Dos meses sin respuestas alimentan las dudas sobre la investigación de la muerte violenta de Monika Silva
La activista polaca fue hallada sin vida el 8 de junio en su casa en Montañita. Su defensa y organizaciones de derechos humanos denuncian sesgos discriminatorios por parte de las autoridades y temen que el caso quede en la impunidad.

Un mural en honor a la activista polaca Monika Silva se pintó en junio en Montañita, donde vivía con sus hijas.
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PRIMICIAS
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Han pasado dos meses desde la muerte de Monika Martyna Koniusze, conocida en Ecuador como Monika Silva, la activista polaca que fue encontrada sin vida el 8 de junio de 2026, en una vivienda del sector El Tigrillo, en Montañita, Santa Elena.
Inicialmente, las autoridades posicionaron la versión de que se trataba de un posible suicidio, pese a las amenazas contra su vida que la misma víctima denunciaba en redes sociales. Finalmente, los resultados de los exámenes forenses determinaron que Silva murió de forma violenta, lo que cambió el rumbo de las investigaciones.
Ítalo Pincay, abogado y amigo personal de la activista, confirmó a PRIMICIAS que la investigación por su muerte continúa abierta, aunque actualmente se desarrolla de manera reservada. Debido a ello no es posible conocer los detalles de las diligencias que lleva adelante la Fiscalía.
Por ejemplo, pese a que la vivienda de Silva contaba con cámaras de seguridad y accesos con claves electrónicas, hasta ahora las autoridades no han informado qué registraron los sistemas de videovigilancia durante el día de su asesinato.
Organizaciones de derechos humanos pidieron, en su momento, que la Fiscalía que recepte versiones de quienes Silva mencionó en sus denuncias, "incluidas aquellas referidas a amenazas, así como a investigaciones ciudadanas y señalamientos formulados por ella en el ejercicio de sus actividades de fiscalización y defensa de derechos".
Además, la defensa solicitó que se recopile e incorpore formalmente al expediente "todas las publicaciones, investigaciones, videos, transmisiones en vivo, denuncias administrativas y judiciales, acciones de veeduría y demás material producido" por la víctima.
Dado su elevado perfil en la comunidad y sus actividades de fiscalización, el hecho conmocionó no sólo a los habitantes de Santa Elena, sino al país. La polaca de 41 años llevaba 10 viviendo en Ecuador y denunciaba casos de corrupción, tráfico de tierras y afectaciones al medio ambiente, en los que estaban supuestamente implicadas personas ligadas a la política local.
Denuncias de discriminación
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam Guayaquil) y la defensa de la familia de Silva denunciaron, este 8 de agosto, que "nada justifica que líneas investigativas esenciales sean omitidas, debilitadas o abordadas desde estereotipos o prejuicios de género que terminen por desviar o limitar la búsqueda de la verdad".
Según el comunicado emitido en redes sociales: "es inaceptable que la administración de justicia incurra en patrones de estereotipación judicial que reproduzcan sesgos discriminatorios y deriven en impunidad".
Por ello las organizaciones exigen a las autoridades que la investigación se desarrolle bajo los principios de imparcialidad, debida diligencia, perspectiva de género y protección especializada a defensores de derechos humanos.
Su familia y los pendientes
Después de la muerte de Monika, su madre, Irena Hajduk, de 71 años, viajó a Ecuador para acompañar a sus dos nietas menores de edad.
La familia permaneció aproximadamente dos semanas en Santa Elena y, durante ese tiempo, realizando los trámites correspondientes a la investigación, pero también acudieron a un evento en honor a la memoria de Monika, organizado por los moradores del barrio El Tigrillo.

Luego, entre el 27 y 28 de junio, la madre de la activista salió del país junto con las menores. La salida de las niñas se produjo en medio del proceso de duelo y ante la necesidad de garantizar su seguridad y bienestar tras la pérdida de su madre.
Sin embargo, todavía existe un tema familiar por definirse: el destino de los restos mortales de la activista.
El abogado Pincay explicó a PRIMICIAS que la familia debe determinar si Monika será sepultada o cremada. Aunque que existe una prioridad: cumplir la voluntad que Silva expresó en vida de que sus restos permanezcan en Montañita, el lugar con el que mantenía un vínculo especial.
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