Universidad Agraria del Ecuador: Vuelve la crisis con denuncias, inestabilidad y salida del interventor

Las clases comenzaron en la Universidad Agraria del Ecuador, en Guayaquil, el 20 de abril de 2026, en medio de quejas por el estado de su infraestructura y denuncias de docentes en la Fiscalía por irregularidades y sobreprecio en la adjudicación de contratos que derivaron en la salida del interventor.

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Cuando se cumple un año de la crisis que enfrentó la Agraria en abril de 2025, nuevamente regresan las denuncias, ahora al manejo del, hasta el martes 5 de mayo de 2026, interventor Patricio Álvarez, a quien PRIMICIAS había solicitado una entrevista que no fue concedida.

Álvarez fue posesionado como interventor el 20 de junio de 2025 por el Consejo de Educación Superior (CES), luego de dos meses de diarios conflictos que comenzaron el 14 de abril cuando el vicerrectorado denunció la contratación “a dedo de 100 personas, con salarios a dedo”.

El detonante el año pasado fue un viaje a España realizado por la entonces rectora Tamara Borodulina, viaje que hizo en la segunda semana de abril sin tener la autorización previa del Consejo Universitario, como establece el CES.

Un año después, un hecho similar disparó los reclamos de los docentes, que el 16 de abril de 2026 presentaron una denuncia formal ante el presidente del CES, Fidel Márquez.

En la comunicación, el presidente de la Asociación de Docentes de la Universidad Agraria (Aduae), Néstor Vera Lucio, denunció una presunta ‘irregularidad administrativa grave’ cometida por el rector y presidente de la Comisión Interventora, Patricio Álvarez.

“Abandonó el territorio nacional durante el periodo comprendido entre el 5 y el 10 de abril de 2026, sin haber obtenido previamente la autorización del Órgano Colegiado Superior. El denunciado no designó subrogante ni encargado del rectorado”, menciona la carta de Vera.

En su ausencia, señala el documento, el interventor “participó con voz y voto en sesiones del Consejo Universitario, suscribiendo resoluciones y actas de carácter vinculante, simulando presencia física mediante conexión telemática”. En su ausencia también adjudicó contratos.

Uno de ellos fue adjudicado el 7 de abril de 2026 y se relaciona con la “Adecuación y mantenimiento de Edificios y Sistema Eléctrico en el campus Milagro”, que tenía un presupuesto fijado en USD 449.373, con un anticipo del 35% y un plazo de 90 días.

“No se trata de una irregularidad aislada ni de un error técnico. Se trata de un esquema deliberadamente diseñado para manipular el proceso contractual, restringir la competencia, controlar la formación del precio y generar un sobreprecio, con la finalidad de desviar recursos públicos a un oferente”, menciona la denuncia presentada en la Fiscalía por Cristhian Saavedra.

Saavedra, un abogado que se desempeñó en 2023 como comisario de Policía en la Gobernación del Guayas, figura como denunciante y también como abogado patrocinador ante la Fiscalía. Sin embargo, no consta en la nómina de la universidad.

En su querella menciona entre los presuntos responsables del irregular contrato a siete funcionarios: el rector, una consejera del CES, tres miembros de la comisión técnica encargada de la contratación, el director administrativo de la universidad y la jefa de compras públicas. También agrega a dos directivos de la empresa contratista que ganó el concurso.

En el proceso de contratación, confirmó PRIMICIAS, constan dos reclamos de oferentes que acusan a la universidad de excluir sin argumentos la participación de empresas al exigir que solo concursen aquellas que hayan ejecutado obras de construcción de universidades.

“Al restringir la experiencia específica únicamente a intervenciones en infraestructura universitaria, se limita la participación de oferentes con experiencia en rehabilitación y mantenimiento de edificaciones de similares características técnicas, generando una reducción innecesaria de la competencia”.

Hugo Jaime, contratista

Jaime reclamó que “los pliegos deben encontrarse debidamente motivados y sustentados técnicamente, situación que no se evidencia en las respuestas emitidas por la entidad contratante”. El oferente dijo, además, que la obra comprende trabajos comunes a cualquier edificación, como el mantenimiento de sistemas eléctricos, adecuaciones civiles, reposición de luminarias, sistemas sanitarios, etc.

Otro concursante, Manuel Balseca, pidió que se declare desierto el concurso y que se inicie un nuevo proceso “para asegurar una contratación transparente y eficiente”. Balseca protestó porque su oferta fue descalificada por "supuestas inconsistencias", pero la universidad "omitió deliberadamente" la etapa en la que debía convalidar dichos errores.

“Al no permitir la convalidación de errores, la entidad ha viciado la etapa de evaluación, impidiendo una selección justa y competitiva”, resaltó el participante, quien agregó: “Presento mi formal reclamo fundamentado en vicios de procedimiento que atentan contra los principios de transparencia, igualdad y participación”.

Ambos concursantes y otros seis fueron descalificados del proceso de contratación, en el que quedó como ganadora una empresa que ofreció el precio de USD 421.194, a diferencia de otras que propusieron hasta USD 350.067, una reducción de USD 71.127.

A esto se suma -denuncian docentes- a la exigencia de experiencia en sistemas contra incendios que se exigió a los participantes, pese a que este requisito no está relacionado con ningún rubro de la obra, además de que el campus Milagro tampoco cuenta con sistema contra incendios.

“Se exige experiencia en algo que en la UAE Milagro no existe. Esto no es un error técnico. Es una maniobra de direccionamiento, pues la única beneficiaria en el acta de calificación cumplió un contrato de suministros para una universidad que incluía sistema contra incendios”.

Cristhian Saavedra, denunciante

La firma ganadora, creada en 2003, posee un capital de USD 10.000 pero no se dedica a construcciones civiles. Su actividad económica, según la Superintendencia de Compañías, corresponde a “venta al por mayor de muebles de hogar, colchones y alfombras”, además a la “venta al por mayor de computadoras y equipos periféricos”.

El contrato fue adjudicado por el entonces rector interventor Patricio Alvarez mientras se encontraba fuera del país el 7 de abril de 2026.

Fallas de climatización

El inicio de las clases en la Universidad Agraria puso en evidencia algunas deficiencias en su infraestructura como fallas en la climatización de algunos salones de clases, problemas de iluminación nocturna, deterioro de puertas y baños y falta de equipos técnicos.

“No es nuevo, desde hace tres semestres está ese letrero que dice ‘baño cerrado por reparación”, nunca lo arreglan”, comentó Teresa M., una estudiante de la carrera de Ingeniería Agrícola, mientras caminaba por los pasillos del edificio de esta facultad académica.

Docentes, por su parte, criticaron la falta de adquisición de implementos tecnológicos para las clases, entre ellos computadoras para los laboratorios informáticos.

“No hay aires acondicionados, no hay microscopios, pizarras acrílicas, baños precarios”, comentó un profesor.

Durante varios meses, entre abril y julio, cuando se agudizó la crisis, las contrataciones se suspendieron en la universidad mientras los alumnos y los maestros se quejaban por la falta de insumos académicos y obras paralizadas. En junio de 2025, el presupuesto de ese año se encontraba intacto, sin utilizar, según los registros del Servicio de Contratación Pública, Sercop.

Al finalizar 2025, la universidad adjudicó contratos por USD 1,5 millones, entre ellos el mantenimiento preventivo y correctivo de los buses, seguridad para funcionarios y las instalaciones, mantenimiento de aires acondicionados, pólizas de seguros, camionetas y sillas.