Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, tiene orden de prisión preventiva por presunto lavado de activos
Una jueza ordenó prisión preventiva contra el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y otros siete procesados en el caso Blindaje. El Concejo Municipal le concedió licencia a Villacís mientras se resuelve su situación jurídica.
Fotografía del Complejo Judicial Norte de Quito y Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas.
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Fiscalía y Facebook Vicko Villacís
Autor:
Redacción Primicias
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Una jueza ordenó este jueves 4 de junio de 2026 prisión preventiva para el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y otros siete procesados en el denominado caso Blindaje, una investigación por presunto lavado de activos, informó la Fiscalía General del Estado.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la jueza Silvana Velasco consideró que existen riesgos de fuga y de incumplimiento de comparecencia al proceso judicial, por lo que descartó medidas alternativas. La magistrada sostuvo que ni el arraigo personal ni el cargo público de los implicados garantizan su permanencia en el proceso.
La jueza dispuso, además, la retención de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes de los procesados. La instrucción fiscal durará 90 días.
Licencia para el Alcalde de Esmeraldas
Horas antes de conocerse la resolución, el Concejo Municipal de Esmeraldas aprobó conceder una licencia con cargo a vacaciones a Villacís mientras se resuelve su situación jurídica. La medida busca asegurar la continuidad administrativa del municipio durante su ausencia.
La vicealcaldesa encargada, Laura Yagual, asumirá temporalmente las funciones del despacho de la Alcaldía, mientras el proceso judicial contra Villacís mantiene expectativa en la provincia de Esmeraldas.
La captura del alcalde formó parte de un operativo ejecutado de manera simultánea el miércoles en cuatro provincias del país. En total, ocho personas fueron detenidas, entre ellas un juez de Sucumbíos y otros funcionarios vinculados al sistema judicial.
Una empresa del alcalde, bajo investigación
Según el ministro del Interior, John Reimberg, las investigaciones se iniciaron hace aproximadamente un año, tras una alerta emitida por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
De acuerdo con los análisis de inteligencia financiera, la presunta estructura habría operado bajo una aparente fachada de legalidad y movilizado entre USD 15 millones y USD 17 millones de origen presuntamente ilícito.
El ministro señaló que el dinero habría sido ocultado mediante empresas relacionadas, transferencias a terceros y operaciones financieras complejas con el fin de dificultar su rastreo.
Dentro de la investigación también figura la empresa Reypezpacific S.A., de la que Villacís es el principal accionista. Según las autoridades, la compañía mantendría vínculos con personas y empresas que son investigadas por lavado de activos.
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