Fiscalía investiga a dos empresas que ofrecían supuestas inversiones en Cuenca; el perjuicio supera los UD 500.000
El caso inició como un presunto delito de estafa y captación de dinero en Cuenca. El perjuicio económico supera los USD 500.000, según la Fiscalía, que investiga a dos empresas que ofrecían inversiones sin autorización.
Imagen referencial de dinero en efectivo. Ecuador fue escogido como país elegible para desarrollar un programa compacto de la Corporación del Desafío del Milenio.
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Un caso que inició como presunta estafa y captación ilegal de dinero en Cuenca ahora está en la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía de Ecuador. Están involucradas dos compañías que no tenían autorización para ofrecer servicios financieros.
Decenas de personas han denunciado que fueron perjudicadas por dos empresas que les ofrecían altos rendimientos a cambio de invertir su dinero en activos digitales. Se trata de Capitalika y SCB Smart Capital.
El abogado de un grupo de afectados, Francisco Zamora, explicó el 14 de enero de 2026 que las dos empresas no estaban autorizadas por la Superintendencia de Bancos para operar con actividades reservadas al sistema financiero nacional, como inversiones.
A través de estas empresas, "sus representantes, que a la fecha son investigados, han buscado que se les entregue capitales de dinero, haciendo que los eventuales clientes confíen en ellos para generar réditos a plazo fijo, réditos altos", explicó el abogado en una entrevista con radio Tomebamba, el 14 de enero de 2026.
Estas dos empresas comparten socios accionistas; los gerentes y presidentes son las mismas personas, detalló. "Hay varios perjudicados en su patrimonio, en sumas totalmente altas", aseguró Zamora.
La Superintendencia de Bancos ya había alertado en 2024 y en 2025 que Capitalika y SCB Smart Capital no están autorizadas para efectuar actividades del sector financiero.
El caso inició como presunta estafa y captación de dinero
Las primeras denuncias en este caso fueron interpuestas en 2024. Primero, la Fiscalía inició las investigaciones como una presunta captación ilegal de dinero.
Pero ahora, el expediente de todo el caso se remitió a la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía, en Quito, explicó el fiscal del Azuay, Leonardo Amoroso.
El fiscal provincial detalló que son varios denunciantes y, de forma preliminar, se conoce que el monto del perjuicio excede "mucho más de los USD 500.000".
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