Baldor Bermeo, exalcalde de Ponce Enríquez, seguirá con prisión preventiva por presunto lavado de activos
Un Tribunal rechazó el pedido de apelación a la prisión preventiva presentado por Baldor Bermeo, exalcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay.
El exalcalde de Ponce Enríquez, Baldor Bermeo, en el Cuartel Modelo de Guayaquil, el 28 de julio de 2026.
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Gonzalo Herrera/PRIMICIAS
Autor:
Redacción Primicias
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El exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Baldor Bermeo, permanecerá en prisión preventiva por presunto lavado de activos. Un Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha rechazó el pedido de apelación.
En la audiencia de este 28 de septiembre de 2026, el Tribunal analizó el pedido hecho por Bermeo y otros cuatro vinculados con la investigación.
Solo Ana B., identificada como hija del exalcalde, recibió respuesta favorable y la prisión preventiva fue revocada.
El Tribunal dispuso medidas alternativas como presentación periódica, prohibición de salida del país y uso de dispositivo de vigilancia electrónica (grillete).
Baldor Bermeo, quien nuevamente buscaba la alcaldía del cantón azuayo y se hacía llamar el 'Amigo del pueblo', permanece recluído en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.
La Fiscalía lo investiga dentro del caso 'BB' y es señalado como el presunto financista de Los Lobos y que su red lavó USD 9,9 millones provenientes de la minería ilegal.
Bermeo fue detenido la madrugada del 28 de julio en un operativo policial y fiscal ejecutado por 284 agentes y 11 fiscales en Azuay y El Oro.
El operativo dejó seis detenidos y la incautación de USD 250.000 en efectivo y un lingote de oro. La red supuestamente operaba intimidando a mineros legales para tomar sus concesiones bajo la fachada de empresas de papel.
John Reimberg, ministro del Interior, explicó entonces que el dinero generado servía para comprar armas y pagar sicarios en zonas de conflicto del país.
Según el expediente, empresas relacionadas con Bermeo, como BBC Golden S.A., compraron explosivos industriales que luego fueron usados en atentados en El Oro. El holding nunca reportó robos, permitiendo trazar los ataques violentos.
La Unidad Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado identificó que la red habría utilizado su estructura empresarial para justificar la tenencia de explosivos, que luego terminaban en manos de grupos armados, específicamente Los Lobos.
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