Remoción de Aquiles Alvarez, alcaldes investigados y jóvenes de Daule asesinados marcan el debate político en el Concejo de Guayaquil

La situación de varios alcaldes del país y el caso de los ocho jóvenes de Daule asesinados marcaron buena parte de las intervenciones políticas durante la sesión del Concejo de Guayaquil de este jueves 4 de junio.

La concejal Emily Vera inició los pronunciamientos expresando su solidaridad con las familias de los jóvenes desaparecidos y luego asesinados.

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“No podemos permitir que la violencia se normalice ni que tampoco el horror se convierta en costumbre. Las familias ecuatorianas merecen verdad, justicia y sobre todo respuestas”, manifestó.

Posteriormente, el concejal Fabián Espín también se solidarizó con las familias y cuestionó al Gobierno nacional por el manejo del caso. Además, vinculó la situación con lo que calificó como una persecución política contra autoridades locales.

“Hace un par de días fue quitado los derechos políticos del alcalde de Cuenca. El día de ayer fue apresado el alcalde de Esmeraldas, el compañero Vicko Villacís. Todo esto se suma a la persecución política que empezaron y que tratan de consumar de Aquiles Alvarez”, sostuvo.

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Espín también se refirió al acto de disculpas públicas que el Estado debe realizar este mismo jueves a favor de las familias del caso de los Niños de las Malvinas y cuestionó presuntas presiones contra los allegados de las víctimas.

Cruce entre concejales por remoción de Aquiles Alvarez

Uno de los momentos más tensos de la sesión se produjo durante un intercambio entre el concejal Arturo Escala, presidente de la Comisión de Mesa, y la concejal Ana Chóez, a propósito del proceso de remoción que enfrenta el alcalde Aquiles Alvarez.

Escala defendió el trabajo de la comisión y aseguró que el trámite se desarrolla conforme a lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), respetando el debido proceso tanto del denunciante como del denunciado.

“Nos encontramos dentro del término de prueba. Ambas partes pueden solicitarnos las pruebas de cargo y descargo que crean asistidas en la defensa de sus intereses”.

Arturo Escala, concejal de Guayaquil por el correísmo.

El concejal también cuestionó los pedidos de información realizados por terceros ajenos al proceso y sostuvo que la comisión debe actuar sin interferencias externas mientras se sustancia el expediente.

Chóez, por su parte, defendió su facultad de fiscalización y aseguró que los concejales tienen derecho a solicitar información sobre asuntos de interés público.

La funcionaria sostuvo que el proceso debe desarrollarse con mayor transparencia e incluso reiteró su propuesta de conformar una veeduría ciudadana que observe el trámite.

“Los procesos públicos no se desarrollan en la oscuridad”.

Ana Chóez, concejal de Guayaquil por el PSC.

La frase generó la reacción inmediata de varios concejales. Emily Vera rechazó que se sugiera que la Comisión de Mesa actúa de manera irregular, mientras que la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, consideró que ese tipo de expresiones puede generar dudas injustificadas sobre el trabajo de la administración municipal.

Posteriormente, Chóez aclaró que su preocupación apuntaba a una supuesta falta de transparencia.

Proceso de remoción avanza en etapa de pruebas

Fuera de la sesión, Escala confirmó que el proceso de remoción contra Aquiles Alvarez continúa actualmente en la fase probatoria.

“Llevamos con este dos días de término de prueba, en que las partes pueden por escrito presentar cualquier petición para que esta comisión les despache las pruebas de lo que ellos quieran probar”, explicó.

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Según detalló, durante esta etapa tanto el denunciante como la defensa del alcalde podrán solicitar documentos, testimonios y otras diligencias destinadas a sustentar sus posiciones.

En el caso del denunciante, las pruebas estarán orientadas a demostrar la presunta ausencia injustificada del alcalde tras la finalización de su licencia el 26 de marzo. La defensa, en cambio, podrá presentar elementos para refutar esa causal.

La denuncia que actualmente se tramita fue presentada por Hugo Córdoba Hidalgo y se basa en una causal prevista en el artículo 333 del Cootad, que contempla la remoción de una autoridad por ausencia superior a tres días hábiles sin delegación formal o causa justificada.

El término probatorio concluiría el próximo 16 de junio. Una vez evacuadas todas las pruebas, la Comisión de Mesa deberá elaborar un informe que será remitido al Concejo Cantonal, organismo que tendrá la decisión final sobre una eventual remoción del alcalde.