Cuatro sentenciados por destrucción de registros públicos en Manabí

El Tribunal Penal en Chone, provincia de Manabí, dictó sentencia condenatoria de 13 años y cuatro meses contra cuatro exfuncionarios, tras ser declarados culpables del delito de destrucción de registros públicos este viernes, 4 de abril de 2025. 

La decisión se basó en las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado en contra de Jhonnya B., José V., Winter P. y Sandra L. Todos se desempeñaban como funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Bolívar.

Según la tesis presentada por la Fiscalía, el 11 de mayo de 2023, Jhonnya B. ‒exdirectora financiera del GAD‒, junto con los otros tres ahora sentenciados, ingresaron a las instalaciones del Municipio y destruyeron documentación relacionada con posibles irregularidades cometidas durante la administración saliente.

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El hecho ocurrió tres días antes de que las nuevas autoridades ‒electas para ese cantón‒ asumieran sus funciones. Fueron ellas quienes presentaron la denuncia ante Fiscalía, lo que permitió iniciar la investigación y procesar a los responsables.

Durante la audiencia de juicio, Fiscalía presentó las pruebas recabadas durante la etapa de instrucción fiscal, entre ellas: los testimonios de funcionarios del GAD de Bolívar, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y el informe investigativo.

También se incluyó como elemento probatorio la grabación obtenida por una cámara de seguridad del lugar donde se cometió el delito. Las demás cámaras de videovigilancia fueron destruidas y los equipos de grabación sustraídos por los exfuncionarios, con la intención de eliminar evidencia.

Luego de haber analizado las pruebas presentadas, el Tribunal ‒de forma unánime‒ declaró culpables a los procesados, concluyendo que se valieron de su condición de servidores públicos para acceder a las oficinas y destruir deliberadamente documentos específicos.

En Ecuador,  el artículo 347 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona con pena privativa de libertad de siete a 10 años a quien cometa el delito de destrucción de registros públicos. En este caso hubo agravantes.

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