudar ese mismo año -en impuestos y donaciones- USD 3.500 millones para reconstruir las dos provincias más afectadas: Manabí y Esmeraldas.
Pero, cuatro años y medio después, el dinero se ha gastado o asignado en su totalidad, según el Ministerio de Finanzas. Y Manabí no tiene, todavía, los hospitales ofrecidos por los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno.
Las cuatro casas de salud suman un presupuesto de USD 124,3 millones. Es decir, apenas el 3,5% del total del dinero recaudado por el régimen después del sismo.
Para enfrentar la reconstrucción el régimen correísta recurrió a impuestos y donaciones. Pero el dinero mayoritaria y obligatoriamente se obtuvo de los contribuyentes ecuatorianos, a través de la llamada Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana.
- Aumento del IVA al 14% por un año.
- Impuesto a las utilidades del 3%.
- Aporte de un día de sueldo a quienes ganaban más de USD 1.000.
- Impuesto del 1,8% a empresas con accionistas en paraísos fiscales.
- Impuesto del 0,9% a patrimonios superiores a USD 1 millón.
Así, el Estado logró recaudar USD 3.500 millones, de los cuales solamente quedan USD 179 millones, según el Comité de Reconstrucción el 20 de agosto de 2020.
Aquel fondo, sin embargo, no sirvió para reconstruir el sistema sanitario de la provincia. Cuatro años después ninguno de los cuatro hospitales (Manta, Pedernales, Bahía y Chone) está operativo.
De hecho, el único hospital que estará listo en 2020 será el de Chone, que se construye con una donación del Gobierno de China. Para las otras casas de salud tampoco se usaron los recursos de la Ley Orgánica de Solidaridad.
“Ese dinero recaudado se usó como la caja chica del Gobierno, porque no tenía recursos: tanto el de Correa como el de Moreno. De allí salieron, por ejemplo, USD 100 millones para una vía en Manta que no era necesaria. Nunca se priorizó el área de salud“, cuenta un alto funcionario de la Secretaría de Reconstrucción que pidió omitir su nombre.
A eso se suma el golpe de la pandemia del coronavirus. La provincia, de acuerdo a los registros del Ministerio de Salud, tiene 7.789 casos, lo que constituye el 8,9% de los contagios a escala nacional.
Manabí es la tercera provincia de Ecuador más golpeada por la Covid-19.
El único hospital, donado
Los ministros de Gobierno, María Romo; Salud, Juan Zevallos; y Obras Públicas, Gabriel Martínez; recorrieron varias ciudades de Manabí entre el 18 y 19 de agosto de 2020. Ellos evidenciaron la crisis sanitaria en la provincia.
El hospital de Chone se inaugurará en diciembre de 2020. El costo: USD 50 millones y tiene un avance del 92%. El miércoles 19 de agosto de 2020, el Ministro de Salud inspeccionó la obra.
La empresa a cargo es la constructora china CAMC. Uno de los requisitos para concretar la donación es que la contratista sea de ese país. Algo que, además, evitó las tramas de corrupción como en Pedernales, Bahía de Caráquez y Manta.
María Bravo, presidenta de la Junta Cívica de Chone, explica que los retrasos se dan por culpa del Estado.
“Debía construir las líneas eléctricas para dar energía al hospital y eso, lamentablemente, no se concreta. La Alcaldía estaba a cargo de las obras de alcantarillado y aguas lluvias. Aquí aún nos atienden en carpas cuando nos enfermamos. Así llevamos casi cinco años”.
Imagen referencial. Vista aérea del hospital de Chone, Manabí, construido por una empresa China. Rubén Mendoza
El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, con representantes de la constructora china CAMC el 19 de agosto de 2020. El Diario
Hospital de Bahía, mal hecho
El hospital de Bahía de Caráquez tiene un avance de más del 45%. Pero su construcción no tiene planificado tres áreas que consideran fundamentales: Neonatología, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y Tomografía.
Además, según la Fiscalía, la obra está a cargo del mismo equipo que estuvo vinculado a la red de corrupción del asambleísta Daniel Mendoza en Pedernales.
El Ministro de Salud reconoce que las áreas de Neonatología, UCI y Tomografía son vitales. Por eso, se comprometió el miércoles 19 de agosto, en una reunión con la alcaldesa del cantón Sucre (cuya cabecera cantonal es Bahía), Íngrid Zambrano, a conseguir un tomógrafo.
La alcaldesa asegura que el Municipio de Sucre pedirá un crédito al Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) por USD 3 millones para financiar “la construcción de estas tres áreas que extrañamente se olvidaron. No podemos permitir que nuestros hermanos sigan muriendo”.
El mal reparto
En Bahía de Caráquez otra fuera la historia. Su hospital también se iba a construir con la donación china. El convenio marco entre ambas naciones solo condiciona que los ejecutores sean empresas de ese país.
“Varios asambleístas, entre ellos Daniel Mendoza, Eliseo Azuero y Karina Arteaga (los tres investigados por la Fiscalía) presionaron al Gobierno para que no se utilice la donación china, sino que se inviertan fondos fiscales, no de la Ley de Solidaridad”.
Eso lo denuncia un actual miembro del Gabinete de Moreno. “De esa forma, la red de Daniel Mendoza iba a poder adjudicar los contratos a las empresas que él considere y así meter mano al proceso de contratación”.
Eso fue exactamente lo que ocurrió, como lo ha revelado PRIMICIAS en una serie de investigaciones.
Por eso, agrega la fuente, los ministros de Gobierno, Salud y Obras Pública, que se reunieron en Portoviejo el 18 de agosto, tratan de solucionar el caos sanitario en Manabí.
Como la casa de salud de Bahía no se construyó con la ayuda de China, esa parte restante de la donación se utiliza ahora para la reconstrucción integral del hospital de Quinindé, en Esmeraldas, asegura el Comité de la Reconstrucción.
Manta, en la red de Mendoza
El edificio abandonado del hospital Rafael Rodríguez de Manta este 30 de julio de 2020. API
En Manta el tema es más complejo. La Comisión Anticorrupción reveló que en esta ciudad también operó la red del asambleísta Daniel Mendoza para el reparto de contratos.
Una acción judicial interrumpió la obra del hospital de Manta, cuando ya se había entregado el anticipo.
El recurso de protección se interpuso porque no hubo un plan de contingencia. Ante eso el Ministerio de Salud adjudicó la construcción de un hospital provisional. Este nuevo contrato estuvo salpicado de irregularidades y fue revocado, como reveló PRIMICIAS.
Se adjudicaron dos contratos que suman USD 31,5 millones:
- El primero, para repotenciar la casa de salud afectada por el terremoto de 2016, por un monto de USD 27,5 millones.
- Y el segundo, para construir un hospital exprés, provisional, exigido por la Junta Cívica de Manta, que asciende a USD 4 millones y adjudicado a una persona natural con poca experiencia en construcción.
Pedernales en cero
El terreno donde se tiene previsto construir el hospital de Pedernales, el pasado 5 de junio de 2020. Cortesía
En el cantón Pedernales la situación inquieta. Solo existe un terreno aplanado y una población que no tiene dónde ser atendida. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas había anunciado que, en septiembre de 2020, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército iniciaría los trabajos de construcción del hospital. Pero no hay dinero para ello.
Los USD 8,2 millones de anticipo no se han recuperado, tras la terminación unilateral del contrato con el Consorcio Pedernales Manabí, cuyos directivos están detenidos por ser parte de la trama de corrupción de varios asambleístas.
Además, Seguros Confianza S.A., que avaló al Consorcio Pedernales, a través de una póliza de fiel cumplimiento del anticipo, no devolverá completamente lo asignado por el Estado, es decir, los USD 8,2 millones.
Ahora el compromiso de los tres ministros (Romo, Zevallos y Martínez) es volver a Manabí a finales de septiembre de 2020 y reunirse en Bahía de Caráquez.
Según la Comisión Anticorrupción, es una reacción tardía del Gobierno y que se puede leer como una movida política: la preocupación por Manabí, la tercera provincia más poblada del país, en vísperas de una campaña presidencial.
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